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Cupo laboral para personas con discapacidad en las provincias: ¿se cumple?

Ninguna jurisdicción cubre el cupo del 4% dispuesto por ley. Si bien en todas se sancionaron normativas sobre el tema, no hay seguimientos y existen pocos registros

“Es necesario profundizar la articulación con las provincias”.
“Es necesario profundizar la articulación con las provincias”.
ElAuditor.info ElAuditor.info 10-08-2022
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Hace ya más de 40 años que en Argentina rige la Ley 22.431, que establece un cupo laboral del 4% para las personas con discapacidad en los organismos públicos. A partir de entonces todas las provincias sancionaron sus propias normativas o adhirieron a la nacional. Sin embargo, ninguna de las 24 jurisdicciones ni el Estado Nacional cumplen con el cupo. ¿Qué falta en el país para una verdadera inclusión laboral?

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) elaboraron una encuesta, en el marco del Consejo Federal para la Discapacidad realizado en junio, en la que observaron que las provincias no cumplen con el cupo. 

“Efectivamente todas tienen una normativa al respecto, pero el cumplimiento es complicado, ya que muchas no tienen mecanismos de seguimiento. Algunas dicen alcanzar el 1% o el 3%, otras aseguran que llegan al 5% pero no estamos seguros de eso”, indicó Lucía Pestana, asesora de la ANDIS en inclusión laboral, en diálogo con El Auditor.info.

“Es necesario profundizar la articulación con las provincias”, añadió Pestana. Mediante la encuesta pudieron observar que las jurisdicciones tienen programas a través de los cuales reciben solicitudes de búsqueda laboral de personas con discapacidad. Algunas trabajan junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, otras tienen sus propios programas de registros de candidatos. Sin embargo, en la mayoría "faltan iniciativas concretas de integración laboral para que los perfiles lleguen a las empresas o instituciones. Córdoba, por ejemplo, cuenta con un circuito concreto de trabajo con el sector público y privado”, mencionó Pestana. 

Desde Tierra del Fuego a Salta

En el caso de Tierra del Fuego, la Ley 48 -sancionada en 1992- establece un cupo del 4% del cual solo se cumple el 1,5%. “Hay 91 personas ingresadas por medio de esta ley”, comentó Romina Sarmiento, subsecretaria de Articulación de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad de la provincia. Además, cuentan con programas de entrenamiento laboral donde cumplen con cuatro horas de trabajo y tienen un sueldo mensual.

“Estamos trabajando con el programa Saberes que tiene que ver con la capacitación previa a postular a alguna persona para el ingreso laboral, no solo en el Estado sino también en privados. Tenemos un área donde registramos a las personas interesadas en conseguir un empleo. Tenemos 115 personas inscriptas que convocamos a capacitarse y formarse. Incentivamos el conocimiento y lo articulamos con distintas áreas de gobierno. Con trabajadoras sociales hemos conformado algunos perfiles laborales y con eso tratamos de contactar empresas privadas. Nos encontramos en este camino”, aseguró Sarmiento. 

En el caso de Salta, adhieren a la Ley 22.431 con un cupo del 4% y estaban trabajando en una normativa propia hasta que comenzaron a participar en el proceso de desarrollo de la nueva ley nacional de discapacidad. “Entonces paramos el proyecto para ver si surgen cambios con respecto a esto y así poder plasmarlos en nuestra normativa”, explicó Mariana Roman, de la Secretaría de Discapacidad de Salta.

El cupo establecido para Roman no se cumple en ninguna jurisdicción. “Hace poco tuvimos la reunión del Consejo Federal de Discapacidad y no hay ninguna provincia que lo cumpla realmente, es un problema nacional”. En la provincia, si bien no llevan contabilidad de las personas con discapacidad empleadas, cuentan con un programa de perfiles adecuados en el que colaboran con la búsqueda laboral de acuerdo con las necesidades y demanda del trabajo. “También brindamos cursos y formación para que se genere la necesidad y la inquietud de poder emplear a una persona con discapacidad”, agregó Roman.

“Las personas adultas con discapacidad es el gran desafío al que tenemos que abocarnos. Siempre se habla de los niños, pero no de los adultos que muchas veces están solos en sus casas, no encuentran trabajo, ni actividades para hacer. Tenemos una población muy alta de personas con discapacidad adulta, que sufre mucho porque no hay lugares para ellos en la sociedad”, destacó Roman.

El panorama en La Rioja

En la provincia de La Rioja cuentan con la Ley 5097 desde 1988 y, si bien hace un tiempo realizaron un relevamiento, por dificultades técnicas perdieron la información pero estiman que son aproximadamente 80 personas con discapacidad las que están trabajando en las arcas del gobierno provincial, más los empleados en el ámbito privado.

“Ahora tenemos que volver a hacer el relevamiento. Contamos, desde 2021, con el Registro Unico de Empleabilidad para Personas con Discapacidad (RUED) de 18 a 59 años. El proyecto se realizó en conjunto con la Secretaría de Empleo, para evaluar a quienes están en condiciones de trabajo. Se hacen test para ver los diagnósticos de las y los postulantes antes de posibilitarle los lugares de trabajo", enunció Pedro Alanis, del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad.

