Lamentablemente, no me llama demasiado la atención que un Presidente quiera la suma del poder público. Digo que no me llama la atención porque se ha vuelto natural en las últimas décadas argentinas. Natural o no, no deja de ser parte de una política que fracasó y nos trajo hasta donde estamos.
Sin embargo, sí hay algo de todo esto que me llama la atención y mucho. Que no haya conciencia de la gravedad que significa que un Presidente quiera la suma del poder público. Quizás esa sea la peor herencia que no han dejado, que ya ni siquiera nos parezca algo malo, aunque cotidiano.
El acuerdo electoral que la sociedad celebró con Milei es algo que la propia sociedad está deliberando y terminando de definir. En los procesos democráticos, esas cláusulas se definen casi a diario. No es fácil gobernar, porque requiere estar todos los días volviendo a validar los acuerdos sociales. Eso es representar.
A la Coalición Cívica nos pueden decir de muchas formas, pasamos por todas. Nos han tratado de la derecha recalcitrante durante la época del kirchnerismo; como los disidentes internos durante la gestión de Cambiemos; y ahora una especie de comunismo moderno. No me sentí nunca identificado con ninguna de esas categorías. Supongo que de eso se harán cargo los historiadores.
Lo que podemos decir, sin dudas, es que nosotros hemos marcado siempre un profundo desacuerdo con el status quo del modelo argentino. Carrió, cuando redactó el contrato moral, analizaba con profundidad las raíces de una violencia económica, institucional y de la palabra. Violencia que marcó el devenir de una historia trágica en que nos fuimos sumergiendo en una espiral que descendía a lo peor de la política.
La falta de institucionalidad es calificada como una categoría de crítica naif, simplista y conservadora. Antes se la tildó de derecha, ahora parece que de izquierda. Creo que esa idea marcó estos años y terminó de instalarse tras 23 años de emergencias.
Yo no quiero dejarle esa victoria cultural al kirchnerismo. La institucionalidad no es un discurso vacío o un pretexto para ocultar intereses. Ese argumento lo escuchamos mil veces, prescindente de la ideología. Cuando el presente es tan desastroso, siempre aparece un nuevo líder que se las sabe todas y viene a refundar el país con una solución mágica.
Acá nadie se chupa el dedo. La sociedad no va a tolerar el terrible ajuste económico por el discurso populista que el Congreso, los medios y las empresas son el enemigo, la casta o como lo quieran llamar. Argentina tiene problemas demasiado serios para seguir sumergiéndonos en teorías de comunicación política. En el marketing de la violencia y del odio, esa ya nos la contó Cristina.
El Decreto de Necesidad y Urgencia fue un intento de demostrar que el Presidente, si quiere, puede hacer un digesto por decreto y saltear al Congreso. Un discurso que lo único que logró fue que se activen todas las herramientas de frenos y contrapesos republicanos, suspendiendo el DNU. Es decir, en muchos casos, suspendiendo cambios necesarios. Cambios que el 60% del Congreso ha impulsado.
Lo mismo sucede con la Ley Ómnibus. Es evidente que muchas de las reformas son necesarias, pero se mezclan con reformas inútiles, otras indeseables y con una serie de delegaciones de facultades propias de un régimen monárquico o cesarista. Atando todo es como fracasan las reformas, como fracasa el cambio.
Una sociedad sin normas, es una sociedad sumergida en la violencia. Esto podés verlo en todas las historias antiguas, para no citar la biblioteca del derecho, la ciencia política y los contractualistas. Del mismo modo que una libertad basada en un líder con la totalidad del poder, no es libertad. La libertad es autonomía, es elección y es ley.
La admiración de Milei por fanáticos del poder, como Bukele, es preocupante. Creen en sociedades de libertad sin norma, un caos anómico que reproduce violencia. La expresión misma de la ley de la selva. Nadie construye autonomía, todos necesitan del líder para impartir "justicia". Por esa razón, Bukele puede dejar a su esposa por 6 meses para ser candidato a una reelección prohibida por su Constitución.
La Constitución Nacional estableció las reglas del proceso republicano para contener los procesos monárquicos de una democracia sin frenos. Eso nos permitió durante el kirchnerismo no llegar a ser Venezuela. Ahora nos evitará convertirnos en El Salvador.
Como parece que ahora las leyes pueden o deben ser borradas a una sola firma, cambiamos la consigna: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. El cambio por los medios inconstitucionales fracasará. Primero porque es insostenible, a los hechos me remito. Segundo, porque la república es el cambio.
La falta de seguridad jurídica de la Argentina es uno de nuestros principales condicionantes para crecer como país. Tanto como el populismo político y el corporativismo económico. Son las tres patas de nuestro estancamiento.
Tenemos una oportunidad histórica de llevar adelante un cambio trascendental. La sociedad abrió el camino a un cambio de fondo, a poner en duda todos los fundamentos de nuestra matriz económica, política y social. Esa puerta se abrió por agotamiento con el fracaso del modelo actual, y nos exige a todos estar a la altura del cambio.
La república no es una propuesta conservadora, es romper con el status quo y construir la pata de la seguridad jurídica. De la estabilidad de un sistema institucional no violento, con garantías para las minorías que están permanente amenazadas por procesos populistas, y avances sostenidos y permanentes para salir de la pobreza.
No queremos ser El Salvador y no queremos ser Venezuela, queremos ser un país libre, soberano, institucionalista y desarrollado.
