El Gobierno de Javier Milei anunció que trabaja para el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), agrupación de países que promueve reformas de calidad institucional y libre mercado.
No es mi intención evaluar la relevancia o conveniencia de esto, ya que como director de la Oficina de Políticas Informadas en Evidencias de la Legislatura de la CABA asumo el compromiso de evitar juicios de valor y limitarme a la asistencia técnica en el uso de datos y evidencias. Como dijo Max Weber, la política marca los fines y la ciencia ofrece métodos y conocimientos para considerar los medios.
Además, desde el punto de vista técnico tampoco sería correcto estimar efectos o hacer recomendaciones siguiendo la lógica deductiva de las "recetas universales" o la lógica inductiva de las "buenas prácticas" por el riesgo de omitir factores contextuales que inciden en la efectividad de las políticas estatales.
No obstante, quería destacar uno de los pilares de la OCDE, su enfoque de política informada en evidencia (PIE) conocido como Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés), y el trabajo que realizamos desde la Legislatura en sintonía con el RIA.
El RIA propone estimar y medir tanto los efectos positivos como negativos de las regulaciones propuestas y existentes con el propósito de hacerlas más efectivas y eficientes. Se trata de desarrollar las capacidades estatales de crear y usar conocimiento, pensando no solo en la cantidad sino también en la calidad de las políticas económicas, ambientales, educativas, etc.
Según la propia OCDE, cada país miembro adopta alguna forma de RIA. Algo que pude comprobar en una investigación propia en 2021 al identificar que 10 países miembros (Alemania, Chile, España, Estados Unidos, Francia, México, Reino Unido, Suecia y Suiza, además de Perú y Ecuador que no la integran) regulan la evaluación legislativa aunque cada uno de distinta forma: en todos de manera ex ante (proyectos de ley) y solo en algunos de manera ex post (leyes).
Veamos algunos patrones.
Primero, un instrumento jurídico (la Constitución, un reglamento, una resolución) que promueve la "evaluación prospectiva" o el "análisis de costo-beneficio" de proyectos en materia fiscal, de género, ambiental, entre otros aspectos. Segundo, para hacerlo, los policymakers cuentan con recursos de ayuda ("guías", "manuales", "cuadernos", "listas de verificación"). Y tercero, cuentan con servicios de información para que dicha evaluaciones no estén basadas en percepciones sino en datos y evidencias de rigurosidad científica.
Precisamente, el proyecto Políticas Informadas en Evidencias creado en la Legislatura de la Ciudad en 2022 por iniciativa de la Vicepresidencia Primera y la Secretaría Administrativa nace de la necesidad compartida por todos los bloques políticos de contar con herramientas semejantes. En ese sentido, constituye una iniciativa pionera en Argentina en línea con los parámetros internacionales.
Uno de sus hitos, la Guía de PIE que publicamos en mayo de 2023 junto a los académicos Guadalupe Nogués, Gastón Gertner, Celina Cantú, Celeste Box y Martín Alessandro, aporta a los legisladores una caja de herramientas para poder hacer evaluaciones ex ante de proyectos.
En particular, las nueve preguntas-guía del Capítulo 3 que me ha tocado redactar recogen mucho de la experiencia internacional aunque se adaptan a la idiosincracia local. Tanto en esta Guía como en el curso autogestionado que la complementa, se ofrece una metodología para evaluar la pertinencia de nuevas regulaciones (Pregunta 1), explorar alternativas (Pregunta 4), estimar efectos (Pregunta 4) y analizar la pertinencia del uso de evidencias, su calidad y alcances (preguntas 5, 7 y 8), entre otras cuestiones, en el marco de una estrategia de participación ciudadana y análisis multidisciplinar para abordar los desafíos y limitaciones de los enfoques de PIE.
Esta iniciativa puede considerarse innovadora si se tiene en cuenta que tanto el Congreso de la Nación como la Legislatura porteña solamente contaban con recursos de apoyo enfocados en los procedimientos parlamentarios y en la técnica legislativa.
En ese sentido, un enfoque parlamentario de PIE permite superar el límite de un mero análisis de viabilidad jurídica. Esto es, siguiendo a Alfonso Santiago, Ignacio Boulin y Enrique Cadenas en Innovar el derecho administrativo, al no considerar las evidencias de políticas, se asimila como iguales ante el derecho opciones que pueden tener distintos efectos o que para lograr el fin buscado recorren caminos diferentes.
En suma, en el marco de las reformas de calidad institucional que implicaría el ingreso de la Argentina a la OCDE, se puede encontrar hoy en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires herramientas metodológicas para asumir el desafío técnico y administrativo de institucionalizar la evaluación legislativa informada en evidencia en todo el país.