Mendoza

En Mendoza el cupo tampoco se cumple y el panorama no es alentador, “al igual que en otros lugares, cuesta mucho acceder a la información sobre discapacidad”, expresó Monica Bascuñan, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad mendocino. Los ejemplos de maltrato y discriminación abundan: “El Hospital Pediatrico Notti creó un cargo para una persona ciega, que luego falleció y ese cargo se eliminó. Nos encontramos ante un gobierno que excluye a las personas con discapacidad de sus puestos. Tenemos dos casos en Malargüe de dos profesionales con discapacidad desvinculados de sus puestos, de manera violenta, discriminatoria e injusta”, alertó Bascuñan.

La provincia cuenta con una Defensoría de las Personas con Discapacidad, sin embargo no funciona como corresponde según aseguró Bascuñan. Por otro lado, muchos programas de inserción y capacitación se descontinuaron por la pandemia y los que rigen actualmente no se difunden. 

A la hora de acceder, las barreras son muchas, “nos llegan muchos mensajes de profesionales con discapacidad que no pueden acceder al trabajo porque los condicionan con el psicofísico, les piden que lo hagan cada un mes y los tienen en evaluación continua. Todo el sistema funciona para no darle el trabajo a la persona con discapacidad”, denunció.

Las barreras en el acceso

Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las personas con discapacidad están desempleadas a nivel mundial. En nuestro país la situación no es diferente, el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y solo un 32,2% tiene empleo, de acuerdo a datos del Indec. 

“Es alto el porcentaje de personas con discapacidad desempleadas o forman parte de la economía informal. Muchas veces no pueden acceder a una Pensión No Contributiva por discapacidad porque hay una serie de requerimientos y tiene que estar en una situación de vulnerabilidad. La situación es bastante compleja para ellos”, afirmó Alejandra García Martínez, jefa del Área de Grupos Vulnerables de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“El panorama no es muy bueno porque el cupo no se está cumpliendo. Hay distintas iniciativas, muchas impulsadas por algunas organizaciones de este colectivo de personas”, indicó García Martínez y explicó que muchas veces los concursos para acceder a cargos, las entrevistas de trabajo y los registros de personas en búsqueda laboral, no tienen los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder, lo cual dificulta aún más la búsqueda de trabajo.

“Los procedimientos que se utilizan no siempre contemplan las necesidades que puede tener una persona con discapacidad. En algunos casos los mecanismos no están adaptados. Hay gente muy capacitada que ha estudiado y tiene capacidad para emplearse. Hay que tomar buenas prácticas para incorporarlas. Las personas con discapacidad aportan mucho a los equipos de trabajo”, finalizó García Martínez. 

Inclusión laboral y capacitaciones 

Desde ANDIS aseguraron que todas las provincias tienen programas de formación para el mundo del trabajo, algunos apoyados en el Ministerio de Trabajo de la Nación o articulando con organizaciones socias. “Algunas más orientadas a oficios, otras a lo pre-laboral pero todas tienen. La formación es otra de las cuestiones a revisar porque muchas veces nos quedamos en las capacitaciones sin salidas laborales concretas, que es una de las cuestiones que venimos viendo. Hay que tener capacitaciones que apunten a las demandas sociales y productivas del mundo laboral”, indicó Pestana.

En esta misma línea, hay provincias que tienen estímulos para empresas privadas, como la provincia de Buenos Aires. “El desafío está en cómo lograr incluir a las personas con discapacidad al mundo laboral. Hay una mirada que hay que cambiar que es la del modelo médico: asistencia, subsidios y la falta de reconocimiento de sus valores. Buscamos transformar esto para que se los vea como portadores de derechos. Por eso trabajamos en la creación de una figura responsable de la inclusión y desarrollo laboral para las áreas de recursos humanos de los organismos nacionales. Buscamos lograr una bajada territorial para que se dé la verdadera inclusión”, añadió Pestana.

Reforma de la Ley 22.431

Este año comenzó el proceso para armar un nuevo proyecto de ley de discapacidad que reemplace a la Ley 22.431 de 1981. En este proceso se realizaron encuentros en las provincias para dialogar y debatir en torno a los cambios que necesita la nueva normativa. “Una de las cuestiones que salió en todas las audiencias tiene que ver con medidas para hacer efectivo el cumplimiento del cupo, se necesitan medidas para efectivizarlo en lo nacional y en lo provincial. Y además incorporar un cupo para las empresas privadas. Son los elementos que se están tomando en consideración”, informó Pestana.

Para la integrante de ANDIS, “es importante poder pensar la inclusión laboral de acuerdo a puestos de trabajo ya existentes y es indispensable poder trabajar en el cambio de mirada con respecto a la discapacidad pensando en las condiciones, los apoyos, la accesibilidad, que necesita la persona para poder desempeñarse con igualdad de condiciones. En todos los ámbitos laborales puede haber una persona con discapacidad trabajando solo necesitamos mayores oportunidades de ingresos y apoyos”.

Con respecto a las empresas privadas, para Pestana, hay que incorporar en la cadena de valor el trabajo que hace la persona con discapacidad, es decir “que se promuevan compras inclusivas. Compras a cooperativas, organizaciones en las cuales hay personas con discapacidad que generan un producto que puede ser comercializado. Esta es otra de las líneas que venimos fomentando”.

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