La apertura de las Sesiones Ordinarias abre un nuevo capítulo en el vínculo entre el presidente Javier Milei y el Congreso de la Nación. La caída de la Ley Ómnibus en el recinto despertó una alerta en el oficialismo, dado que evidenció su fragilidad legislativa y tensó las relaciones con los legisladores.
En los últimos años, la actividad parlamentaria fue escasa. El 2023 cerró con un total de 34 leyes sancionadas, quedando por debajo de las 37 de 2022 y las 56 de 2021, que fue otro año electoral como el que terminó.
Durante el año pasado, en el Senado hubo apenas 12 sesiones, y en solo 6 de ellas se trataron leyes. La Cámara de Diputados, en tanto, se reunió 15 veces: en 9 debatieron proyectos.
El expresidente Alberto Fernández llamó a sesiones extraordinarias tras enviar al Congreso 28 proyectos de ley para enero y febrero pasados. En ese momento, solo se reunió Diputados para atender el pedido del exmandatario y se trataron solo 2 proyectos.
Así, el Congreso cerró un año con una baja actividad y producción, y ahora se enfrenta a un período de importantes debates de la mano de La Libertad Avanza.
Tras el fracaso de la Ley Ómnibus y mientras se sostiene la reticencia a discutir el mega DNU 70/2023 en el Senado, el oficialismo llega en un clima de poca simpatía con el Congreso, que se erige como uno de los principales obstáculos para el plan de Gobierno.
¿Vuelve la Ley Ómnibus?
Dado que el 2024 no está atravesado por elecciones, se espera que el Poder Legislativo tenga un gran número de sesiones. Además, el Gobierno insistiría con la Ley Ómnibus, pero con una nueva estrategia parlamentaria.
El fracaso de la "Ley de Bases" puso en manifiesto debilidad de La Libertad Avanza en el recinto y el rechazo del resto de los bloques, a excepción del PRO, a la forma en la que se envió el paquete.
La amplitud y la diversidad de los temas incorporados a la iniciativa fue una de las cuestiones más criticadas entre la oposición, lo cual le dio varios votos negativos al proyecto bajo el argumento de "así, no".
Por ese motivo, lo más probable es que el oficialismo recupere los artículos comprendidos en el dictamen de la fallida ley y vuelva a enviarlos en forma de paquetes de un tamaño mucho más reducido que la ambiciosa "Ley de Bases" y con el foco en materias específicas.
De esa manera, se lograrían debates más dinámicos y con mayor destreza, tanto en las comisiones como en el recinto, permitiendo así la aceleración del trabajo parlamentario.
Nuevos decretos
Si bien los paquetes concretos generarían mayor actividad en el Congreso, el revés que sufrió La Libertad Avanza a la hora de defender su iniciativa en el recinto desincentiva el envío de nuevos proyectos legislativos.
En diálogo con el medio británico Financial Times, el presidente Milei aseguró que "mientras el Congreso tenga su composición actual", será "difícil aprobar las reformas" que propone.
Por eso, el jefe de Estado podría preferir las herramientas ejecutivas de las que dispone. Milei planteó que, de acá a que se produzca la renovación parlamentaria en las elecciones de medio término, "hay otras reformas" que se pueden "hacer por decreto".
Sin embargo, la herramienta prevista en la Constitución pone algunas limitaciones al Presidente.
En primer lugar, existe la posibilidad de que el Congreso rechace el decreto con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si solo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Mientras esto ocurre, un DNU tiene vigencia.
En estos días, la Comisión Bicameral está revisando el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el Ejecutivo a fin de desregular la economía. Allí, los legisladores definirán si la ambición en los DNU serán aceptados, o bien, si seguirán el destino de la Ley Ómnibus y también caerán en el Congreso.
En ese sentido, el órgano legislativo marcará el camino de las próximas medidas impulsadas por el Gobierno. La Comisión Bicameral tendrá un arduo trabajo, prediciendo una oleada de decretos de Casa Rosada.
Además, la Corte Suprema de Justicia puede invalidar un decreto en su totalidad o parcialmente. Así sucedió con el capítulo laboral de la medida de Milei, que se mantiene suspendida como consecuencia de una presentación de la Confederación General del Trabajo.
La Constitución también prohíbe el uso de los decretos en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Por eso, todas las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus comprendidas en esas categorías deberán volver al Congreso para su aprobación.
En esa línea, Milei expresó que espera "impulsar todas las reformas después del 11 de diciembre de 2025" luego de las elecciones intermedias, ya que restan "3.000 más por presentar".
"En el largo plazo se necesita el Congreso", subrayó el Presidente un día antes del discurso que pronunció frente al Parlamento en la apertura de las sesiones ordinarias.
Si bien el Ejecutivo insiste en su capacidad de gobernar sin el Legislativo, este año habrá una gran actividad en los pasillos de la Cámara de Diputados y del Senado, ya sea debatiendo proyectos de la ley o revisando los decretos del Presidente.
