Por Daniela González Greco Abogada especializada en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires
Es difícil pensar que algunos sectores aún continúen dudando respecto de si Venezuela está atravesando por una crisis humanitaria o no.
La crudeza que reflejan las imágenes de las calles de Venezuela son refrendadas por estadísticas claras y contundentes. Según la Dirección de Migraciones, en Argentina, y solo durante 2018, se resolvieron 221.892 radicaciones, entre las cuales 70.531 fueron de venezolanos, posicionándose éstos en el puesto número uno del ranking.
Venezuela está siendo azotada por una profunda crisis económica, institucional, política y social que redunda en la peor crisis humanitaria de la región.
La cantidad de desplazados es abrumadora. Aún así, resulta incluso más aterradora la violación sistemática de los derechos humanos a la población que todavía sobrevive y mantiene su residencia en nuestro querido país hermano. Los venezolanos migran para no morir. Se les priva de trabajo con salarios decentes, de comida, de medicamentos, en definitiva, se los priva de libertad y de dignidad. Incontables son ya los relatos diarios de los migrantes, quienes sólo transmiten desolación y una profunda pena por los familiares que aún les quedan allí, con historias escalofriantes.
¿Alguien puede seguir pensando entonces que se trata de un gobierno “progresista” (como suelen decir)? El régimen de Nicolás Maduro, lejos de proteger y bregar por la defensa de los derechos humanos, llevó a la regresión, atentando contra la vida de sus ciudadanos, que debiera ser lo más preciado que tenga cualquier gobierno.
Las calles en Venezuela ?y en distintas partes del mundo- han venido gritando y exigiendo de manera desesperada un cambio y la vuelta al camino de la democracia, al Estado de Derecho y la institucionalidad. Finalmente, desde enero pasado, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es también el Presidente Encargado de la República, reconocido por una gran cantidad de Estados y Organismos Internacionales, entre los que se destaca la Organización de Estados Americanos. Días después, en nuestro país, ha sido designada la abogada y diplomática, Elisa Trotta como la Representante (Embajadora) de Venezuela en Argentina.
Trotta trabaja por la defensa de los derechos humanos de los venezolanos desde hace años y ha realizado acciones por demás positivas. Tal es así que en marzo lanzaron una “Unidad de gestión para el apoyo a la reconstrucción de Venezuela”, que depende de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con Puntos Focales en los distintos Ministerios y Secretarías para poder brindar soluciones a los problemas de los venezolanos.
De a poco, pareciera que Venezuela está girando ligeramente su timón. Pero ello representa uno de los desafíos más grandes para toda la región latinoamericana y para lograrlo es preciso involucrar a los distintos actores.
¿Cómo se vuelve a un orden constitucional y democrático? ¿Cómo se reactiva y restablece la economía? ¿Cómo se devuelve a los ciudadanos la paz, la Justicia y todos sus derechos?
El lunes pasado, Trotta junto a diputados venezolanos, presentaron un esbozo de respuesta a todos los interrogantes que surgen frente a esta crítica situación por la que está atravesando el pueblo venezolano. En la Universidad de Belgrano y frente a un auditorio repleto de autoridades nacionales, legisladores y empresarios, presentaron el denominado “Plan País”, que busca ser una estrategia a mediano y largo plazo para la reconstrucción de Venezuela, para el “día después” de que cese la usurpación del gobierno y Venezuela consiga retornar a sus bases democráticas. Dicho plan está dividido en 5 partes: un Preámbulo ?donde se hace referencia a la brutal crisis económica y a la emergencia humanitaria- y, las partes 2 a 5, que son acuerdos en materia de políticas económicas, empoderamiento a los ciudadanos y acceso a servicios públicos, políticas sobre hidrocarburos y políticas sociales (dentro de las que se incluyen programas de abastecimiento y acceso a alimentos; atención sanitaria; programas especializados para los sectores más vulnerables y la promoción de empleos de calidad).
A priori, suena ilógico que en una sociedad actual se tenga que plantear una agenda que prevea estas cuestiones, como si fuese un contrato social. Sin embargo, cuando se ha quebrado el Estado de Derecho y rige la falta de información y la corrupción, hay que “barajar y dar de nuevo”. Y esto es justamente lo que pretende este Plan País, coordinado internacionalmente por Darío Ramírez.
Aunque puede parecer un plan faraónico, su objetivo principal no es otro que el restablecimiento de los derechos fundamentales: democracia, paz, justicia, estabilidad económica, seguridad alimentaria, acceso a servicios públicos. Venezuela principalmente, pero también gran parte de la sociedad internacional, no quieren un solo muerto más por esta crisis.
Por ello, el plan busca ser colaborativo y hace un llamado a la sociedad global, entendiendo que será fundamental la ayuda de organismos multilaterales, donaciones internacionales y préstamos para poder llevarlo adelante.
Es momento de que toda la comunidad internacional se involucre y preste su ayuda para que Venezuela y toda su gente puedan salir adelante. Y, en fin, desmitifiquemos de una vez: los derechos humanos no pertenecen a un determinado grupo político o sector social, no tienen dueño, son intrínsecos a los seres humanos. Todos aquellos que sean personas de bien, con valores, nobles y tolerantes, independientemente de su ideología partidaria, serán defensores de los derechos humanos fundamentales. Tenemos justo delante nuestro la oportunidad de demostrarlo y hacer historia.
