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Proyecto de ley

Qué reformas propone la Ley Ómnibus en Salud, Ambiente y Educación

Especialistas en Salud, Educación y Ambiente opinaron sobre el contenido de la Ley Ómnibus que el Gobierno busca impulsar hacia fines de este mes.

Ley Ómnibus.
Ley Ómnibus.

El tema principal de las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 31 de enero, es la denominada "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos". Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye un amplio conjunto de reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales de alto impacto.

Sobre la Salud

Entre las propuestas de la Ley Ómnibus, con 664 artículos distribuidos en 351 páginas, se busca introducir la modificación de ocho artículos de la Ley 26.657 de "Derecho a la Protección de la Salud Mental". Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y exministro de Salud de la Nación, dio su mirada sobre las reformas que plantea el proyecto.  

Uno de los puntos más debatidos de la normativa vigente de la Ley de Salud Mental establece que la internación involuntaria de una persona "debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios", y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud exista una situación de riesgo para sí o para terceros. 

Rubinstein sostuvo que la ley sancionada en el 2010 imponía grandes restricciones para las internaciones involuntarias. Con la modificación, "se permitiría que un juez, directamente, a pedido de la familia, si entienden que hay riesgo para sí mismo o para terceros, lo interne. Esa es la gran diferencia". 

En esa línea, explicó que los "trámites engorrosos" para ese tipo de internación encontraron fundamento en la realización por primera vez, durante su gestión como ministro, de un censo en todos los psiquiátricos de Argentina. 

"Encontramos más de 12.000 pacientes internados, que tenían un promedio de internación de más de 8 años. Estaban abandonados", sentenció. Y agregó que no se trataba de homeless: "La mayoría tenían familia, e incluso cobertura de obra social o de prepaga. Había una clara situación de abandono, violación de derechos humanos y estigmatización", definió. 

Asimismo, sostuvo que la ley del 2010 tenía dos propósitos. Por un lado, "proteger los derechos de las personas con padecimiento de salud mental"; y por el otro, "promover lo que se llama desmanicomialización, que es una tendencia mundial apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por todas las instituciones de derechos humanos en el mundo".

Otro de los puntos conflictivos de la normativa vigente era el artículo que prohibía expresamente "la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados".

Rubinstein afirmó que el problema de la ley original fue su implementación, ya que fue "bastante difícil" cumplir con los plazos que estipulaba la ley, que planteaba que para el 2020 no debía haber más instituciones psiquiátricas monovalentes.

El exministro consideró que es necesario analizar qué está fallando y qué reformas se pueden hacer, pero también expresó que "estas modificaciones que están propuestas en la ley no van en ese sentido, porque no pretenden cambiar nada. Yo creo que eso es un problema".

Y concluyó: "Hay que sentarse a negociar algunos cambios de la ley de salud mental original sancionada en el 2010, pero no en la dirección que ahora aparecen en esta Ley Ómnibus".

Sobre la Educación 

La asesora en educación del senador Martín Lousteau, Cecilia Veleda, planteó que "hoy existen urgencias educativas elementales que, más que cambios legislativos, requieren políticas con prioridades claras muy bien implementadas". 

Sentenció: "Ninguna de las modificaciones propuestas permitiría mejorar los niveles de aprendizaje en lengua y matemáticas". 

Veleda argumentó tomando como ejemplo la evaluación de los docentes, planteando que su realización "evidenciaría el problema, pero no lo solucionaría". 

"Las falencias en la enseñanza responden hoy más a déficit en las capacidades no garantizadas por la formación inicial y continua que ofrece el propio Estado, más que a la falta de voluntad o compromiso de los docentes", sostuvo la socióloga. 

Y propuso como una necesidad la "universalización de las buenas prácticas probadas de enseñanza", dado que "existe mucha evidencia en el campo de la educación a nivel internacional sobre el impacto positivo de la cooperación entre colegas". 

En el mismo sentido, opinó Ana Laura Barudi, consultora en Educación, planteó que el proyecto tiene inconvenientes tanto de fondo como de forma. Con esto último, se refirió a "imprecisiones en la redacción del articulado que hacen al fondo de algunas cuestiones"

En cuanto al contenido del proyecto, mencionó la desregulación de la obligatoriedad de la educación presencial, habilitando así el "homeschooling" a partir del cuarto grado de la primaria. Barudi explicó que "la educación presencial es indispensable en la educación básica por los aprendizajes que se desarrollan con otros en situación de copresencia en términos de socialización, desarrollo cognitivo y emotivo, derechos de la infancia y convivencia democrática". 

También advirtió que la propuesta de publicar los resultados de las escuelas "podría perjudicar a los estudiantes y a los docentes de las escuelas de contextos más vulnerables, agudizando así su segregación al exponerlos, atribuyendo a las personas resultados que son explicados por las condiciones estructurales". 

Sobre el Ambiente

El consultor especializado en temas ambientales y exdiputado nacional, Juan Carlos Villalonga, indicó que las modificaciones más importantes en el sector, tales como la ley de bosques o la ley de glaciares, son "regresivas y muy peligrosas porque prácticamente desnaturalizan el sentido de esas normas y desactivan principios de protección que son fundamentales".

"Hay una confusión en creer que la normativa ambiental es una barrera a las inversiones o al desarrollo económico. Por el contrario, la buena normativa ambiental hace a la seguridad jurídica y baja notablemente los potenciales conflictos", afirmó.  

En ese sentido, el consultor planteó que la diversidad de temas tratados en el proyecto de ley, la naturaleza de las propuestas de modificación y la escala de impactos que producen generan que sea necesario un análisis "en comisiones específicas y con un tratamiento responsable". 

"Los funcionarios explicaron que estas reformas se estuvieron estudiando en el equipo de campaña de Milei desde febrero del año pasado, pero ahora buscan que en menos de 15 días el Congreso Nacional las apruebe", dijo Villalonga. 

"No tiene lógica alguna. Basta observar todos los errores que el gobierno está admitiendo en la redacción de la propuesta", concluyó. 

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