La reforma laboral suele tener "mala prensa". Y, a decir verdad, se la ganó porque en los últimos años cada vez que se intentó una, siempre se partía de flexibilizaciones y modificaciones que implicaban retrocesos en los derechos laborales adquiridos, y limitaciones a la libertad sindical de los sindicatos que los representan.
Ahora, ¿eso quiere decir que no es necesario ningún cambio o actualización en los marcos laborales normativos? Claro que no. La ley de Contrato de Trabajo por la que nos regimos es de 1974. De hecho, cumple 50 años.
A lo largo de estas cinco décadas se han realizado algunas modificaciones sobre esa ley, pero debemos darnos una discusión profunda para reformarla de manera tal que garantice y amplíe los derechos adquiridos de las y los trabajadores y que contribuya a que se generen más y mejores oportunidades de empleo.
Una discusión en la que participen el Estado, el sector privado y, por supuesto, los sindicatos como representantes de los trabajadores.
De ninguna manera puede generarse una reforma por DNU, tal como se intentó hace unos meses y que finalizó con que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al amparo que presentó la CGT contra el Gobierno por ese decreto de necesidad y urgencia, declarando su invalidez.
En este nuevo avance el Gobierno intenta incluir la reforma en la "nueva" ley bases.
La reforma que se realice debería contemplar el nuevo y dinámico escenario del mundo laboral actual, que sin dudas ha cambiado en estos cincuenta años, tanto por su composición, como por las nuevas tecnologías y los nuevos empleos que se han ido creando en función de las demandas del mercado y contextos de crisis que impactan de manera directa en la educación y el trabajo argentinos.
Oportunidades para el empleo joven; capacitación continua; inclusión; mecanismos de beneficios fiscales que alienten a las pymes a contratar nuevos empleados y la relación tareas de cuidado deberían ser temas de discusión obligatorios si se pretende una reforma moderna y adaptada a los tiempos que corren y a las necesidades de los novedosos formatos y vínculos laborales.
Sin embargo, poco de eso hay en el texto sobre "modernización laboral" y de "empleo público" que se discute en estos días.
Extender el período de prueba de los trabajadores, eliminar las multas a los empresarios por empleo no registrado; sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral nada tiene que ver con garantizar más derechos a los y las trabajadoras o brindar un marco que permita generar más y mejor empleo.
Además, limita la participación sindical, por ejemplo al modificar el artículo 18 de la 25.164, ley marco de regulación de empleo público nacional que sostiene que el personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, pero le quita la posibilidad a las asociaciones sindicales de controlar y verificar "el cumplimiento de los criterios indicados".
Según el diccionario una reforma es aquello "que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo" y en el mismo sentido si hablamos de "modernización" tal como dice el dictamen.
Pero en este caso se modificarán algunos artículos, pero nada que represente una mejora para las y los trabajadores.
Insisto, hasta que no haya una discusión profunda en la que participen el Estado, el sector privado y, por supuesto, los sindicatos como representantes de los trabajadores, será muy difícil avanzar en los cambios que el mundo del trabajo actual necesita.
Es allí, en ese debate, en el que las organizaciones sindicales deben hacer un aporte constructivo siendo traductoras y transmisoras de las demandas y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que hoy no se sienten representados.
