"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, sentenció ayer el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La referencia era obvia: el Stand-By Agreement (SBA) firmado entre Argentina y el FMI en 2018.
“Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”, dijo el Jefe de Estado.
“A una Argentina en absoluto default, el FMI le adjudicó un préstamo de US$ 55.000 millones. De esa cifra se desembolsaron US$ 44.000 millones que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces”, agregó Fernández.
“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”, agregó el Primer Mandatario y remarcó que “la inquietud también parece ser compartida en el seno del mismo FMI”, en referencia los análisis que el propio organismo está haciendo del SBA de 2018. Un análisis que, aclaró el vocero del organismo, es de rutina.
Además de la investigación en sí (que probablemente no llegue a nada: de hecho, ya hay una en curso) y el objetivo político de mantener vivos los efectos perniciosos de la herencia de Cambiemos, las palabras de Fernández también apuntaron a Washington. Al FMI, en concreto. “Una deuda tomada por un Gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación”, dijo.
“Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más. Quiero advertir a todos que el acuerdo al que finalmente lleguemos con el FMI será el resultado también del análisis de todos los tópicos que aquí se han mencionado”, agregó Fernández. Haciendo corresponsable al FMI del polémico préstamo, Fernández fuerza (intenta, cuanto menos) reducir la capacidad de presión del organismo ante el nuevo programa.
A su vez, confirmó lo que ya se intuía: no hay apuro para lograr un “deal” con el FMI. “No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre”, dijo. No deben esperarse grandes novedades del viaje que realizará el ministro de Economía, Martín Guzmán, a mediados de mes. Por último, Fernández volvió a ratificar que el acuerdo no debe seguir el manual clásico del FMI. “No hay más lugar para ajustes recesivos”, sentenció.
El BCRA, rápido
Minutos después de que concluyera el discurso presidencial, el BCRA informó que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al acuerdo firmado por Argentina con el FMI para determinar si generaron perjuicios al Estado.
El BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el exMinisterio de Hacienda de la Nación y el Informe de "Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 ? 2019". También las actuaciones administrativas referenciadas y los expedientes tramitados en el propio BCRA.
Esos expedientes fueron remitidos a fines de julio pasado a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación.
En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el FMI “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
“Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018”, informaron desde el BCRA.
Repercusiones
El anuncio presidencial fue bien recibido por los sectores más kirchneristas de la coalición oficial. “El fin de la impunidad de los endeudadores es condición necesaria para que el #NuncaMas a la deuda sea una realidad efectiva. Por eso hoy, quienes hemos trabajado desde el momento cero contra el saqueo de la deuda, celebramos el anuncio de Presidente. La lucha que muchos y muchas hemos dado, atravesados por el dolor de asistir al tercer ciclo neoliberal de sobreendeudamiento externo de nuestro país durante la presidencia de Macri, cobrará pleno sentido cuando el Estado Argentino accione legalmente, como anunció el presidente”, señaló la diputada Fernanda Vallejos.
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Los otros verdes: hidrógeno, cannabis y clima
Además de la mirada retrospectiva, el Presidente anunció algunas líneas de acción hacia adelante. Por un lado, anticipó un proyecto que prevé la utilización del cannabis exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial. “El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años”, dijo el jefe de Estado. Además, dijo: “Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como en la producción en el país de vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”. El compromiso oficial con la agenda verde también se vincula con el cambio climático. “Hay otro tipo de sostenibilidad que también nos importa mucho: es la climática. Por eso estamos absolutamente comprometidos con los principios establecidos en el acuerdo de París. Estamos seguros que el desarrollo del futuro será verde o no va a ser”, dijo y anticipó que se mantendrá el “plan de inversiones para erradicar basurales a cielo abierto, mejorar la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos”.
