Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
Recorriendo la opinión sobre la coyuntura macroeconómica surgen preocupaciones variadas, pero la más insistente reclama la revelación de un “plan económico”. La demanda es ubicua pero imprecisa, y lo apropiado de la recomendación depende de la especificación del término.
El sentido más general de “plan económico” surge de su asociación a la multitud de programas de amplio alcance que se ensayaron a lo largo de los últimos 40 años en el país. La palabra “plan” es suficientemente abarcativa y señaliza un conjunto de medidas drásticas que buscan alterar un sendero no virtuoso. Cada uno de estos planes tenía un nombre identificatorio (Pautas Cambiarias, Austral, Primavera, Convertibilidad, etcétera). Su elemento común era la necesidad de estabilizar la inflación, que alteraba gravemente las decisiones privadas y la capacidad de ejercer la política económica.
En el sentido tradicional que se le ha dado en Argentina, un plan económico no es otra cosa que un intento, a veces desesperado, de cambiar violentamente de rumbo. Lo que manifiesta esta etiqueta es que no alcanza con políticas específicas destinadas a estabilizar, sino que es necesario también anunciar un conjunto completo de medidas de manera estridente. La razón es que la estabilización requiere modificar sustancialmente las expectativas de formación de precios, que en marco de los regímenes de alta inflación predominantes en la época contaban con una inercia difícil de contrarrestar.
Un plan económico así caracterizado se suele presentar y recibir como un acto de última instancia, como el reconocimiento implícito de que nada está bien, ni puede estarlo, si no se produce un cambio inmediato y drástico. Desde luego, este tipo de anuncios no son apropiados para situaciones no terminales, y menos todavía si de lo que se trata es de navegar en el tratamiento de shocks transitorios como el de la pandemia.
Otra interpretación del término “plan económico”, posiblemente más a tono con los reclamos actuales, es como sinónimo de compromiso del establecimiento de límites más estrictos a la acción de la política macroeconómica. Las reglas duras asumen que el policy maker se topa una y otra vez con la frustración de que sus políticas inconsistentes le explotan en la cara, y que por lo tanto sus decisiones deben ser cuidadosamente enmarcadas y restringidas.
La contrapartida de esta perspectiva extrema es el abandono de toda flexibilidad para actuar ante circunstancias cambiantes. Los compromisos estrictos en medio de una crisis que es pura incertidumbre no parecen ser una solución virtuosa en lo inmediato. Peor aún, crear metas imperativas sin saber si se podrán cumplir o no es una invitación a fallar y a corregir procederes, lo que termina afectando la credibilidad de posibles reglas futuras que sí podrían ser efectivas en tiempos más normales.
Esto no significa que los lineamientos generales de la macroeconomía y de las variables principales hoy estén ausentes. Renegociar la deuda y recuperar la curva de rendimiento en pesos son políticas que se presentaron como prioritarias y se están llevando a cabo de acuerdo a lo planeado. Antes de la pandemia se presentaron objetivos para dominar las cuentas públicas a fin de recuperar la capacidad de hacer política económica responsable, pero la pandemia trajo otras prioridades, reconocibles en las medidas expansivas llevadas adelante en todo el mundo. También hay afirmaciones repetidas en torno a la importancia de restablecer la situación externa mediante un empuje de las exportaciones.
Finalmente, la presentación a mediados del mes próximo del Proyecto de Ley de Presupuesto aportará nuevos detalles sobre la marcha de la economía, pero una vez más, no debemos asumir estos números como definitivos o como compromisos estrictos en medio de la mayor crisis de los últimos cien años.
