Las provincias rentistas y el fracaso económico de Argentina

9 de febrero, 2021

Las provincias rentistas y el fracaso económico de Argentina

Por Marcelo Capello (*)

No es un secreto afirmar que Argentina ha fracasado en términos de crecimiento económico en las últimas cinco décadas, en las que descendimos decenas de puestos en el ranking mundial. Se debe a muchos factores, entre ellos, las características de su organización federal y sus consecuencias en términos de incentivos. En esa línea, uno de los problemas centrales en la organización del federalismo fiscal argentino es el excesivo peso que adquieren las transferencias nacionales en los recursos totales con que cuentan las provincias. En 21 de las 24 jurisdicciones el peso de las transferencias (coparticipación y otras) supera el 50%, y en 4 de ellas resulta mayor al 90% (Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca).

Las provincias rentistas y el fracaso económico de Argentina

Esta situación genera el fenómeno llamado “ilusión fiscal”: como los ciudadanos de muchas provincias pagan con sus impuestos sólo una porción minoritaria del gasto de sus gobiernos provinciales, votan propuestas que prometen alto gasto y empleo público.

Además de los problemas de sustentabilidad fiscal que ello puede acarrear, buena parte de las transferencias recibidas se utilizan para contratar empleo público, más allá de lo que sus funciones justifican.

Así, las provincias más favorecidas por las transferencias suelen contar hasta tres veces la cantidad de empleo público per cápita que exhiben las jurisdicciones menos favorecidas. Luego, las provincias con exceso de personal o de gasto en personal suelen desatender la inversión en infraestructura, que les ayudaría a desarrollar sus economías y mejorar el bienestar de sus poblaciones.

Por caso, en el primer semestre de 2020, Chubut derivó el 84% de sus recursos corrientes al gasto en personal, con problemas para cumplir con los pagos y escaso margen para gastar en otra cosa.

El exceso de empleo público dificulta y encarece la contratación de trabajadores por parte del sector privado, lo que desalienta las inversiones privadas, que se dirigirán a provincias con mejor relación entre productividad y salarios. Pero, además, las inversiones privadas son desalentadas por la mala calidad institucional que suele caracterizar a las jurisdicciones en las que el sector público tiene un peso muy relevante y el sector privado es relegado, pues suelen contar con escasa independencia en la justicia local, problemas para la libertad de expresión, escasa alternancia en el poder, entre otros inconvenientes en sus sistemas democráticos y republicanos, que general un mal clima de negocios. Para profundizar, pueden consultarse los trabajos de Carlos Gervasoni de la UTDT.

La situación anterior ocurre principalmente en las llamadas provincias rentistas, que dependen en alta proporción de las transferencias nacionales y/o en que pesan mucho las actividades de extracción de petróleo, gas y minerales. Finalmente, la escasa inversión privada y pública traba el crecimiento económico, aun cuando suele tratarse de provincias fuertemente subsidiadas a través de las transferencias fiscales de la Nación.

Una posible causa de la configuración del sistema de transferencias fiscales existente en Argentina (y sus efectos perversos) podría estar dada por la excesiva sobre-representación política de algunas provincias. En este sentido, Argentina es uno de los países federales con mayor “sobre-representación” de algunas provincias, no sólo por el hecho que en el Senado de la Nación cada jurisdicción tiene igual cantidad de representantes, más allá del tamaño de su población, sino también porque en la Cámara de Diputados existe una cantidad mínima de legisladores por provincia, lo que aumenta la representación relativa de las provincias menos pobladas. En este marco, las provincias menos pobladas y más sobre-representadas ayudan a diseñar un sistema de transferencias fiscales que las beneficia.

Así, se tiene que en la Cámara de Senadores, las 13 provincias menos pobladas del país, que pueden reunir una mayoría de votos (54%) en dicha cámara y filtrar así la aprobación de leyes, suman sólo 16% de la población y 17% de las exportaciones totales del país, pero explican un 24% del gasto consolidado de las provincias y 25% del empleo público provincial.

Dada esta configuración, se podría esperar que en un país en que el sistema de coparticipación federal de impuestos induce mayor gasto y empleo público, y las provincias más beneficiadas por dicho sistema son las menos pobladas (sean ricas o pobres), éstas podrían a través de su sobre-representación política (especialmente en Senadores), bloquear las reformas que apunten a bajar el peso del gasto público y los impuestos y/o generar un modelo económico competitivo y exportador, porque ambas reformas no las beneficiarían inicialmente. Podrían impedir cambios como los mencionados con su poder de “veto” en Senadores, pues en sus jurisdicciones pesa más el gasto y el empleo público, y un modelo productivo y exportador no las beneficiaría en el corto plazo. Y los políticos generalmente privilegian lo que va a ocurrir dentro de su período de gobierno, no tanto en un futuro más lejano.

Las anteriores características también están ligadas a que la dependencia de los recursos nacionales deriva en escasa autonomía real de muchas provincias, que así deben acompañar con sus legisladores las iniciativas del poder central, que en muchas ocasiones, como ahora, suele recurrir a una coalición política pro-gasto público y alta presión tributaria, generando un sesgo anti-exportador en la economía. Y como no se exporta lo suficiente, el país cae recurrentemente en crisis por escasez de divisas en el BCRA, y/o por los desequilibrios fiscales a los que normalmente conduce el modelo rentista y gastador.

Esta situación perjudica a jurisdicciones más modernas, productivas o exportadoras, como CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos e interior de Buenos Aires, pero quedan en minoría frente al resto, y ni siquiera conforman alianzas entre ellas en función de sus principales intereses. Romper esta lógica resulta fundamental para que Argentina pueda de una vez lograr crecimiento económico a largo plazo y mayor bienestar para su población.  

(*)  Presidente del IERAL