Hace más de 30 años que la ludopatía está considerada una enfermedad. Tanto la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), la Organización Mundial de la Salud (OMS CIE- 10) y el DSM IV definen al jugador patológico como un individuo que se va haciendo crónica y progresivamente incapaz de resistir los impulsos de jugar. La aparición de una conducta de juego compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, familiares y vocacionales.
En los últimos años, esta adicción ha afectado crecientemente la vida diaria y el patrimonio de miles de personas y familias.
Durante las últimas décadas proliferaron las salas de juego en todo el territorio nacional, a las que se han sumado las plataformas de apuestas o juegos de azar virtual. Hoy la Argentina lidera en Latinoamérica el ranking de crecimiento anual en juego online, pero más preocupante aún es que según distintas encuestas también lidera la tabla en materia de juego ilegal y en la desprotección que tienen los usuarios en esos sistemas.
Sin duda, la ausencia de todo límite de tiempo, lugar e inversión del dinero, desemboca en una multiplicidad de estímulos permanentes que llevan a muchas personas a jugar de forma patológica.
Los juegos de apuestas han sido siempre un gran negocio para los empresarios titulares de las licencias y permisos otorgados por las distintas administraciones públicas. Hemos alcanzado un punto en el que los cambios tecnológicos han llevado la situación a un nivel escandaloso, pues no solo hay omisión y desidia del Estado en materia de control y regulación, sino que por cuestiones fiscales se ha optado por un laissez faire en la materia que expone a miles de argentinos a la ludopatía.
Hay un bombardeo enorme y constante de la publicidad y oferta de plataformas y juegos en línea. Según estudios de marketing, más del 60% del tiempo publicitario en los canales deportivos argentinos está dirigido a la promoción de apuestas online, publicidades que han crecido de manera anual en más de un 280%.
Frente a este escenario tenemos la obligación de enfrentar seriamente la epidemia de la ludopatía, una problemática global que afecta la vida de miles de jóvenes y familias, y que recrudece en nuestro país por la situación económica que atravesamos desde hace más de una década.
En la Coalición Cívica ARI hace más de 20 años denunciamos los vínculos entre la política y el negocio de los juegos de apuestas, y en simultáneo hemos señalado la necesidad de regularlos y reducir el impacto que tienen en la vida de las personas. Por ello, hemos decidido retomar la iniciativa impulsada por Elisa Carrió en 2014 y presentar en el Congreso un proyecto de ley que incorpora medidas innovadoras en respuesta a los nuevos desafíos que presentan los juegos de azar en su modalidad en línea, y con idéntico compromiso los hemos hecho también en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a través de las iniciativas encabezadas por nuestros legisladores, Hernán Reyes y Maricel Etchecoin, respectivamente.
Nuestro proyecto abre una discusión amplia e integral para regular la actividad con estándares que rijan en todo el país destinados a prevenir la ludopatía y reducir los daños en la salud y la vida de las personas.
La iniciativa busca impactar directamente en el núcleo del problema reduciendo la exposición de las personas a la oferta a través de la prohibición de la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, en todas sus formas o modalidades, incluso las que están en auge y se realizan a través de influencers o equipos deportivos. No tenemos dudas de que el negocio y los intereses en juego son enormes, también lo eran los de la industria del tabaco y, sin embargo, hemos podido establecer regulaciones sumamente restrictivas para la misma.
Buscamos prevenir también el endeudamiento y la afectación patrimonial, limitando exclusivamente los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones diarias.
Para la modalidad de apuestas en línea, se exigirá la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión, disposición fundamental para proteger a los niños y jóvenes. Además, las plataformas deberán cumplir una serie de exigencias de juego responsable que permitan a los usuarios tener información cierta sobre sus apuestas, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión y limitación, secciones de ayuda y asistencia, entre otras.
Además de las medidas señaladas, también incluimos criterios mínimos a seguir por las autoridades locales respecto del funcionamiento de las salas físicas de apuestas, un registro nacional de autoexclusión voluntaria, canales públicos de comunicación y asistencia, manuales de comunicación responsable, campañas de concientización y difusión, exigencias en materia de integridad y transparencia, principios para resguardar la seguridad y protección de los datos personales, entre otros. Es importante señalar que cada una de estas medidas y condiciones mínimas prevé sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.
Hoy estamos en un punto crítico que nos pone frente a dos caminos: o dejamos que el negocio del juego continúe avanzando sin límites perjudicando a los usuarios más débiles en un marco de total desprotección; o efectivamente decimos "no va más" y fijamos políticas y reglas a nivel nacional con miras al bienestar general y la protección de la salud de nuestros habitantes. El Congreso debe hacerse responsable, no mirar para otro lado, fijar una agenda de trabajo y dar una respuesta urgente sin dubitar entre cuidar a los argentinos o los intereses de unas pocas empresas de apuestas que están haciendo estragos.
Así como estamos, no va más.
