Por Manuel Ignacio Carreras (*)
Uno de los talones de Aquiles de Estados Unidos podría encontrar una solución en el corto plazo de la mano de una de las inversiones más grandes en los últimos cincuenta años de historia del país.
Un plan con más de 2.700 páginas y un presupuesto que alcanza los US$ 1,2 billones fue aprobado la semana pasada en el Senado de Estados Unidos. Con 69 votos a favor (19 de ellos republicanos, incluyendo al líder de la minoría del Partido Republicano, Mitch McConnell) y 30 en contra, el plan de inversión en infraestructura de Joe Biden superó una gran prueba en un Senado polarizado.
Ahora es el turno de la votación en la Cámara de Representantes, en donde el Partido Demócrata domina con claridad. Más allá de algunas discrepancias en el seno del mismo partido, todo parece indicar que para el mes de octubre las negociaciones deberían concluir en la segunda instancia de definición para la aprobación del proyecto.
El problema que busca solucionar Biden dentro de su país no posee un solo responsable, sino que radica en la falta de inversión desde hace décadas. El estado en el que se encuentran muchas de las carreteras, aeropuertos y tuberías de agua potable se encuentran en condiciones deplorables para un país como Estados Unidos.
La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles estableció en 2021 que 43% de las carreteras se encuentran en condiciones mediocres o malas y más de 46.000 puentes defectuosos con reparaciones que requerirán muchos años en realizarse. Uno de cada cinco vehículos de transporte se encuentran en condiciones poco aceptables como así también túneles y aeropuertos a lo largo de todo el país.
Una de las razones de las deficiencias estructurales es que jamás se realizó una inversión de tal magnitud en las administraciones anteriores, y es un problema de arrastre. Las famosas carreteras interestatales que logran conectar todo el país fueron construidas en la época del presidente Dwight Eisenhower en los '50. Además, lo que produjo un desincentivo a la actualización de la infraestructura estadounidense es que los fondos para realizar dicho desembolso siempre provinieron del sector público, financiado por impuestos federales. Un aumento de la carga impositiva para mejorar las endebles infraestructuras significaba un costo político demasiado alto para cualquier gobernador en una época electoral.
Los inconvenientes se hicieron notar en muchos estados, tales como los problemas energéticos que sufrió a principios de año el estado de Texas o la mala calidad de agua potable que poseen estados como Kentucky o Michigan.
Donald Trump, consciente de esa problemática, tenía en mente un plan de inversión de un billón de dólares con inversiones privadas y públicas, que mencionó en reiteradas ocasiones durante su presidencia. Sin embargo, nunca se llegó a concretar la propuesta. Antes de su presidencia, en 2015, la Institución Brookings había advertido que China estaba invirtiendo entre cuatro y cinco veces más que Estados Unidos en infraestructura.
En 2019 un informe publicado por el Foro Económico Mundial señaló que Estados Unidos se encontraba fuera de los diez primeros países con mejores infraestructuras. Por debajo de países como Singapur, Japón, Finlandia, Austria, Francia, Emiratos Arabes Unidos, Países Bajos, Hong Kong o Suiza, entre otros. Para Biden, resultaba inaceptable que la primera economía mundial no se encuentre a la par de otras naciones del mundo con menor presupuesto.
La respuesta del Gobierno demócrata a solventar ese gran agujero consta de un plan donde se destinarán US$ 110.000 millones en carreteras, puentes y autopistas; US$ 66.000 millones en ferrocarriles de pasajeros y de mercancías y US$ 55.000 millones en arreglos de suministros de agua, reemplazando las antiguas tuberías de plomo. Otros US$ 65.000 millones en modernizar la red eléctrica y las conexiones a Internet, y US$ 25.000 millones para los aeropuertos como también la construcción de estaciones de carga para vehículos eléctricos, con el objetivo de poder reemplazar los vehículos de combustión interna.
El gasto total inicial del proyecto era de unos US$ 2,2 billones, pero luego de intensas negociaciones el número se redujo a US$ 1,2 billones a través del acuerdo bipartidario: será financiado mediante fondos no utilizados del beneficio de desempleo del paquete de alivio económico y con la venta de reservas de petróleo.
El éxito o fracaso del plan de infraestructura será vital para la presidencia de Biden en su primer año de gobierno, dadas las innumerables críticas recibidas por la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. Más allá de contar con futuros planes de inversión pública, este, en particular, conlleva el aval de muchos miembros del Partido Republicano, lo que indica la imperiosa necesidad del país del norte en solventar una extensa deuda pendiente.
(*) Especialista en Relaciones Internacionales
