Por Juan Yannuzzi (*)
Hace tres años que el 1° de octubre no es una fecha cualquiera en Cataluña. El intento de referéndum independentista celebrado en 2017 representó la cumbre del escalamiento en el conflicto entre el Estado español y la Generealitat. La evolución de los acontecimientos en la democracia reciente catalana nos muestra que este pico de tensiones presentó luego un escenario de estancamiento relativamente pacífico. Esta paz fue interrumpida por la decisión del Tribunal Supremo español de inhabilitar al presidente de Cataluña por un año y medio.
El fallo judicial deriva de una serie de incumplimientos por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma, todos ellos relacionados con la utilización de las instituciones públicas para una causa considerada partidaria. En particular, el caso que llevó a la inhabilitación del sucesor del exiliado Carles Puigdemont fue la decisión de mantener, luego de reiterados exhortos judiciales, banderas y símbolos independentista en edificios de gobierno. La decisión del ahora expresidente fue acatar y llevar el litigio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la estrategia de aprovechar las instituciones supranacionales es utilizada con frecuencia por sus correligionarios como respuesta al bloqueo legal en el plano nacional.
Parece abusivo que un presidente subnacional, electo democráticamente, sea removido de su cargo por un tribunal nacional por no sacar una insignia del balcón de la Casa de Gobierno. Aún más si el símbolo en cuestión hace referencia a la defensa de derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión. Estos argumentos son la base del discurso independentista y calan hondo en casi la mitad del electorado catalán. La liberación de los presos políticos y el derecho a la autodeterminación son las principales banderas del oficialismo regional desde hace tres años.
Esta decisión aparentemente dictatorial del Tribunal Supremo se basa en la ilegalidad irrefutable de utilizar recursos públicos para beneficio personal o partidario. Sin embargo, la inhabilitación tiene su base argumental en el continuo desprecio de los partidos oficialistas catalanes hacia las instituciones españolas. Desde esta óptica, resulta difícil defender otro proceder siendo que, de seguir habilitando este tipo de accionar, se atenta contra las bases de la unidad y el Estado de Derecho español.
Los últimos tres años de la vida pública catalana están marcados a fuego por un estancamiento multidimensional. La parálisis no se da únicamente en el “procés” independentista. La región presenta uno de los menores niveles de crecimiento económicos del país, relacionado a la falta de inversión producto de la incertidumbre generada por el intento de secesión. El oficialismo subnacional no se cansa de presentar como principales banderas de gobierno y gestión a la lucha por la libertad de los políticos presos, la garantía de los derechos políticos y las negociaciones/presiones para conseguir mayor autonomía.
¿Cómo se sale de esta situación? Sin pretender responder esa pregunta, se puede pensar como se sigue en esta situación. Entonces la pregunta podría formularse así: ¿Quiénes se benefician del estancamiento multidimensional? Responder esto requiere varias aclaraciones previas.
La sociedad catalana está dividida políticamente por varios clivajes, estos son divisiones sociales que se traducen en distintas alternativas de representación partidaria. Más allá de las divisiones sociales típicas de las democracias europeas, en Cataluña predomina el clivaje soberanista y este produce que el sistema de partidos tenga presiones hacia la atomización. Dado que es transversal al resto de las divisiones ideológicas, pero con suficiente fuerza como para provocar la emergencia de otros partidos, el factor del independentismo genera una virtual duplicación del sistema de partidos.
Sumado al multipartidismo extremo (1), el sistema electoral que sobrerrepresenta a las provincias catalanas menos pobladas, dándoles más peso en el Parlamento regional, produce una distorsión de la voluntad popular que beneficia a los partidos independentistas. Esta afirmación queda corroborada al analizar los votos y la distribución de bancas. Desde el 2010 los partidos que conforman el oficialismo catalán lograron formar gobiernos gracias a mayorías absolutas de bancas, obteniendo como máximo 48% de los votos en conjunto. Estos partidos han cambiado a lo largo de los últimos 5 años. Luego de la fallida consulta popular independentista del 2014, el principal frente se dividió en seis partidos. Esta evolución muestra la existencia de un electorado independentista latente sin clara identificación partidaria, pero que en conjunto no alcanzan la mayoría necesaria para cumplir su objetivo.
Esta breve descripción del sistema político catalán es necesaria para comprender quienes son los beneficiados por el estancamiento. Los partidos independentistas necesitan mantener vivo el clivaje que atraviesa a la sociedad y permite mantener vigente el discurso soberanista. Se benefician de que la polarización generada por esta división social sea lo suficientemente fuerte como para asegurar que exista un subsistema de partidos independentistas dentro del sistema de partidos de la región, ya que gracias a esa fragmentación intramovimiento pueden mantener una mayoría parlamentaria sin tener la mayoría democrática. Esto se debe a que garantiza la representación de un electorado plural en términos ideológicos, pero que tienen en común la causa soberanista, y también porque, gracias a la formula de asignación de bancas del sistema electoral, es preferible para el independentismo presentarse en más de una opción partidaria.
La inhabilitación del presidente Quim Torra probablemente generará una nueva ola de manifestaciones y más argumentos para fundamentar el discurso independentista. El fallido intento de referéndum del 1° de octubre de 2017 mostró que una embestida nacional a las instituciones catalanas no genera perjuicios, ni beneficios, para los partidos soberanistas en términos de cantidad de votos. No parece haber en el horizonte indicios de salida de la situación en el que se encuentra Cataluña, y no los habrá mientras los partidos catalanes sigan teniendo incentivos para profundizar la polarización y, por ende, prolongar el estancamiento.
(*) Politólogo y Maestrando en Integración Regional
(1) Número Efectivo de Partidos (NEP) 4,7: calculado en base a la distribución partidaria de las bancas del Parlamento Catalán luego de las elecciones de diciembre del 2017
