por Héctor Rubini (*)
La semana pasada, el Banco Mundial (BM) publicó la edición 2017 del informe “Doing Business”, que evalúa las dificultades para desarrollar actividades empresariales en el mundo por las regulaciones de los gobiernos. En este caso presenta los resultados de la evidencia recopilada entre junio de 2015 y 2016.
El organismo computa un indicador representativo de prácticas empresariales acorde al mejor desempeño posible. La distancia de cada país respecto de ese nivel de frontera se asocia a menor facilidad para realizar negocios y peor posición relativa por trabas burocráticas y regulatorias de los gobiernos.
Sobre 190 países, el de menor distancia y mejor posicionado es Nueva Zelanda, superando a Singapur, que fue el primero del año pasado. Dinamarca sigue en el 3° puesto y Hong Kong pasó al 4°, desplazando a Corea del Sur al 5°. En el otro extremo, aparece en el puesto 186° Sudán del Sur, luego Venezuela, Libia, Eritrea y finalmente Somalia.
En América Latina y el Caribe, más de dos tercios de los 32 países aplicaron reformas para mejorar el clima de negocios. Sin embargo, entre los diez países que redujeron los costos burocráticos y regulatorios en el mundo en al menos tres áreas no se encuentra ninguno de nuestra región.
¿Y Argentina?
Aparece en el puesto 116°, avanzando cinco lugares respecto de la edición del año anterior. Sin embargo, hay unos cuantos países de nuestra región mejor posicionados: México (47°), Colombia (53°), Perú (54°), Puerto Rico (55°), Chile (57°), Costa Rica (62°), Jamaica (67°), Panamá (70°), Guatemala (88°), Uruguay (90°), El Salvador (95°), Trinidad & Tobago (96°), Dominica (101°), Rep. Dominicana (103°), Honduras (105°), Paraguay (106°), Belice (112°), Antigua y Barbuda (113°) y Ecuador (114°).
Respecto de 2015, Argentina dejó atrás a Barbados, Brasil (descendió siete posiciones), Bahamas y San Vicente y las Granadinas, que también superaban a nuestro país. Aun así, el rezago respecto de buena parte de otros países de la región, y de más del 50% de países del mundo indican que ya es hora de abandonar el intervencionismo burocrático de la última década y media.
El informe incluye a nuestro país entre los que en 2015-2016 ha reducido la complejidad regulatoria y los costos de las instituciones legales, pero en su primera página observa que Argentina tiene el dudoso “honor” de ser un país donde la apertura de una nueva empresa exige 14 procedimientos o trámites burocráticos, el doble que el promedio mundial. Allí se indica que “tal vez no sorprenda que en Argentina haya sólo 0,43 nuevas empresas formales por cada 1.000 personas adultas”.
También se observa que “además del complicado proceso de apertura de empresas en Argentina, si la firma no es exitosa, de cada dólar invertido sólo se recuperan 23 centavos de dólar después de un proceso de cierre por insolvencia”.
Respecto de las reformas del último año en nuestro país, el informe destaca que el nuevo Sistema de Monitoreo de Importaciones ha reducido el tiempo de trámites burocráticos para esas operaciones de 336 a 192 horas. Reconoce una mayor facilidad para cumplir con las obligaciones tributarias gracias a mejoras en el portal online de la AFIP, pero también un aumento de dificultades para los nuevos permisos de construcción por el incremento de las tasas municipales.
Los números muestran que Argentina muestra mejores indicadores que el promedio de la región en varias áreas, pero sigue visiblemente alejada de los países de altos ingresos de la OCDE. Para abrir una nueva empresa en Argentina, decíamos, se requieren 14 trámites mientras que el promedio de la OCDE es 4,8. En Argentina esto insume 25 días mientras que el promedio de la OCDE es de 8,3 días. En el resto de América Latina sólo en Venezuela se exigen más trámites (20) que en nuestro país.
En cuanto a los días para cumplir con estos trámites, varios países registran demoras superiores a los 25 días de Argentina. Sin embargo, todavía lejos de los de menores demoras: Colombia (9), México (8,4) Uruguay (6,5), Panamá (6), y Chile y Puerto Rico (5,5). A su vez, para obtener una conexión de energía eléctrica, la demora promedio en Argentina es de 92 días, pero en Paraguay es de 67 días, en Brasil 64,4, en Uruguay 48, en Chile 43,3 días y en Bolivia 42.
En cuanto a la carga tributaria sobre las ganancias de las empresas, el informe considera la suma de Impuesto a las Ganancias, cargas previsionales, impuestos sobre la propiedad y transferencia de propiedades, sobre dividendos, ganancias de capital y transacciones financieras, y otros tributos. La presión impositiva así medida es de 106% de las utilidades corporativas, la mayor de la región, superando por lejos al promedio regional (46,3%) y de la OCDE (40,9%).
Estos indicadores son coherentes con los del “Informe de Competitividad Global 2016-2017” del World Economic Forum, donde nuestro país aparece en el puesto 104° entre 138 países evaluados. Respecto de la calidad de instituciones y del entorno macroeconómico, Argentina ocupa allí el 130° lugar, y en cuanto a eficiencia de mercados de bienes, el 135°. En este último aspecto, la carga tributaria sobre las utilidades empresariales en Argentina es de una magnitud tal que aparece aun peor ubicada: en la última posición (138°). Otra contundente refutación empírica a una recurrente mitomanía local según la cual las ganancias empresariales pagan “pocos impuestos” en nuestro país.
Si se desea ganar competitividad, se impone entonces mejorar la eficiencia del Estado y reducir los obstáculos a las actividades empresarias. Y esto exige, entre otros componentes, una reducción de la presión tributaria, y no aumentarla. Y junto a ello, alguna forma de reducción del nivel y aumento de la eficiencia del gasto público. De lo contrario, se correrá el riesgo de pasar, en no mucho tiempo, de la “trampa de los ingresos medios” a la “trampa de ingresos bajos”.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
