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Hay cada vez más billetes en manos de la gente y menos bienes para comprar

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Jorge Colina 10 febrero de 2021

Por Jorge Colina (*)

El 2020 comenzó con una inflación muy elevada del orden del 54% anual. Los analistas privados relevados por el BCRA, en aquellos tiempos estimaban que 2020 iba a ser un año de una inflación promedio mensual de alrededor del 3%. Esto hacía proyectar que la inflación en el 2020 terminaría en el orden del 40% anual.

Luego vino el inesperado confinamiento por el coronavirus, lo que hizo que la inflación en abril y mayo se ubicara en 1,5% mensual (la mitad de lo que se proyectaba) y en junio y julio, en 2% mensual. Así las cosas, a mitad de año la inflación anual ya estaba en 40% proyectado y finalmente terminó en diciembre en 36%. Viéndolo en esta perspectiva, parecería que la inflación ha sido domada.

De todas formas, cuando se mira la tendencia de la tasa mensual, surge que desde agosto la inflación viene creciendo mes a mes. La pregunta es por qué la inflación anual es descendente cuando la mensual es creciente. La respuesta es simple. La segunda mitad del 2019 fue la de la crisis de las PASO cuando la inflación se ubicó por encima de 4% mensual. En la segunda mitad del 2020, en cambio, la inflación fue creciente, pero por debajo del 4%. Es más, recién en diciembre del 2020 alcanzó el 4% mensual. Por esta razón, si la inflación mensual se mantiene en el orden del 4% mensual o superior, la inflación anual se ubicará bien por encima del 50% y hasta podría orillar el 60% en el 2021.

La pregunta que sigue es si puede la inflación mantenerse por encima del 4% mensual.

Una forma de analizar el estado de la presión inflacionaria es con las variables monetarias.

Según datos del Banco Central, la cantidad de dinero en efectivo en poder del público, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro (lo que los economistas llaman el M2), pasó entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 de $2,5 a $4,6 billones. Esto es un aumento del 84%. En el mismo período la inflación fue, como se dijo, el 36%. Lo anterior significa que la capacidad real de compra de la gente aumentó en 35%.

Hasta aquí, esto sería una buena noticia. La gente tiene más plata para comprar. El tema es que, en el 2020, el PIB de Argentina se contrajo 12%. Esto significa que hay 35% más de billetes dando vueltas en el mercado y 12% menos de bienes disponibles para comprar. Esto claramente trae presión sobre los precios.

También cabe pensar que este mayor poder adquisitivo en una economía hundida debería funcionar como un factor reactivador. Seguramente lo será. De hecho, las autoridades económicas proyectan en el Presupuesto Nacional 2021 que el PIB crecerá 5,5% en el 2021, 4,5% en el 2022 y 3,5% en el 2023.

Pero esto es un crecimiento acumulado del 14% lo que significa que, cuando termine el mandato del actual gobierno, el PIB será igual que en el 2019. Es decir, seguirá habiendo más dinero en poder de la gente con la misma cantidad de bienes.

De todas formas, si la mayor emisión del 2020 se debió a la pandemia y luego pudiera controlarse, esta mayor emisión no sería un problema. El tema es que en Argentina la emisión va a seguir siendo fuerte en los años venideros.

El 2020 cerró con un déficit fiscal primario de 6,5% del PIB y, si bien puede disminuir en los años subsiguientes cuando la pandemia sea controlada, el desequilibrio fiscal se mantendrá. Como el sector público argentino tiene un acceso muy limitado al crédito (sólo puede colocar bonos públicos de corto plazo, atados al dólar y con alta tasa de interés), la única vía de financiar gran parte del déficit es con emisión monetaria. Con lo cual, entre el 2021 y 2023 los billetes en poder de la gente seguirán incrementándose por encima del incremento del 2020, mientras la cantidad de bienes disponibles está en recuperación. Por este motivo es difícil esperar que la presión inflacionaria ceda en los próximos años. Por el contrario, es de esperar que sea creciente, si no se reduce el déficit fiscal.

En este marco, los acuerdos de precios y salarios, los congelamientos tarifarios, los controles de precios, no son instrumentos eficaces para contener la inflación. Lo que se necesita para controlar la inflación es un plan políticamente creíble de acciones consensuadas con todos los actores relevantes (los ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los sindicatos) para reducir el déficit fiscal.

Si, por el contrario, todos estos actores creen que el déficit fiscal no es un problema, la inflación lo será; y lo será de manera creciente.

(*) Idesa

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