Por Gonzalo Martínez Mosquera
Semana de noticias importantes en El Salvador. La Corte Suprema de ese país revirtió un falló de 2014 que prohibía la reelección presidencial, lo que habilitaría a Nayib Bukele a tener otro período a partir del 2024. Algo huele muy mal, pues los jueces que tomaron esa decisión fueron nombrados el pasado 1° de mayo después de que el congreso cesanteara a los magistrados anteriores.
Es el mismo Bukele que impulsó a Bitcoin como moneda de curso legal en su país en una medida que generó gran controversia, tanto entre los ciudadanos de ese país como en el ecosistema cripto. Las manifestaciones en contra de la moneda digital no se hicieron esperar, los salvadoreños quieren el dólar sonante y crocante y no están dispuestos a aceptar una cripto que no entienden, ni saben de dónde viene.
De todas formas la hora de la verdad llegó finalmente y ayer el proyecto de Bukele se hizo realidad y Bitcoin comenzó a circular en el país centro americano. Para arrancar, el gobierno le regaló US$ 30 en Bitcoin a cada salvadoreño. Al momento de escribir estas líneas la cuenta de Twitter del Presidente anuncia que la “ChivoWallet”, la billetera virtual desarrollada para el proyecto tuvo que ser desconectada por falta de capacidad en los servidores. Arranca con el pie izquierdo.
Pero no es el único avance cripto en ese país. La semana pasada nos enteramos que el Gobierno firmó un acuerdo con Koibanx para desarrollar la infraestructura gubernamental sobre la blockchain de Algorand, una red desarrollada por el economista Silvio Micali, premio Turing (algo así como el Nobel de la computación) y que tiene un proceso de validación de transacciones revolucionario llamado “Pure Proof of Stake” que promete disrumpir la industria con velocidades y costos muy superiores a las actuales.
Koibanx, por su parte, es una compañía latinoamericana que desarrolla soluciones sobre la tecnología blockchain y cuyos fundadores, Edy Weber y Leo Elduayen, son argentinos. En marzo firmó un acuerdo con Algorand, que enseguida resultó en aplicaciones diversas como, por ejemplo, la securitización de garantías de pago en Colombia.
El caso del Salvador es una representación clara del debate que existe en el mundo cripto. Por un lado están los que solo ven la potencialidad como una forma de dinero y por otro, aquellos que creen que la tecnología es mucho más útil como un registro descentralizado.
Imaginen si la propiedad inmueble se registrara en la blockchain. Eso permitiría a un salvadoreño comprar su casa de manera segura sin tener que acudir a un escribano. Con criptodólares en la blockchain uno podría realizar la transacción mediante un “atomic swap” (disponibles en Algorand) que, gracias a los Smart Contracts, sólo completará la transacción si la contraparte cumple su parte del trato. De lo contrario, la misma queda anulada después de un tiempo y el pago vuelve al comprador (o el título de propiedad vuelve al vendedor). De esa manera ya no es necesario encontrarse personalmente a firmar nada y de ambos lados pueden estar seguros que la contraparte no podrá engañarlos.
Trasladen esa mayor eficiencia al sistema financiero en donde para comprar una acción o sacar un préstamo garantizado requiere la coordinación de varios actores en una burocracia que implica tiempo y dinero. En una blockchain y con un par de líneas de programación todo se resuelve al instante y sin riesgos de contraparte.
Tal vez, por ejemplo, el sorteo de jueces o las elecciones podrían realizarse sobre blockchain y de esa manera nos evitaríamos las sospechas por adjudicación de casos que vivimos en nuestro país o los atropellos a la democracia como el que pareciera haberse generado en El Salvador.
Es importante que los ruidos que se generan en el mundo de las criptos “como dinero” no empañen una tecnología superútil en varios aspectos de la vida.
Ruidos como el que se generó cuando Elizabeth Warren, senadora demócrata en Estados Unidos, se refirió al ecosistema como “the new shadow bank” (los nuevos bancos en las sombras). Recordemos que los “shadow Banks” son aquellos que surgieron con fuerza a partir de los '90 en el país del norte y que se caracterizan por dar servicios similares a los bancos pero sin una apropiada regulación de la autoridad monetaria.
