Al equipo económico (con todas sus heterogeneidades) se le torna cada vez más compleja la tensión entre la meta de crecimiento y la de inflación. La primera es impostergable más allá de fines del corriente año y comienzos de 2017, habida cuenta que una derrota en las elecciones de medio término es un lujo que el Gobierno no puede darse a los efectos de terminar armónicamente su mandato con la esperanza de renovarlo, y en la fortuna electoral incidirá fuerte la performance de la economía.
Pero la meta de inflación controlada, dado el curso que tomaron los acontecimientos económicos hasta el presente (devaluación + quita de retenciones + aumento de tarifas + deslizamiento cambiario reciente), se vuelve muy difícil de alcanzar en la medida en que el Gobierno no logre encauzar las paritarias con subas de salarios nominales por debajo de la inflación acumulada; o en tanto no cristalice en la práctica la posibilidad de recurrir al financiamiento externo a partir de un principio de acuerdo con los holdouts, que le permita recurrir al antídoto de la deuda.
Este antídoto permitiría compatibilizar las metas de inflación y crecimiento. Torna posible, dentro de ciertos parámetros, sostener el tipo de cambio en un sendero gobernado por la autoridad monetaria; ello contribuye, a su vez, a controlar la dinámica de los precios desacelerando la inflación y posibilita mejorar los salarios reales sin comprometer la rentabilidad, moderando el ajuste de la actividad, y eventualmente creciendo hacia fin de año. El aumento de la actividad demanda endógenamente divisas, justo lo que el ancla cambiaria y un bien negociado en deudamiento proporcionan.
Una estrategia de política semejante derivaría en un patrón de crecimiento similar al verificado entre 1991 y 1995, cuando la apreciación que siguió a la convertibilidad como ancla cambiaria ?incrementando los salarios reales- y la estabilización de precios poshiperinflación ?que generó un boom de crédito? indujeron una fuerte expansión del consumo.
Fuera de esta hipótesis, las perspectivas de la actividad económica son sombrías para este año, donde el PIB podría retroceder entre 1,5% y 3%. Más aún, en un contexto global en franco deterioro (dólar fuerte + depreciaciones generalizadas + precios de commodities a la baja + incertidumbre y volatilidad financiera) y una economía brasileña (tan sensible para nosotros) cuyos indicadores macro fundamentales empeoraron todos en el último año: el PIB cayó 3,6%, 8,6% la industria de transformación, el desempleo ascendió a 7,1% con sesgo creciente y la inflación supera el 10% anualizada. Brasil representa más del 52% de nuestras exportaciones industriales.
Ahora bien, es importante insistir que los resultados del endeudamiento dependen de la estrategia de política económica. Porque la deuda, desde ya, puede financiar otra cosa y no las divisas que el crecimiento insume. Como sostiene el economista Fabián Amico: “Deuda para crecer supone un esquema de política cuyos objetivos sean el crecimiento, la inversión en infraestructura y la preservación del salario real. Si los objetivos son otros, por ejemplo, bajar el costo laboral (para recomponer rentabilidad global) y hacer ajuste fiscal contractivo, el objetivo del crecimiento queda relegado”. En este contexto, la toma de deuda podría servir para hacer transferencias “postergadas” como utilidades y dividendos, pagos de deuda e intereses y, por supuesto, recomponer parcialmente las reservas, pero no para crecer.
Si bien hasta el momento la conducción económica parece más volcada a mantener un tipo de cambio alto, el escenario podría modificarse tras conocerse el resultado de las negociaciones paritarias en los próximos meses.
