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¿Por qué es necesario el "desalojo express"?

La legislación se diseñó pretendiendo que los propietarios fueran tontos: tontos para perder plata y tontos para no poder disponer de su propiedad ante un incumplimiento.

Martín Yeza 01 marzo de 2024

El acceso y oferta de alquileres ha sido uno de los tantos problemas que le ha quitado el sueño de miles de argentinos en los últimos años. Esto se debe a un problema que tuvo dos caras: por un lado la sanción de una Ley de Alquileres con buenas intenciones y malos resultados, que fue corregida por el DNU presidencial de Javier Milei que devolvió la libertad de establecer parámetros contractuales. 

Por el otro lado, una Ley Nacional de Desalojos que ha llevado a casos en donde desalojar a quien usurpa o no paga alquiler puede llevar más de dos años. 

Camila tuvo que luchar dos años para desalojar a su inquilina que un día decidió dejar de abonar el alquiler mensual y al momento del desalojo se llevó hasta las teclas de luz y accesorios del baño.

Una pareja de jubilados buscó tener un ingreso adicional al de sus jubilaciones y, víctimas del eterno laberinto judicial, tardaron más de siete años en desalojar a un inquilino con contrato vencido, debiendo además hacerse cargo de los costos de desalojo y de abogados.

O bien un nieto que perdió a su abuela y tuvo que atravesar un proceso kafkiano para poder llevar adelante el desalojo de quienes le habían usurpado el departamento que fuera a heredar y lleva más de dos años litigando. 

Alguien podría decirnos que es casuística, que por casos aislados no se puede construir una ley nacional, sin embargo y a la luz de los hechos que nos referimos es evidente que muchas ciudades de la Argentina han tenido miles de metros construidos nuevos por año, pero eso no se tradujo en mayor oferta de alquileres, ¿por qué? 

Por los premios y castigos. Por un lado con una inflación interanual de tres dígitos los propietarios no podían actualizar el alquiler y, por el otro lado, si además le dejaban de pagar corrían el riesgo accidental de que le usurpen su propiedad. 

Entonces la legislación argentina se diseñó pretendiendo que los propietarios fueran tontos: tontos para perder plata y tontos para no poder disponer de su propiedad ante un incumplimiento. ¿Y cuál fue el efecto de esta manera de pensar? Una menor oferta de alquileres año tras año y un encarecimiento por falta de competencia.

Como muchas cosas de nuestro país están rotas, una de ellas son las jubilaciones, cualquier persona sabe que si en los últimos 50 años los mayores perjudicados siempre son los jubilados y que con la mínima jubilatoria es difícil llevar una vida digna y de descanso, es lógico que muchos se hayan esforzado para que "su departamentito" fuera la verdadera jubilación, que se complementa con una deficitaria jubilación. 

Un último informe publicado por el Colegio Profesional Inmobiliario muestra que el 81% de propietarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mayores de 65 años. Es decir, personas que han buscado un ingreso adicional a su jubilación, y que se ven directamente afectadas por la inacción y el fracaso del Estado.

Sé que en un contexto difícil algunos pueden decir que "es inhumano dejar gente en la calle" y estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que el responsable económico de esa situación sea el dueño de la propiedad. Lo que llevó a esa familia a la situación concreta no es el propietario del inmueble, ¿entonces por qué lo tiene que pagar él?

Ni que hablar de la pretensión de ciertos políticos que creen que puede existir una ley que proteja a un propietario y un inquilino cuando la inflación interanual es de tres dígitos: no existe la ley que pueda dejar a todos contentos cuando la realidad es la que está rota.

Dicho esto el proyecto tiene tres objetivos principales: en primer lugar facilitar la desocupación inmediata de la propiedad ocupada, permitiendo la presentación del título de propiedad y eliminando la caución por parte del propietario. 

Por otro lado modificar el proceso para que pase de ordinario a un proceso sumarísimo, ya que es más expedito (permite acortar más de 7 meses los plazos de un proceso) y atenta contra las maniobras dilatorias típicas de quienes se manejan por fuera de la ley.

Este proyecto pretende transformar la angustia de ser usurpado a que los argentinos sepan que la propiedad privada se respeta, que el esfuerzo se protege, que la usurpación no es deseable y que no se va a estimular legalmente, para garantizar la libertad de los ciudadanos de nuestro país y que puedan gozar libremente de su propiedad, y motivar a aquellos propietarios que dudan mil veces antes de ofrecer en alquiler su casa o departamento por miedo a pagar los costos de una economía que no funciona.

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