La razón que suele esgrimirse para prohibir esa actividad no regulada es que de volverse “too big to fail” (demasiado grande para fallar) podría poner en riesgo la estabilidad financiera de una economía y, por tanto, forzar al gobierno a salir en su rescate en caso de que sus inversiones fallaran. Es un típico caso de lo que se conoce como “moral hazard” (peligro moral): “si me arriesgo y me va bien me llevo los beneficios pero si me va mal, el gobierno me salva”... Así no va.
Es por eso que numerosos participantes del mundo cripto optan por acercarse cada vez más al estatuto de un banco regulado. Es lo que vimos hace dos semanas cuando comentamos que USDC había informado que iba a respaldar el total de sus cripto dólares con cash y bonos del Tesoro.
Es también el caso de Avanti, que pretende convertirse en el primer banco cripto miembro del sistema de la Reserva Federal. Sobre fines del mes pasado presentó su aplicación ante las autoridades y aclaró que esta es diferente a la que había solicitado en octubre de 2020 cuando sólo pretendía un acceso al sistema de pagos federal de Estados Unidos.
Recordemos que los bancos emiten dólares nuevos cuando prestan. En el caso de Avanti será interesante ver si emitirá dólares directamente sobre blockchain. De esa manera sería una alternativa superadora a las stablecoins actuales, las cuales se trata de tokens respaldados por dólares reales en cuentas bancarias.
Pero tener un “charter” (licencia) bancario en Estados Unidos requiere esfuerzos que tal vez no valgan la pena. Lo que es seguro es que el sueño anárquico de operar dinero sin ninguna vigilancia gubernamental está cada vez más lejos de ser una realidad. Hasta el propio Binance, el exchange más grande del mundo y cuya sede central suele ser un misterio, informó a través de su CEO que planea pasar a cotizar las acciones de su filial estadounidense en tres años. Recordemos que Coinbase, tal vez su principal competencia, hizo lo propio el pasado 14 de abril.
En el extremo contrario están las casas de cambio cripto como Uniswap que operan 100% en el mundo descentralizado, sin un dueño identificable a quién regular. Claro, si bien ello les permitiría evitar las garras del legislador también les impide el acceso al sistema de pagos en moneda fiat.
El problema es que esas aplicaciones, si bien no tienen propietarios a los cuales el regulador pueda fiscalizar, suelen tener una empresa o fundación asociada que se ocupa de mantener actualizada la plataforma y que es financiada con las mismas ganancias que genera aquella.
Es el caso de Uniswap Labs, compañía que está siendo investigada por la SEC (Securities and Exchange Commission) en un caso que representa un claro desafío para los juristas.
Técnicamente no serían quienes manejan el exchange sino un simple proveedor de servicios. Los dueños son en realidad aquellos que poseen el token UNI, el cual les permite votar en las iniciativas propuestas, por ejemplo, por Uniswap Labs.
Piénsenlo como el equivalente a las acciones de una empresa en el mundo tradicional. Ese token cotiza en el mercado y al momento de escribir esta nota vale unos US$ 30. Cuando salió al mercado valía sólo US$ 5 y fue distribuido de una forma muy poco convencional. El dueño de la plataforma lo regaló a todas las cuentas que hubiesen usado la plataforma aunque sea una vez. Cada una recibió el equivalente a unos US$ 1.200 de la nada, sin aviso previo. Una alegría que no será empañada incluso para aquellos que hayan vendido al instante y que se perdieron la suba posterior.
Algunos se preguntan cómo saber que los dueños de Uniswap Labs no son los mismos que ahora son los tenedores mayoritarios del token UNI y que, por lo tanto, siguen manejando en las sombras la casa de cambios. Tal vez aquella movida fue para anticiparse a la inspección de la SEC que finalmente ocurrió. Sería una forma jurídica interesante: algo así como Responsabilidad Limitada y...Anónima. Ni que hablar de las implicancias fiscales que eso tiene.
Será buen material para que los abogados se diviertan con debates en la materia. El jurídico será un mundo que claramente se vea impactado por la nueva tecnología detrás de las criptomonedas.
Sea por casos como el de El Salvador y su alianza con Algorand o por el caso Uniswap y la posibilidad de esconder la propiedad accionaria, lo cierto es que como toda nueva tecnología lo importante será intentar aprovechar sus beneficios y no rechazarla solo porque viene a disrumpir el status quo.
