El Gobierno definía los últimos detalles

La participación de los funcionarios en la exteriorización generó rispideces internas, y no se incluiría.

31-05-2016
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Durante todo el día de ayer y hasta el cierre de esta edición, en la Casa Rosada definían los últimos detalles del proyecto que hoy ingresará a la Cámara Baja del Congreso con el objetivo de abroquelar las diversas posiciones internas, lograr una defensa unificada de la iniciativa oficial y evitar divisiones en el interbloque.

Fuentes consultadas por El Economista aseguraron que el proyecto, que tendrá como mínimo 50 artículos, buscará derogar la ley sancionada a finales del mandato de Cristina Kirchner que establece que se precisaban dos tercios de los votos del Congreso para vender las acciones que el Estado tenía en las empresas desde 2008 tras la estatización de las AFJP, aunque eso no implica que se vayan a vender las acciones inmediatamente.

 Para aprobar esa iniciativa, se necesitaría mayoría simple. Asimismo, la denominada “ley ómnibus” incluirá, además el blanqueo, la moratoria impositiva, la pensión universal para la vejez, las modificaciones impositivas que buscarán “premiar” a los contribuyentes que cumplieron la ley y el esquema de pagos para devolverle el dinero a las provincias, un tema clave para asegurar el apoyo de los senadores.

Pero la principal discusión interna giraba en torno a la participación de los funcionarios públicos en la exteriorización de activos, algo defendido por el PRO en una primera instancia. Pero la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, con más experiencia legislativa, habían puesto sus reparos, y aún no se había determinado si se incluirían a los funcionarios públicos o no en la posibilidad de exteriorizar sus activos, aunque todo indicaba que finalmente no se incluiría esa opción. La UCR y la CC sostenían que eso abriría un flanco potencial de críticas opositoras y dañaría la imagen del proyecto.

Asimismo, existía un debate sobre cuánta retroactividad tendrían los pagos a los jubilados litigantes. En principio, la idea sería hacerla por los últimos cuatro años, pero había quienes querían extenderla aún más.

En el Gobierno confían en que la iniciativa será aprobada en el Congreso, y pronto, aunque seguramente tenga modificaciones durante su tratamiento legislativo.

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