Por Marcelo Cárdenas Economista de Idesa
Recientemente, la revista The Economist publicó un artículo titulado 'Argentina necesita defaultear, no dolarizar'. La recomendación es errónea, centrada en un anuncio de campaña y carente de conocimiento sobre los factores que determinan las crisis recurrentes del país.
Si bien la economía de Argentina tiene serios problemas en su organización, es equivocado plantear el default como punto de partida necesario para su recomposición. La cesación de pagos con los acreedores implica dar un portazo a los compromisos asumidos, dejando al país aislado y poco confiable para el arribo de inversiones.
El último default de Argentina fue en 2001 y le llevó 15 años salir de esa situación. Las consecuencias de tal medida no son neutrales a la falta de crecimiento económico, generación de puestos de trabajo de calidad y empeoramiento de las condiciones sociales de los hogares que hay en la actualidad.
En la actualidad, y según datos del ministerio de Economía, la deuda pública (en moneda nacional y extranjera) representa casi 86% del PIB. Datos comparativos de la Cepal ubican este nivel entre los mayores de los países de Latinoamérica. Ahora bien, que este endeudamiento conlleve necesariamente a un default depende de la capacidad que tenga el país de generar producción e ingresos por encima de los gastos que realiza. Es necesario tener ahorro fiscal para cumplir con los compromisos de deuda y la Historia Argentina indica que en los últimos 60 años el país tuvo déficit fiscal en 54.
Con este contexto, es primordial que Argentina ejecute medidas concretas de ordenamiento que eviten un nuevo default. Áreas como la laboral, previsional, tributaria, gestión y regulación de los servicios públicos, por citar algunas, tienen amplios márgenes para ser transformadas -con responsabilidad- orientándolas a que sean promotoras de las enormes posibilidades de crecimiento y aprovechamiento de los recursos que tiene el país.
La opción de dolarización de la economía implica más un lema de campaña que una posibilidad cierta. Esta medida fue declamada, primeramente, por el candidato a presidente Javier Milei, lo cual generó un extenso debate con las demás fuerzas que compiten por la presidencia en el próximo mes de octubre.
Lo que inicialmente fue un anuncio de ruptura con la moneda nacional y una solución directa para la emisión desmedida del Estado, con el paso del tiempo se transformó en más dudas que certezas sobre la viabilidad de instrumentar la medida, sobre la mejor forma de hacerlo y sobre el tiempo que demandaría su implementación.
Lo más relevante, y no enfatizado por The Economist, es que lo que sí necesita Argentina de manera apremiante es un ordenamiento integral del Estado.
El problema detrás de la necesidad de limitar las facultades de emisión de pesos de la autoridad monetaria es el gasto desmesurado del Estado.
Sin modificar la forma en la que el Estado obtiene ingresos y ejecuta gastos, la necesidad de tener más financiamiento -ya sea con más impuestos, con más deuda o con más emisión- va a seguir persistiendo (¡y también lo harán la inflación y los desbalances que genera en el funcionamiento de la economía!). Allí radica el verdadero problema estructural del país.
El ordenamiento del Estado a realizar por el lado de los ingresos tiene que partir de una simplificación del sistema tributario. El régimen de organización federal es artífice del solapamiento de tributos entre los tres niveles de gobierno y la asfixia permanente de los ciudadanos y sectores productivos.
La experiencia de unificación de impuestos, tal como la que recientemente fue debatida en Brasil, debe ser considerada en términos de por ejemplo fusionar el IVA nacional, con el impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial y la tasa de comercio e industria de los municipios. A los ojos del ciudadano o una empresa, el Estado es uno solo. Por esto, es inconducente hacerlos lidiar con tres burocracias distintas (normas, aplicativos, alícuotas, vencimientos, formas y medios de pago y fiscalizaciones), de manera cotidiana, existiendo los niveles de tecnología actuales.
Por el lado del gasto del Estado, es necesario tanto ordenarlo como mejorarlo en términos de los resultados que produce. Su ejecución debe desenvolverse en el marco de las funciones definidas por la Constitución. En el caso de salud y educación públicas, por ejemplo, se trata indefectiblemente de responsabilidades provinciales sobre las cuales no tiene que participar el Estado nacional. Interferencias como las actuales, mediante programas de transferencia de bienes, o incluso de beneficios salariales, no hacen más que diluir responsabilidades cuando se hacen evidentes los malos resultados. Similar situación se da incluso en aéreas más sensibles como la de beneficios asistenciales.
La única interferencia en el gasto, desde una mirada federal, debería orientarse a la promoción y divulgación de resultados que sirvan para mejorar la calidad y gestión de los servicios provistos.
En suma, concentrarse solo en un aspecto de política monetaria, como dolarizar la economía, para solucionar los problemas que Argentina arrastra y sostiene hace décadas, no resuelve el problema de fondo. Tampoco lo hace conformarse en caer en una nueva cesación de pagos. Lo certero sería señalar que "Argentina necesita ordenar, no dolarizar ni defaultear" para comenzar a transitar -en serio- una senda de crecimiento económico que se materialice en beneficios para la sociedad concretos y sostenidos en el tiempo.
