En las profundidades de la oscuridad, entre los hilos de una red de narcotráfico implacable, se teje un macabro espectáculo donde la vida y la muerte se disputan en un duelo sanguinario.
El corredor bonaerense de la droga se convierte en un escenario trágico en el que la suerte y la violencia determinan el destino de aquellos atrapados en las postrimerías de su lógica.
Desde los confines de San Martín hasta José C. Paz, atravesando diversos partidos, el narcotráfico bulle de impunidad, mientras la incertidumbre y el vacío de estrategias en el combate contra el flagelo de la droga y la violencia favorecen a la delincuencia en todas sus formas. Ya sea la marginal, de pequeña o mediana organización, o los carteles corporativamente desarrollados.
Así, el narco atraviesa una férrea consolidación luego del proceso de asentamiento definitivo y formación de estructura que se vivió entre 2008 y 2014, cuando el narcomenudeo se masificó como fenómeno barrial.
Convergieron los carteles internacionales y las bandas locales, se establecieron los dominios territoriales y, con ello, las rutas de tráfico fruto de acuerdos con los países productores, resultando en el nacimiento de los primeros enclaves. Esta configuración es la base de las operaciones entre el narcotráfico fronterizo, el narcomenudeo en los barrios y la proliferación de las cocinas de droga.
En paralelo, la delincuencia organizada no tardó en darse cuenta de que en Argentina nunca existió un programa de seguridad coherente y sostenido en el tiempo, sino simplemente un despliegue más bien entrópico de fuerzas federales sin una estrategia inteligente, y delegaciones en fuerzas provinciales en muchos casos vetustas, corruptas o impreparadas, casi siempre desconectada de la macro nacional. Un accionar signado por la reactividad, la falta de recursos y sin perspectiva frente a la situación delictiva.
A esto cabría sumarle la campaña de "territorios abiertos" que significó la política que caracterizó a 16 años de kirchnerismo promocionando un sistema penal garantista hecho a medida de quienes explotan la violencia como medio de subsistencia y le quitan el derecho a una vida en paz a los ciudadanos que respetan la ley, todo al compás de un suntuoso aparato mediático que no dudó un segundo en caracterizar los discursos de lucha proactiva contra el narcotráfico y recuperación del orden en la calle como "violencia estatal", tal como rezaban titulares de Página 12 y C5N, por citar algunos, cuando les tocó estar fuera del gobierno.
Este paradigma de dominio de la incertidumbre le tributa cuantiosamente al mercado de sustancias, fundamentalmente a la industria traficante de opioides (fentanilo y heroína, principalmente) que infiltran en la Argentina, con sumo sigilo, "supraestructuras" con nexos en México, China y el norte de África.
- Puntos neurálgicos de esta infiltración han sido la Triple Frontera y la Hidrovía del Paraná. Una ruta criminal que ha sido sospechosamente ignorada en tiempos del kirchnerismo, y controlada a medias tintas durante el Gobierno de Cambiemos.
A esta altura, nadie puede alegar ignorancia sobre las vías de ingreso de las drogas al país y la devastadora carestía de recursos y estrategias de seguridad en las fronteras. Basta con remitirse al año 2014, cuando el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, dio detalles de una investigación realizada por la propia AGN entre 2002 y 2012 que daba cuenta de una "escasez crítica de personal", "precaria e insuficiente infraestructura edilicia", "carencia de equipamiento de control" y "obsolescencia del sistema informático". Lo mismo aplicaba para puertos, Sedronar y pasos aduaneros.
Flagrante negación de un problema que devino en flagelo: al narcotráfico se lo combate en las fronteras, con toda la capacidad de fuerzas calificadas, la máxima pena de la ley, e irrenunciable compromiso en la cooperación internacional.
Como consecuencia de todo esto, el conurbano bonaerense se convirtió en un banco de pruebas narco. Es hoy un Leviatán con una espiralización de violencia donde ocurren 6 de cada 10 de los hechos delictivos relacionados al tráfico de drogas en el país.
Puerta 8, en el Partido de Tres de Febrero, es el primer caso testigo. Este ensayo de tráfico requería un primer punto de contacto territorial, en territorio anómico para medir las aguas, y con una Policía Bonaerense carente de conducción y voluntad política. De esta forma se dio impulso al narcomenudeo, siendo que en él se reflejan importantes indicadores del estadío del tejido social y "mercado": proclividad a demanda, volumen de consumismo y muestreo de pretensiones de integrar la estructura de distribución.
Demás está decir que los resultados del "experimento" están a la vista.
El Estado y la calle sucumbieron sumisamente derivando en que San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel y José C. Paz se establezcan como el corredor líder por transacciones y volumen de drogas en la provincia de Buenos Aires y hoy los informes dan cuenta de que únicamente se investiga el 10% de las denuncias vinculadas al narco allí radicadas.
Los puntos claves del corredor se encuentran estratégicamente en sus extremos: San Martín y José C. Paz.
- San Martín cooptado por el cartel de "Mameluco" Villalba, cuya impunidad fue tal que hasta se aventuró como candidato a la intendencia en 2011, bajo el ala del peronismo. No sorprende, bajo ningún concepto, que en un territorio donde el principal instigador de la violencia admite y se pavonea sobre su vinculación "a través de informantes" con el caso del secuestro extorsivo y asesinato de Candela Sol Rodríguez, y se jacta de tener datos que la fiscalía no, la policía sea excruciantemente corrupta.
- Sobre José C. Paz no hay mucho más para aclarar, luego de haber atestiguado su propio intendente, Mario Ishii, sobre el negocio tentacular de la droga en su distrito, en el cual se trafica en ambulancias que deberían estar al servicio de los ciudadanos. Las redes del tráfico bullen y se reproducen, pero el parangón protector del poder político está fijo y la conclusión es inevitable: el dinero del narcotráfico termina, también, en la corrupción política.
Se estima que los narcotraficantes están recaudando entre $140 y $200 millones diarios en el enclave que mencionamos, siempre dependiendo las zonas y la tipología de la droga.
Ingresos que se reinvierten en la misma industria de logística y producción, economía del narcotráfico, armamento y pago de favores políticos. En algunas zonas de La Matanza, como Puerta de Hierro, hay bandas recolectando entre $14 y $16 millones en un fin de semana.
Con el negocio llega la violencia, y así, el horror brota en cada esquina de este corredor de la muerte. Familias destrozadas por la ausencia de sus seres queridos, comunidades sumidas en el miedo y la desesperación, y un Estado con una patente falta de voluntad, recursos y capacidad para hacerle frente a esta realidad desgarradora.
Se replica la lógica rosarina de los "muertos por sorteo", configurando un paradigma aterrador para los ciudadanos de a pie: el Estado de Derecho sucumbió ante la violencia. El sistema está quebrado de hecho, y el panorama presentado ante la ciudadanía es una cadena de impunidad que alimenta un film de violencia sin claudicación.
En este escenario, esbozar estrategia y determinación de gobierno para recuperar el monopolio de la fuerza, restituir el orden en la calle, el prestigio y el respeto por los oficiales de seguridad y limpiar las instituciones de corrupción es un fantasioso deseo tan grande como contundente el mandato para quienes asuman el 10 de diciembre.
Y acaso quepa con esta lógica analizar el preocupante declive en participación electoral que venimos viendo en 2023: si combatir el narcotráfico y la violencia es irrealizable, la Justicia no funciona, levantar piquetes es imposible, en el transporte público nos balean y no hay clases en invierno por el frío: ¿para qué el Gobierno?
