Con bastantes demoras y cambios, la Ley Ómnibus fue aprobada en general, en una sesión visiblemente enojosa y difícil. Como prefiguraban las votaciones de mociones previas, la mayoría a favor de la reforma gubernamental excedió con comodidad los 140 votos, 30 más que sus detractores y casi una docena más que la mayoría necesaria.
El deterioro del clima político general, entre oficialismo y oposición, entre las distintas oposiciones, entre aliados gubernamentales, es palpable.
Si lo corriente es que el clima de tensión política en leyes divisivas (la reforma previsional de 2017 o la estatización de YPF en 2012) se tradujera en un solo acto, la crisis de la grieta y la fragmentación la vuelven un drama en dos actos.
- Primero, la votación general, convertida en una escenificación sobre adhesiones o rechazos al marco teórico propuesto por la ley.
- En segundo lugar, la votación en particular, transformada en el auténtico partido donde el Ejecutivo, sus aliados y sus detractores se juegan sus resultados concretos.
En este punto, la votación parece ser una nueva escalada de un proceso de limitación de la autoridad presidencial que Argentina vive desde 2013 en adelante. Una fase que fue empoderando al Congreso como arena de equilibrios políticos, y a partidos provinciales como regentes del sistema.
Una primera fase, con la presidencia de Mauricio Macri y el advenimiento de Cambiemos, donde la asimetría entre aliados en el gobierno no impidió una disciplina legislativa interna de la coalición gubernamental que, sin embargo, no pudo ampliar y condenó al entonces Ejecutivo a un bajo éxito legislativo.
Esas inconsistencias impusieron un envejecimiento prematuro de esa experiencia, pero encontró en su natural relevo, el peronismo unificado, un conglomerado de igual inmadurez para la coordinación.
El segundo acto así quedó constituido en 2019, cuando en cinco semanas se improvisó el Frente de Todos, una unión de empresas transitoria apurada por el derrumbe del gobierno cambiemita muchísimo antes que cualquier denominador común programático.
El descubrimiento amargo se dio en el gobierno: la distancia ideológica entre el accionista mayoritario en decadencia y crisis sucesoria (el kirchnerismo) y el resto de la constelación peronista se hizo evidente.
La gestión de Alberto Fernández, el lugar íntimo donde se frecuentaron la incompetencia con la catástrofe, implicó arrastrar a un conglomerado político que pretendía progresismo a solventar con su propio capital el programa económico de resistencia y contingencia, escorado hacia la restricción fiscal que dirigía Sergio Massa. De una coalición insuficiente y rígida, a una improvisada y errática.
El tercer acto inaugurado en 2023 implica una nueva mutación: la incubación incidental de mayorías en un Parlamento fragmentado. Con una inferioridad parlamentaria superior a Macri en 2015 y a la de Yrigoyen en 1916, Milei empuja una revolución que depende del Antiguo Régimen para construirse a sí misma. En un escenario de virtual extinción de giros a las provincias (salvo para Chubut y Corrientes), las dificultades, irritaciones, idas y venidas alcanzaron niveles sin precedentes.
A menos de 60 días de iniciar, la popularidad resiliente del Presidente es aún suficiente para obligar a la oposición ideológicamente menos alejada a reconocer que no será bien visto cualquier rechazo. El "no" nunca fue un plan, salvo para quien está obligado por su base a pronunciarlo, como Unión por la Patria, el FIT, Por Santa Cruz, o individualidades con fueros propios como el caso de Natalia de la Sota.
Pese a las múltiples negociaciones que reformaron ampliamente la ley, transformándola en algo muy distinto a lo que ingresó a la cámara, las inquinas finalmente no fracturaron al dialoguismo.
La "Operación Manes", basada en "dar el paso" desde la votación inaugural de la Cámara Baja hacía discutirle a Milei su voto flotante, finalmente chocó con un defecto estructural de todo lo que emprende el neurólogo: su individualismo.
Solo Manes y Pablo Juliano resistieron la adhesión programada desde un liderazgo horadado y errático como el de Rodrigo De Loredo, en conflicto permanente entre su pertenencia partidaria presente y su voluntad de encumbrar una coalición más formalizada con un gobierno que lo desprecia.
La votación sirve como declaración de principios de orientación ideológica de esta parte del mandato, pero la profundidad y consistencia de esa nueva mayoría reformista se jugará en la capacidad de articular la votación particular por parte del Ejecutivo.
Es en esa votación, donde la amenaza latente de una coparticipación del Impuesto PAIS estructurada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, juega un rol importante, se verá la consistencia del plan económico y mucho más importante, lo que más temen inversores extranjeros y el Fondo Monetario Internacional: la base política de la voluntad reformista del Presidente.
Voto a voto, sesión por sesión. Con la calle caliente y los dientes apretados. La votación particular de la Ley Ómnibus como primer test real de la presidencia de Milei, previo a marzo-abril, marcado por el sistema político como el tiempo decisivo de un país que espera cambios. Y que no le entra una decepción más.
