Leyendo y releyendo, el proyecto de Ley Ómnibus sigue sorprendiendo. Esta vez le tocó a la normativa del debate presidencial "obligatorio".
Si nos remontamos a la historia de los debates presidenciales en nuestro país, estos son un acto fallido. Podríamos comenzar a enumerarlos a partir de 1989, porque previo a ello no existió ni siquiera la intención de realizar alguno. En ese momento, el programa Tiempo Nuevo invitó a los candidatos Eduardo Angeloz y Carlos Menem a participar de un debate. Únicamente uno de ellos asistió, por lo que se creó el dicho de la "silla vacía".
El segundo caso fue en el 2015, casi tres décadas después, cuando Daniel Scioli se negó a la invitación de una ONG para las elecciones generales. Aunque, con una elección de por medio, aceptó presentarse al debate del balotaje.
Ya en el 2016, se propuso la Ley de Debate Presidencial Obligatorio, cuyo capítulo fue insertado dentro del Código Nacional Electoral. Allí se plantearon pasos a seguir, plazos temporales y, al ser obligatorio, sanciones para quienes no participen.
El primer debate presidencial bajo esta normativa fue en el 2019, aunque únicamente en las generales debido a que Alberto Fernández ganó en primera vuelta. Cuatro años después, en el 2023, se produjeron por primera vez dos debates presidenciales obligatorios en la Argentina.
Ahora bien, si pensamos en el 2027, podría haber más sillas vacías como en el caso de 1989. ¿Por qué esto es así? Esto se debe a que, de aprobarse la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el debate presidencial no sería más obligatorio, sino más bien opcional.
El artículo 468 de la Ley Ómnibus, que no contiene título, modifica el artículo 64 septies del Código Nacional Electoral, eliminando por completo su segundo párrafo. El contenido de este es justamente la sanción que explica la obligatoriedad de asistir al debate presidencial: "serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual". Como bien sabemos, sin sanción no hay obligación.
A pesar de toda esta información, en el debate público y especialmente en las comisiones de la Cámara de Diputados, no se oyeron dichos sobre el tema.
Con el fin de no alargar el asunto y promover la deliberación al respecto, caben algunas reflexiones.
- ¿Cómo serían los debates presidenciales de aprobarse el proyecto?
- ¿Un modelo de debate opcional no profundizaría la polarización política? ¿no estaríamos perdiendo una de las pocas instancias de diálogo entre la dirigencia política para con la sociedad?
- Si el voto es obligatorio (es decir, la sociedad está obligada a expresarse), ¿no debería también ser obligatorio la expresión de los candidatos en un debate?
- En definitiva, ¿estaríamos promoviendo más "sillas vacías"?
Estas son algunas preguntas que surgen a partir de la investigación. Esperemos que esto se vea reflejado en los medios, en el recinto y en las charlas de café de tantos argentinos que quieren un país mejor.
