Por Lucio Garay Méndez (*)
¿Qué margen tiene la política fiscal para cambiar de rumbo por el resultado de unas elecciones? Las PASO llevaron al oficialismo a hacer un diagnóstico del resultado obtenido y entre cartas y declaraciones surgió la discusión: “Hay una subejecución del gasto, incumpliéndose el déficit planteado en el Presupuesto 2021” que tuvo como respuesta oficial, “no hay un ajuste fiscal”. Transcurriendo el noveno mes del año, podemos decir que ambos planteos son ciertos y que aun así, el debate es más profundo.
El Presupuesto funciona como una proyección de recursos y una autorización de gastos acorde a objetivos macroeconómicos más generales. Al formularse con un año de antelación, existen ciertas herramientas pragmáticas que permiten acoplar números obsoletos a la coyuntura actual. Dado que suceden hechos impredecibles o no planificados, sería incorrecto esperar que aquel Presupuesto planificado en un principio se cumpla al pie de la letra.
¿Hubo un ajuste fiscal entre enero y septiembre?
Hasta agosto el déficit primario acumulado es de 1% del PIB, y según nuestras estimaciones, en septiembre alcanzaría 1,4%, consistente con un déficit para todo el año de 3,4% del PIB. Para contrastar este número, al noveno mes del año pasado el rojo fiscal se ubicaba en 4,2%.
La particularidad del 2021 vino dada por precios internacionales de commodities altos que aportaron un 0,7% del PIB extra de recursos en concepto de Derechos de Exportación, al mismo tiempo que el “aporte extraordinario” implicó ingresos excepcionales por otro 0,5% del PIB.
No solo hubo ingresos mayores a los estimados, sino que algunas partidas importantes del gasto se licuaron. A destacar, las jubilaciones quedaron excluidas de aumentos en términos reales por seguir la nueva fórmula de movilidad que ajustó la primera parte de año al ritmo de 2020 que llevaban la recaudación y los salarios (alrededor del 35%), cuando los precios en los primeros meses del 2021 se aceleraban a un ritmo del 50% anual. Al mismo tiempo, los salarios públicos acumulaban un aumento de solo 36% en el primer semestre, en línea con el objetivo inicial de que los salarios subieran 5% por encima de la primera proyección de la inflación, 29%.
El que los ingresos no hayan recuperado poder adquisitivo, llevó a que durante el año se inyectaran $180.000 millones en políticas extraordinarias para “aumentar la plata en el bolsillo de la gente” mediante bonos a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, créditos subsidiados y pago de salarios/ reducción de aportes y contribuciones. Así también surgieron refuerzos de programas sociales y aumentos permanentes que dieron como resultado ampliaciones del “gasto rígido” por un estimado de otros $215.000 millones. Entre ambos, sumaron casi 1% del PIB extra al gasto.
En paralelo, la llegada de la segunda ola de contagios sumada a la no recuperación de los salarios reales tuvo como implicancia una aceleración de partidas con efecto en el ingreso. Hasta agosto, los subsidios económicos crecieron 41% en términos reales contra los primeros ocho meses del 2020, marcando el atraso tarifario. En el mismo lapso, el gasto de capital es 55% más alto que el año pasado en términos reales, sector que tracciona una cantidad importante de mano de obra no calificada.
¿Hay una subejecución del Presupuesto 2021?
Hace un año se presentaba al Congreso un Proyecto de Ley que planteaba para el corriente un déficit primario de 4,5%, proyección que se corrigió hace dos semanas a 4%. Si bien la carta criticaba la subejecución del primer número, lo cierto es que ambas están sobreestimadas y el déficit seguramente sea más bajo. Los recursos extraordinarios, la inflación mayor a la esperada, y las correcciones del medio, hacen que la comparación contra el Presupuesto inicial carezca de sentido.
Asimismo, al comparar únicamente el déficit acumulado contra el proyectado, también se pierde el margen para financiar dicho desequilibrio fiscal.
El Ministerio de Economía perdió capacidad de financiamiento en el mercado y colocar deuda en pesos con riesgo Tesoro se volvió todo un desafío, sumado a que las asistencias por parte del Banco Central se venían agotando. Si bien existe margen, un abuso del mismo puede complicar las cuentas en 2022.
Tejemaneje con los DEG
El sábado 18, un DNU abrió la puerta para los DEG no solo se usen para el pago al FMI sino también para que se aumente el margen de asistencia del BCRA al Tesoro. La incorporación dentro de los recursos corrientes permitió ampliar en $470.000 millones la cantidad de Adelantos Transitorios que se pueden pedir.
Este mayor financiamiento monetario disponible suma un poco de aire, al mismo tiempo que se choca con las restricciones dadas por una baja demanda de pesos y un creciente stock de pasivos remunerados. El riesgo de un nuevo paquete de medidas que inyecte más pesos a la economía es que termine presionando aún más sobre una brecha cambiaria que ya se ubica en torno al 90% y una inflación que sigue en niveles altos.
¿Se viene un nuevo paquete de medidas?
Dos semanas pasaron desde las elecciones y el “anuncio inminente” con las nuevas medidas económicas sigue sin llegar. Si se concreta el bono de $5.000 a jubilados, el aumento del 50% a la AUH hasta fin de año, el “IFE” de $15.000 a tres millones de personas, sumándose a los ya anunciados: aumento del mínimo no imponible de Ganancias y suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, el costo fiscal del “paquete post-PASO” sería de $150.000 millones, casi 0,4% del PIB.
Aun ejecutando dichas partidas presupuestarias, incluidas en nuestra proyección de 3,4% de déficit, el 4% de estimación oficial es aún lejano. Para alcanzar ese objetivo, el déficit remanente entre septiembre y diciembre debería ser de $1,34 billones, 3% del PIB, lo cual luce poco probable. En términos de financiamiento, es inverosímil que se consiga ese monto entre asistencias del BCRA y endeudamiento neto en el mercado; y en términos del gasto, implicaría que las jubilaciones suban otro 5% más (por sobre el 40% actual) y los salarios otro 15% extra (sobre la base del 53% proyectado). Aún si se diese el escenario donde se acelera el gasto y se emite esa cantidad de pesos, el riesgo de un 2022 de mayor inestabilidad cobra mayor probabilidad de ocurrencia.
El margen para aumentar el déficit es escaso, no hay financiamiento que permita excesos, no hay una demanda de pesos que absorba el aumento del gasto, la brecha cambiaria con varias regulaciones vigentes ya se encuentra en 90%, y la inflación ya demostró recientemente responder a niveles altos de emisión monetaria. En este contexto, reducir el déficit más que una política contractiva es una condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento del país.
(*) Analista de Eco Go
