Por Víctor A. Beker Economista (*)
A raíz del anuncio de una nueva fórmula sobre la movilidad jubilatoria se ha desatado una polémica respecto a sus beneficios y perjuicios.
En este sentido, se plantean dos cuestiones contrapuestas: el interés de los jubilados de preservar el poder adquisitivo de sus ingresos y el del fisco, interesado en bajar el peso de la seguridad social dentro del presupuesto nacional.
Una primera cuestión que convendría tener en claro es cómo evolucionaron las jubilaciones en el tiempo, en particular la jubilación mínima que percibe casi el 50% de la población beneficiaria.
Como se recordará, la jubilación mínima permaneció congelada en $ 150 a lo largo de todo el periodo de la convertibilidad.
A partir de 2003 se inició un proceso de recuperación de la misma, según puede verse en el gráfico siguiente.
Puede advertirse una fuerte recuperación en el periodo 2003/2007 y un nuevo avance a partir de 2009 para alcanzar un pico en 2013, a partir del cual hay una tendencia a la baja que recién se revierte en 2020.
Con relación a qué puede ocurrir en el futuro inmediato, cabe señalar lo siguiente: la nueva fórmula de ajuste propuesta por el Poder Ejecutivo toma en cuenta la variación de las remuneraciones y la de la recaudación tributaria, por partes iguales.
Al tomar como punto de partida un año profundamente recesivo como el de 2020, podría ocurrir que la recaudación tenga una fuerte recuperación aún por encima de la inflación y algo similar, aunque en menor medida, podría ocurrir con la variable ligada a los salarios. Por esta razón, el proyecto incluye un tope al aumento de las jubilaciones el cual no podrá exceder el incremento en la recaudación de la Anses en más de 3%. Se restablece así una norma que ya estuvo vigente entre 2009 y 2017.
(*) ExDirector de Estadísticas Económicas del Indec
