Por Agustín Maza
Esta semana se abrió otra interna dentro del Frente de Todos. En concreto, la polémica tuvo que ver con las políticas de transferencia de ingresos y el descontento que las organizaciones sociales tienen con la Tarjeta Alimentar.
El conflicto comenzó con el anuncio por parte del Presidente de la ampliación, tanto de montos como en universo alcanzado, de la tarjeta. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó ayer que “el pago de la ampliación” ya regirá desde este mes.
Este programa forma parte del Plan Argentina contra el Hambre. La Tarjeta Alimentar está destinada únicamente a la compra de alimentos y, hasta el mes pasado, alcanzaba a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños menores de 6 años o niños discapacitados sin límite de edad y a las embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo (AxE) a partir de los 3 meses.
Desde mayo, ese beneficio alcanzará a casi cuatro millones de niños menores de 14 años. La madre de un hijo cobrará $6.000, por dos hijos $9.000 y por tres hijos o más $12.000. Esto supone una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PIB, por parte del Estado, según se informó de forma oficial.
Antes de la modificación, la tarjeta cubría a una población de 1,9 millones de niños. La recibían madres de menores de 6 años, muchas de las cuales contaban con la asignación por embarazo y la AUH (Asignación Universal por Hijo), una programa que desde febrero hasta aquí significó para el Estado una inversión de 0,33% del PIB. Los montos previos a febrero eran de $4.000 para un hijo y $6.000 para dos o más hijos.
El director de protección social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman, dijo a El Economista que es mucho más eficiente transferir ingresos que bienes. “La necesidad de este programa alimentario es para frenar el aumento de la indigencia. La prioridad tienen que ser las familias con niños porque ahí está el presente y el futuro”, expresó.
Importancia de transferir ingresos
En nuestro país la pobreza alcanza a casi seis de cada diez niños de hasta 14 años y la indigencia al 15%, según los últimos datos del Indec correspondientes al segundo semestre del año pasado (57,7%). En ese contexto, resulta necesario generar una política para asegurar la alimentación de ese universo.
La pandemia empeoró la situación social en todos los niveles. Hacia 2019, más de 3 de cada 10 hogares en Argentina percibían algún tipo de programa social. En tanto, con el agravamiento de la crisis previa, en 2020 se masificó entre los hogares (47,3%) y alcanzó a más de la mitad de la población (55,4%).
De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), se estima que si no existiera la Tarjeta alimentar, la Indigencia crecería 1,5 puntos porcentuales y la pobreza 1,2 puntos. Cabe resaltar que la pobreza alcanza al 42% (19 millones) de la población y la indigencia al 10,5% (4,7 millones). En términos nominales sería sumar casi 200.000 personas a la pobreza y 47.000 personas a la indigencia.
“Está claro que los distintos programas amortiguaron los efectos de la pandemia en la economía y el golpe a las familias”, consideró el economista en jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), Nicolás Pertierra, ante El Economista. “Hay que destacar que hoy tener trabajo no es sinónimo de tener los ingresos necesarios para la alimentación de una familia, entonces es necesaria una política asistencial”, agregó Pertierra.
Inflación y alimentos
Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar representan un aumento del 50%, respecto a los montos originales. En una primera mirada, esta actualización va por encima del aumento de la Canasta Básica Alimentaria (necesidades básicas de alimentación), que en marzo marcó un alza interanual de 48%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sectores de ingresos más bajos utilizan canales de comercialización tradicionales, es decir, comercios de cercanía. Allí los controles de precios no llegan y las variaciones suelen ser más altas. Según el Indice Barrial de Precios, que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), el valor de la CBA aumentó 76% en los últimos 16 meses (cuando comenzó a repartirse la tarjeta).
“Se amplía el espectro de familias y personas a las que va empezar a llegar de aquí en más, pero mantiene congelados los montos de la asignación (sólo aumenta para las familias de más dos hijos) cuando los precios de los productos de la canasta básica siguen aumentando”, destacó Isepci. Otro dato que mide la entidad, y desnuda una situación alimentaria grave, es que la malnutrición en los niños que van a comedores y merenderos alcanza al 42% del total.
Internas
Esta semana se vio un marcado descontento de parte de referentes de las organizaciones sociales con respecto a la suba de los montos. No por el aumento en sí, sino por el foco que el Gobierno pone en la asistencia.
Un caso fue el del dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois. El dirigente dijo que “ni siquiera es una política alimentaria” asegurando que, por ejemplo, “no sirve para superar la malnutrición infantil grave”.
En esa línea, coincidió con Emilio Pérsico (que es funcionario del ministerio) que también expuso su malestar con la asignación de fondos para la ampliación del universo de beneficiarios de ese programa. “La Tarjeta Alimentar nos puede incluir como consumidores. Pero eso no es inclusión social. Eso no es inclusión, la única inclusión es el trabajo”, dijo el hombre del Evita. “Como decía (Juan Domingo) Perón, la plata tiene que dar tres y cuatro vueltitas en la sociedad, pasar por las manos de tres o cuatro compañeros, para lograr un desarrollo armónico. Necesitamos una política fuerte de trabajo, ese es el objetivo central de las organizaciones”, agregó en un mensaje a las bases del movimiento.
Ayer, sumó sus críticas otro aliado oficial: Esteban “Gringo” Castro, que lidera el gremio que conformaron las organizaciones sociales: UTEP. El sindicato, que está en proceso de conseguir su reconocimiento definitivo, explicó que la tarjeta alimentaria “corre el eje de la inclusión desde el trabajo, es ineficiente y limitada”. A su vez, agregó: “Si realmente queremos incluir, es a través del trabajo, avanzando hacia una política de trabajo social garantizado con el Estado como último empleador y la dignificación real de la economía popular”.
Días atrás, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, había reclamado la vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
En tanto, una fuente importante del Ministerio de Desarrollo Social explicó a El Economista que es una política que llega inmediatamente a los sectores más vulnerables y por eso se tomó la decisión. “Estamos buscando la mejor forma de llegar al mayor universo posible, en un contexto de pandemia y crisis económica donde los precios de los alimentos es una preocupación central”, agregó.
Presente y futuro a la vez
“Resulta lógico pensar que para paliar una situación actual se sumen medidas concretas en el corto plazo. Además es imprescindible que el dinero vaya directamente a las familias porque saben gastarlo de la mejor manera posible”, remarcó Rofman. El especialista en protección social aseguró que “a mediano plazo, se impone consolidar el mercado de trabajo, mejorar la macroeconomía y preparar a los jóvenes con una educación adecuada a los desafíos del mañana”.
“No creo que nadie piense que la Tarjeta Alimentar o cualquier tipo de medidas de este tipo sea la solución económica de Argentina, pero se impone por la coyuntura”, afirmó Pertierra. El economista de Ceso expresó que subir los montos de la tarjeta va a impactar muy bien, “en la medida que se pueda complementar con la reactivación del empleo privado”.
