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Vapeo en Argentina: ¿es sensata su prohibición?

Desde la Asociación Argentina de Vapeadores consideran que hay mucha desinformación sobre el vapeo e instan al Gobierno a estudiar las regulaciones de otros.

La comercialización, importación, distribución, promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2011
La comercialización, importación, distribución, promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2011 Pexels
14 agosto de 2023

El uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (PTC) es tendencia en el mundo desde hace años, tanto para quienes buscan alternativas con y sin combustión pero con menor grado de nicotina que el cigarrillo convencional, como para quienes disfrutan de inhalar vapores aromatizados libres de nicotina.

Su consumo no está penalizado en Argentina y se estima que actualmente alrededor de un millón de personas vapean en el país. 

Sin embargo, la comercialización, importación, distribución, promoción y publicidad de cigarrillos electrónicos están prohibidos desde 2011 por disposición de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) y los PTC están vedados por resolución del Ministerio de Salud desde marzo de este año.

Fumar cigarrillos convencionales supone un consumo adictivo de nicotina y de unas siete mil sustancias tóxicas para el organismo que pueden derivar en enfermedades respiratorias, patologías cardiovasculares y diversos tipos de cánceres (de pulmón, laringe, faringe, etc.). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo menos 8,2 millones de personas mueren anualmente a causa del tabaco, de las cuales 7 millones lo hacen por consumo directo y 1,2 millones por exposición al humo ajeno. 

En Argentina, según estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud, el 22,2% de los mayores de 18 años fuma y unas 45.000 personas fallecen al año por tabaquismo (14% del total de muertes). 

El impacto del cigarrillo convencional se traduce también anualmente en: 19.000 diagnósticos de cáncer, 33.000 neumonías, 11.000 accidentes cerebrovasculares, 61.000 hospitalizados por enfermedad cardiovascular y más de 100.000 nuevos casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Los cigarrillos electrónicos, formalmente denominados Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) o Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN), son dispositivos a batería que calientan a 250 grados una solución, principalmente compuesta por propilenglicol, glicerina y eventualmente aromatizantes, que genera un aerosol que es inhalado por el consumidor. 

Al considerarlos perjudiciales para la salud por aumentar los riesgos de cardiopatías y afecciones pulmonares y creer que "es demasiado pronto para ofrecer una respuesta clara sobre los efectos a largo plazo de su uso o la exposición a ellos", la OMS sostiene que los SEAN/SESN "no deberían promocionarse como ayuda contra el tabaquismo hasta que se disponga de datos científicos adecuados y la comunidad de salud pública llegue a un acuerdo sobre la eficacia de estos productos". 

A su vez, los PTC, que en su interior calientan sin llegar a la combustión un cigarrillo especial compuesto de hojas de tabaco prensadas y nicotina llamado stick, son considerados por la OMS como tóxicos y cancerígenos. En este sentido, la Organización afirma que deberían regularse "como cualquier otro producto de tabaco", dado que "actualmente no se dispone de suficientes datos para concluir que sean menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales".

En Argentina, el Ministerio de Salud se opone a los cigarrillos electrónicos y PTC por sus potenciales riesgos para la salud y comportamientos adictivos. Frente a quienes sostienen que este tipo de dispositivos ayuda a los consumidores de cigarrillos convencionales a dejar de fumar, el ministerio afirma que estudios observacionales concluyen que "el cigarrillo electrónico no sólo no ayuda a dejar, sino que termina adoptándose un uso doble de cigarrillos fumados y cigarrillo electrónico en cerca del 80% de los casos" y, en este sentido, no considera ético "permitir que las personas permanezcan expuestas a un agente potencialmente nocivo". 

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En Argentina, el Ministerio de Salud se opone a los cigarrillos electrónicos y PTC por sus potenciales riesgos para la salud y comportamientos adictivos. 

La ANMAT, por su parte, fue el primer ente en sostener que los cigarrillos electrónicos no pueden ser considerados inofensivos. La Agencia considera que la variabilidad de los dispositivos y las sustancias que desprenden son "inaceptables en cualquier producto destinado al tratamiento o a la recreación en el ser humano". 

A su vez, afirma que no hay pruebas que indiquen su efectividad para dejar de fumar y que sus dispositivos y líquidos responden a una lógica de mercado. En este sentido, mediante la disposición 3226 de 2011 y su posterior ratificación 2016, la ANMAT prohibió los cigarrillos electrónicos en el país. 

Asimismo, en marzo de este año el Ministerio de Salud vedó los PTC y sus accesorios a través de la resolución 565 donde concluye que es necesario "hacer uso del principio precautorio, que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías creen un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente".

Desde la Asociación Argentina de Vapeadores admiten que el vapeo no es inocuo, pero afirman que reduce en 95% los riesgos del tabaco tradicional para quienes no pueden o no quieren dejar de fumar. 

En ese sentido, sostienen que la restricción actual es insensata y solicitan una regulación propia distinta de la del tabaco. 

Juan Facundo Teme, presidente de la asociación, considera que en la Argentina hay un estigma sobre el vapeo de nicotina y que, si bien el mercado informal de los cigarrillos electrónicos y PTC impide generar estadísticas de usuarios, el fin de la prohibición permitiría formalizar un mercado que actualmente, según dice, representa unos US$ 90 millones en Argentina. 

En ese sentido, Teme considera que hay mucha desinformación sobre el vapeo e insta al Gobierno a estudiar las regulaciones de otros países como Inglaterra, pionero en la reglamentación de dispositivos de este tipo. "¿Por qué en América Latina la única opción es la prohibición? La educación es gratuita: eduquemos", propone Teme.

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