En los últimos dos años, la provincia de Santa Fe ha sido testigo de una serie de bloqueos sindicales que han paralizado la actividad económica y causado un gran daño a los ciudadanos y las empresas.
Estas acciones, que son llevadas a cabo por sindicatos que buscan defender sus intereses a cualquier costo, son un ejemplo más de la cultura del conflicto extorsivo que ha caracterizado a la Argentina sindicalista durante décadas.
El problema de los bloqueos sindicales no es nuevo. Desde hace mucho tiempo los sindicatos utilizan esta táctica para presionar a las empresas y al Estado con el fin de obtener beneficios, no para sus afiliados, sino para el poder sindical de turno.
Una y otra vez la ciudadanía termina avasallada por la impunidad con la que se llevan a cabo estos bloqueos y la falta de una respuesta clara por parte de las autoridades.
- En el caso de Santa Fe, de acuerdo a un informe del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, es la provincia que lidera la cantidad de bloqueos en el país. De 53 que hubo en toda la República durante 2022, 5 fueron en nuestra provincia.
Sin ir más lejos, ahora mismo, en la localidad de Las Rosas, el intendente Javier Meyer se enfrenta a un bloqueo total de la Municipalidad, por parte del gremio de sus trabajadores, originado en la corrección de un error, presuntamente generado en una falta de control de la Secretaría de Hacienda local, que resultó en que, ante un aumento no acordado del 5%, y la decisión de no descontarles la diferencia sino de mantenerla como un "bono no remunerativo" en un gesto de buena fe para no impactar negativamente el bolsillo de los trabajadores, el sindicato local reclame la incorporación de dicha suba al salario básico.
En enero de este año, el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos paralizó el puerto de Rosario, el principal nodo agroexportador del mundo, durante 40 días, ocasionando la imposibilidad de carga y descarga de más de 1.500 contenedores. Eso son insumos industriales que no llegan, fábricas que trabajan menos, distribuidoras con menos stock y menos ventas, comercios diezmados, contratos de exportación que no se cumplen, y en muchos casos se caen, mercados internacionales a los que nuestro país pierde acceso, y menor calidad de vida para una ya vapuleada sociedad.
Es evidente que los bloqueos son particularmente perjudiciales, no solo para la economía local, sino para el entramado social de la provincia.
Los cortes de rutas, calles y puentes, los bloqueos de transportes, no sólo impiden que los productos e insumos lleguen a su destino, generando pérdidas millonarias, sino que también afectan la provisión de servicios esenciales, como la salud y la educación.
Los sindicatos justifican estas medidas de fuerza diciendo que son la única manera de lograr sus objetivos, presuntamente nobles y en nombre del bien de los trabajadores, pero esto es una falacia. En realidad, los bloqueos son una forma de coacción que se utiliza para imponer una agenda a como dé lugar, sin importar el daño que se cause a la sociedad en general.
Son una instancia de ocupación del vacío de orden público que el Estado deja en la calle por falta de voluntad política e inacción, utilizada por mafias sindicales para presionar a los gobiernos buscando que se use más dinero del contribuyente para darle más recursos a sus organizaciones, y en algún que otro caso, para forzar a empresas privadas con el objeto de que estas deriven personal o más recursos a sus arcas.
Bien vale la pena recordarles a quienes gobiernan que los sindicatos no son los únicos actores que tienen intereses legítimos en la economía. Las empresas también tienen derecho a operar sin ser obstaculizadas por medidas de fuerza arbitrarias. La economía, el sueño de quienes se ganan el pan con el sudor de la frente, requiere no sólo un marco normativo razonable, sino el respeto irrestricto de las garantías constitucionales y el ejercicio del monopolio de la fuerza para asegurar el orden público en la calle por parte del Estado.
Es necesario que las autoridades tomen medidas concretas para poner fin a los bloqueos sindicales. No se trata de negar el derecho a la protesta, sino de garantizar que esta se lleve a cabo de manera pacífica y sin perjudicar a terceros ni afectar ninguno de sus derechos. Las empresas y los ciudadanos tienen derecho a transitar libremente y a desarrollar sus actividades sin ser sometidos a amenazas y coacciones.
En definitiva, los bloqueos sindicales son una muestra más del desarrollo de una cultura del conflicto que se ha utilizado para someter a los mansos de la Argentina durante décadas. Recuperar la seguridad y el orden en la calle, en todas las esferas del ejercicio de los derechos que le corresponden a la ciudadanía, es una demanda a la que debe responder de forma incuestionable el cambio que necesita el país.
