En el marco de la negociación con los acreedores privados, quienes hace una semana anunciaron el agrupamiento de tres de los principales grupos para presentar una contraoferta en conjunto, el Gobierno sigue afirmando que no se mejorará la oferta oficial anunciada el 6 de julio, la cual insiste que será la “última” y “definitiva”. Sin embargo, esta misma afirmación ya la hizo con las ofertas anteriores, por lo cual algunos analistas ponen en duda su cumplimiento esta vez.
Por ahora, ambas partes muestran no querer moverse de su posición. En tanto, los economistas resaltan la cercanía a la que llegaron recientemente las partes (el Gobierno ofrece US$ 53,5 y los bonistas piden US$ 56,6), por lo que remarcan la necesidad de consensuar para poder llegar rápidamente a un acuerdo y cerrar este tema.
“Más allá de que las posiciones 'discursivas' se endurecieron (particularmente, la del ministro de Economía, Martín Guzmán), como suele pasar en la recta final de una negociación, y que faltaría ver la cuestión legal (los bonistas demandan un Indenture 2016 modificado), en términos económicos las ofertas lucen demasiados cercanas”, señaló la consultora FMyA en un informe difundido ayer, en el que señaló el optimismo del mercado en este asunto, que se vio reflejado en la suba de los bonos.
La consultora precisó que la diferencia económica entre las partes es de sólo U$S 1.000 millones hasta 2023 y que los temas legales parecerían ser lo único que separa a las partes para que lleguen a un acuerdo que consiga las mayorías para un canje exitoso. “Igual aún no está cerrado, pero el mercado ya descontó 'deal', los bonos y acciones subieron y descomprimió el dólar CCL (la brecha bajó de 65% a 61%)”, agregó.
Por su parte, desde GMA Capital ampliaron que la diferencia respecto del flujo de vencimientos entre la oferta de los acreedores y la de Argentina corresponde a un total de US$ 1.600 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serían del actual mandato. “Es decir, se trata de una discrepancia inferior al 0,5% del PIB a pagar en forma diferida”, explicaron en un informe, en el que coincidieron al señalar que, a juzgar por los movimientos del mercado de la semana pasada, el escenario del “deal” ganó espacio.
Sin embargo, y extendiéndose a otro terreno, remarcó que si bien la negociación de la deuda resulta una condición necesaria para la recuperación económica, no parecería ser suficiente: el desequilibrio fiscal y monetario que atraviesa el país (que estaba presente desde antes de la pandemia) se profundiza por cada día de parálisis como consecuencia de la cuarentena, que ya tiene más de cuatro meses de vigencia.
En tanto, mientras las partes se muestran firmes, surgen voces “amigas” a favor del Gobierno. Hans Humes, titular del fondo Greylock Capital Management, que es uno de los fondos que ya aceptó la propuesta del Gobierno, volvió a decir ayer que la oferta oficial es “lo suficientemente buena” para aceptarla y afirmó que los acreedores que insisten en obtener mejores condiciones de pago “no están leyendo la realidad de la situación” del país, en línea con el discurso del Gobierno.
En ese sentido, sostuvo que “lo que están haciendo puede generar un default duro y largo” y que Blackrock, el más duro e influyente de los fondos que integran el grupo Ad Hoc, “les mintió a los acreedores” al asegurarles que iba a lograr una mejora en la propuesta. Además, aseguró que “no estaba cómodo con cómo estaban procediendo los grupos”.
Por lo tanto, Humes alienta “a la comunidad de acreedores a aceptarla (la oferta del Gobierno), sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”, según le afirmó ayer el diario Perfil.
El sábado, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que reiteró que su oferta es la definitiva y pidió a los acreedores aceptarla. “No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto”, aseveró la cartera económica en referencia al pedido de mejorar la oferta, y reafirmó que el crecimiento sostenible a largo plazo “es el único camino verdadero para generar una recuperación de valor para los acreedores en términos equitativos”.
“Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor”, dijo el comunicado oficial.
