En los últimos años, Rosario fue dejando atrás su fama ilustre para convertirse en una de las ciudades más peligrosa del país.
La ciudad sufrió una ola de terror con asesinatos perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad santafesina como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos.
La violencia creció en los últimos días con los asesinatos a sangre fría de un joven trabajador de una estación de servicio, dos taxistas y un conductor de autobús, todos muertos a tiros, y al azar, por sicarios vinculados al narcotráfico en la zona. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado cuando cumplía con sus tareas habituales.
Además, dos escuelas y un centro de salud recibieron notas intimidatorias, algunas con amenazas de muerte explícitas y municiones incluidas.
La Policía de Santa Fe también recibió varias denuncias de estaciones de servicio y otros comercios por llamados extorsivos hechos en nombre de Los Monos.
A su vez, se encontró una nota con amenazas de muerte dirigidas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmadas por 'Zona Norte, Sur y Oeste', en referencia a los barrios periféricos de Rosario, donde operan estas bandas. "Hasta que Pullaro no pare, vamos a matar", decía el texto.
Las medidas tomadas
El Gobierno anunció la creación de una "Unidad antimafia" para combatir el crimen organizado. A través de una Resolución del Ministerio de Seguridad, firmada por su titular, Patricia Bullrich, se busca promover un abordaje integral y multiagencial para luchar contra el narcoterrorismo.
Según se detalló, el objetivo de la Unidad antimafia será colaborar en "la detección y prevención del accionar de organizaciones criminales de tipo mafioso" en el país, así como "centralizar información proveniente de investigaciones donde se encuentren involucradas organizaciones criminales del tipo mafioso en el territorio nacional".
También tendrá a su cargo el desarrollo de indicadores y la elaboración de informes periódicos a fin de detectar "zonas calientes".
El lunes, el Gobierno nacional había conformado un comité de crisis por la violencia narco en Rosario, para intervenir en la ciudad con las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas.
También desde el Ministerio de Justicia lanzaron el miércoles una batería de anuncios, entre los que se encuentra un proyecto de reforma del Código Penal. Además, la cartera que lidera Mariano Cúneo Libarona puso en funcionamiento el sistema acusatorio en Rosario, una medida que apunta a darles más poder a los fiscales.
Desde que se creó el Comité de Crisis para combatir al "narcoterrorismo" que acecha a Rosario, el Gobierno convocó al ministro de Defensa, Luis Petri, para contar con la asistencia de las Fuerzas Armadas en los operativos, aunque las normativas vigentes le imponen varias limitaciones a su accionar en el territorio.
Por eso, el presidente Javier Milei anunció que buscará modificar la ley para que los militares puedan intervenir, en este caso, en la lucha contra el narcotráfico. "Estamos evaluando enviar una nueva ley que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales", dijo.
Sin embargo, con el clima que vive el Congreso, no parece que será una realidad en el mediano plazo.
