A 20 años del estallido de la crisis de 2001, se pueden trazar ciertos paralelismos con la situación que vive nuestro país hoy en día. La diferencia mayor, desde el punto de vista social, es que actualmente existen algunas “redes de contención social” que en aquel momento no estaban presentes, aunque se puede decir que la situación económica y social es la peor desde ese terrible momento. Fue aquel 2001, precisamente, el episodio que motivó la creación de esas “redes de contención”.
Un informe realizado en conjunto por el Instituto Universitario Cias (Centro de Investigación y Acción Social) y Fundar destacó que Argentina, a pesar de ser el segundo que más gasta en la región en políticas sociales, no ha podido reducir sus índices de pobreza a contramano de lo que sucedió en los demás países.
Actualmente, Argentina se encuentra entre los tres países con tasas de pobreza más bajas de la región si se mide en porcentaje de la población que vive con menos de US$ 3,2 diarios o US$ 5,5 diarios. Solo Chile y Uruguay tienen menores índices.
La pobreza en nuestro país había aumentado de manera notable durante la década de los '90, alcanzando su pico máximo en la crisis del 2001 (65% al segundo semestre de 2002).
“Los años posteriores registraron un descenso significativo del porcentaje de la población en situación de pobreza, una tendencia que duró hasta 2013, para luego revertirse”, repasó el trabajo. Desde su punto máximo en 2002 la pobreza ha disminuido, pero nunca ha logrado perforar un piso que se ubica en torno al 27%-30%. Hoy en día se encuentra en niveles dramáticos: 40,6% de los argentinos viven bajo la línea de la pobreza, según los últimos datos del Indec.
Evolución del gasto social
Ante esa dinámica, donde se combinan altos niveles de gasto social con una pobreza elevada, Fundar cambió el enfoque habitual de análisis que se venía dando en los últimos años. “En lugar de estudiar el tamaño del gasto social en relación con el presupuesto o al PIB, es preciso analizar con mayor sintonía fina su composición”, dijeron.
Los autores (Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino) realizaron un análisis pormenorizado de las políticas sociales llevadas a cabo en las últimas dos décadas (2000-2020). Allí se han identificado tres hallazgos principales en la evolución de la inversión pública en la lucha contra la pobreza.
- En primer lugar, resaltaron que la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. “Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres”, dijeron.
- En segundo lugar, mencionaron que los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016 con el Gobierno de Mauricio Macri. El número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021.
- Por último, afirmaron que el Estado invierte (dentro del marco de la “ayuda social, directa y urgente”) cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De hecho, en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban $11 a programas de cooperativas de la economía popular.
Nuevo sistema de protección social
El informe no solicita que se quiten los beneficios sociales o que se reduzca la inversión social que se realiza actualmente para atender un nivel de pobreza sustancialmente alto. Sin embargo, realizaron propuestas para “reformular el sistema de protección social en dirección a hacerlo más justo y eficiente”.
En concreto, se centraron en tres propuestas: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de 'Empleo Joven' que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal, y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal.
Respecto al primer punto, el 54,3% de los menores de 14 años son pobres y el 16,6% son indigentes en un contexto donde el mayor gasto se da para contener las necesidades de los adultos mayores. Para cualquier país debería ser una prioridad que los niños tengan, como mínimo, cubierta su alimentación básica.
“Esto hoy no sucede aun cuando el costo fiscal de transferir los fondos suficientes para cubrir estas necesidades es relativamente bajo y los beneficios de corto, mediano y largo plazo sustancialmente altos”, consignó el estudio.
Para ello, propusieron un esquema segmentado de asistencia en donde las prestaciones vayan aumentando según las necesidades de cada hogar: padres y madres en la informalidad (nivel 1 con prestación más baja); niños/as en situación de indigencia pero con infraestructura básica en su hogar (nivel 2) y niños/as en situación de indigencia sin infraestructura básica en su hogar (nivel 3 de mayor prestación).
En cuanto al “plan de empleo joven”, apuntaron que es vital fomentar el ingreso a la formalidad de quienes terminan sus estudios, algo que sucedió en sentido opuesto durante los últimos años.
“Asegurar que los jóvenes completen su ciclo educativo y facilitar su transición rápida y efectiva hacia el mercado de trabajo formal debe ser una prioridad de la política pública. En particular, creemos que una política que subsidie su incorporación al empleo formal implicaría no solo comenzar a mejorar la tasa de empleo formal, sino también crear desde lo simbólico un camino posible de progreso para los jóvenes”, consideró Fundar y Cias.
En tanto, la necesidad de que el Estado financie una mayor integración de las cooperativas a la economía formal podría reducir el costo fiscal de sostener un sector informal cada vez más grande en el largo plazo. Este sector nació con la crisis de los 90´ y es gente que se busca su propio trabajo, pero que muchas veces se da en condiciones muy precarias.
“Esto es, que haya un aumento transitorio del gasto para financiar esta integración en el corto plazo a los efectos de reducir el gasto fiscal en política social no contributiva. Mantener el statu quo en materia fiscal significa, en el largo plazo, sentar las bases para un crecimiento del gasto en políticas sociales no contributivas, lo que es incompatible con las capacidades económicas y fiscales de la Argentina”, explicó el trabajo.
Concretamente, “ese gasto social debe estar apuntado a promover que las cooperativas se integren a la economía formal”. En particular, en mejorar el encadenamiento de las cooperativas con las empresas de la economía formal con apoyo del Estado. Esto implica, tal como señalaron, avanzar en dos líneas de acción que deben tomarse en conjunto: 1) facilitar la transición de los trabajadores de las cooperativas a trabajos en la economía formal a través de capacitación e incentivos fiscales especiales y 2) mejorar la integración de las cooperativas a la economía formal.
Infraestructura en barrios populares
Por último, el estudio destacó que la pobreza también responde a causas estructurales que van más allá de una cuestión de ingresos. En particular, apuntaron a la falta de acceso a servicios básicos, como agua potable, cloacas, tendido de luz y gas, viviendas sociales, pavimentación de calles y salas de salud que “han jugado un papel central en la reproducción de los ciclos de pobreza en los barrios populares''.
“De esta forma, creemos que un plan ambicioso de inversión en infraestructura en barrios populares sería un complemento necesario de las medidas propuestas anteriormente”, agregaron Fundar y Cias.
“Los detalles de este plan son complejos y exceden a la materia cubierta por el presente estudio. Sin embargo, queremos destacar que el Estado podría utilizar los mecanismos arriba mencionados (sistema de licitaciones, crédito subsidiado y nuevo marco legal) para facilitar la cooperación entre sector privado y cooperativas en la mejora de los barrios populares. Solo con este tipo de abordaje multidimensional podrá la Argentina romper definitivamente con los ciclos de reproducción de pobreza en los que se encuentra atrapada hace décadas”, concluyeron.
