Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Estabilizar el tipo de cambio y bajar la inflación parecieran ser las urgencias más acuciantes en estos días. El FMI aprobaría desembolsos futuros que abrirían la puerta a más fondos de organismos multilaterales. La tasa a pagar sería inferior al de mercado, de modo que sería una decisión. Sin embargo, las dudas se disiparían recién al conocerse las condicionalidades del organismo para su aporte, y para que los funcionarios actuales y sus sucesores devuelvan los fondos recibidos.
La pregunta inmediata es si sería suficiente para detener las compras de dólares. Inicialmente se podría esperar que sí, pero al 30 de mayo, las reservas del BCRA registraron una caída de U$S 11.010 millones en apenas 26 días hábiles, y U$S 13.310 millones desde el récord del pasado 11 de enero.
Revertir la incertidumbre y la desconfianza exige revertir la caída de la demanda de pesos y la dolarización de carteras con señales creíbles y sostenibles en el tiempo. El empeoramiento sistemático del saldo de cuenta corriente y de las cuentas fiscales entre 2015 y 2017 debe revertirse este año, y esto exige una política antiinflacionaria creíble y una política fiscal restrictiva. La senda hacia la baja del déficit primario es inevitable, aunque hay que conocer las nuevas metas fiscales para entender si contribuirá o no a un efectivo aumento del ahorro del sector público no financiero.
La baja del gasto no va a ser fácil, ni de gran impacto. Reducir partidas de transferencias y del llamado gasto social es conflictiva, y requiere mayorías en el Congreso con las que el oficialismo no cuenta, al menos hasta diciembre de 2019. En materia de ingresos públicos, a su vez, se presentan varios problemas. La presión fiscal nacional y subnacional es récord. Y mientras desde lo máximo del poder se ha proclamado que “los impuestos nos están matando”, la minicrisis cambiaria dio lugar a la insinuación de cortar la baja de retenciones a las exportaciones de soja, reinstaurar su cobro para las exportaciones de trigo y maíz. A su vez, el cambio en el Impuesto Específico a los Combustibles (ITC) significó un aumento en la presión a los contribuyentes quienes desde este viernes soportan un nuevo aumento a los precios a los combustibles. Pregunta obvia. ¿Cuándo se sentirán los efectos supuestamente positivos de la extensa, y en no pocos capítulos confusa reforma tributaria del año pasado? ¿No sería hora de pensar en una rápida reforma tributaria que reduzca alícuotas e incentive un aumento de la base imponible, vía mayor actividad económica?
Por otro lado, las promesas de segundos semestres de lluvias de inversión extranjera directa quedaron en el aire. Los incentivos necesarios son los mismos que se demandaban a fin de diciembre de 2015: menor inflación, menor costo de financiamiento, menor presión tributaria y tipo de cambio real más alto y competitivo. El camino elegido fue otro, y no fueron pocas las recomendaciones, y críticas (cada vez más frecuentes en los últimos seis meses) a la renuencia a tratar de aceptar opciones alternativas. La crisis cambiaria motivó el sorpresivo anuncio de la vuelta al FMI, pero en el supermartes de mayo el corte del pánico cambiario vino de la mano del anuncio de ventas de U$S 5.000 M diarios del BCRA a un dólar de $25, y el aporte de dos fondos especulativos para la compra de Bonos del Tesoro.
El aporte del FMI sería un colchón preventivo de liquidez para el pago de vencimiento de títulos públicos. El objetivo es el de evitar un corte de crédito externo privado para financiar el déficit fiscal, pero esto exige ciertas certezas de futuras mejoras en los números fiscales. Además, es necesario un set de políticas que permita acelerar el crecimiento, para iniciar así un proceso permanente de recuperar la demanda de pesos, y desdolarizar expectativas.
Los números macro indican, además, que el núcleo del problema está en el sector público. El ahorro nacional neto aproximado por el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es la suma del ahorro neto (superávit) del sector privado y el del sector público Entre 2011 y 2017 el déficit de la cuenta corriente (ahorro nacional neto negativo) pasó de 1,1% a 4,8% del PIB argentino. El déficit fiscal (Nación más provincias), a su vez, aumentó de 3% a 6,3%. El ahorro neto privado ha sido positivo, pero insuficiente para financiar este desbalance de cuenta corriente: en 2015 y 2016 superaba el 94% de la suma de consumo del sector público, inversión y déficit de cuenta corriente. En 2017 dicha cobertura cayó al 86,7%. Signo inequívoco de una pérdida de competitividad que si no se corrige rápidamente puede deteriorar las percepciones de solvencia fiscal y de riesgo país. Las cifras muestran claramente que forzar mayor ahorro privado vía suba de impuestos y tasas de interés iguales o superiores a las actuales reducirían rápidamente la inversión privada, pero también el empleo y el riesgo de caer en una aguda estanflación. Algo políticamente insostenible dado el acortamiento inexorable de los plazos hasta las elecciones presidenciales de 2019.
Las cartas ahora están echadas, y el desafío es difícil: se trata de girar hacia un programa de estabilización y crecimiento incurriendo en riesgos políticos y de creciente conflictividad social que se quisieron evitar dos años atrás. Ahora se impone un cambio más exigente en términos de resultados: habrá que mostrar logros (y de verdad) antes de junio del año próximo, cuando deberán inscribirse las listas de candidatos para las PASO de agosto de 2019.
Los márgenes de error y la paciencia general, no sólo de los opositores, se han reducido significativamente. El éxito o el fracaso de este nuevo programa será fundamental no sólo para una estabilización creíble de la inflación y del tipo de cambio sino consolidar las posibilidades electorales del oficialismo en los comicios presidenciales del año que viene.
