La aceleración del proceso inflacionario en Argentina (con un IPC que pasa de 6% en enero de 2023 a 6,6% en febrero y 7,7% en marzo), la corrida del dólar y las remarcaciones de precios tienen impacto directo en el bolsillo del consumidor.
Lo obliga a ajustar sus compras: las reduce a productos esenciales, migrando a segundas marcas, productos usados o bien re-balanceando su canasta de consumo (considerando incluso que algunos de sus componentes presentan baja elasticidad precio de la demanda, como ocurre ante la suba de alquileres o de tarifas eléctricas).
Según un estudio realizado en forma conjunta por la Consultora VOICES y el Centro de Estudios Sociales (CIS) de UADE, 3 de cada 10 argentinos ya en 2021 aseguraban que, ante un empeoramiento de la situación económica del país, la decisión que tomarían sería la de emigrar.
Otros 3 de cada 10, en cambio, aseguraban que ajustarían sus gastos y cambiarían su estilo de vida hasta que la situación mejore.
Pero el problema es que ajustar el consumo no sólo tiene impacto en el bienestar del consumidor, sino que también golpea a la oferta.
Las empresas (o al menos muchas de ellas), a pesar de las frecuentes remarcaciones de precios (con el costo administrativo y descalces financieros que ello implica) muestran evidencias de un deterioro progresivo en sus ventas.
Según el índice de ventas minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes a precios constantes se vienen deteriorando en lo que va de 2023, con 0,1% de caída en marzo y una baja de 0,4% en lo que respecta al primer trimestre del año. Y la cosa no termina ahí, ya que menores ventas impactan en las perspectivas de las empresas industriales manufacturares, demandantes de empleo.
Según el último informe de abril 2023 del Indice de Expectativas Industriales Argentinas (IEI), elaborado por el Instituto de Economía de UADE, las expectativas industriales cayeron 5 puntos respecto del mes anterior, dejando a tres de los cuatro componentes del índice en zona de contracción, evidenciando que se espera para los próximos tres meses una menor producción industrial, menor dotación de personal y menor cantidad de horas trabajadas.
A este recorte de oferta hay que sumarle la acumulación de inventarios que se da en algunos sectores ante las corridas cambiarias y la falta de información de posibles valores de reposición, complicando aún más el intercambio de productores y compradores.
La pregunta es: ¿hasta cuándo se puede jugar al "achique"? La caída en la producción y la menor contratación de mano de obra no es inocua. No sólo se condicionan los ingresos de productores y en consecuencia sus beneficios, sino que también se desequilibra la relación óptima de los factores productivos. No pudiendo aprovechar la capacidad instalada, las empresas que trabajan con menos personal caen en zonas de ineficiencia económica, deteriorando así su productividad y alterando sus costos promedio en consecuencia.
Vale la pena entonces pensar: ¿hasta cuándo la economía argentina puede tolerar el "achique" del sector privado, con las implicancias que esto tiene en una economía informal que crece cada vez más y en consecuencia con el deterioro en términos de recaudación que ello implica?
Mientras que en el primer trimestre el gasto primario del sector público presentó un aumento interanual de 90%, según el último informe del mes de marzo del Ministerio de Economía, los recursos tributarios subieron 88% en la comparación marzo 2023 vs. marzo 2022: un porcentaje menor a la variación que tuvieron los precios que, según datos de Indec, subieron 104,3% en ese mismo período. Entonces surge la pregunta: ¿hasta dónde es viable sostener un gasto público cada vez mayor y el efecto expulsión que este provoca sobre el sector privado? Para pensarlo.
