Tensiones
El inicio de la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia ha estado marcado por movimientos rápidos y audaces, reflejados en primeras medidas ambiciosas como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el controvertido proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Estas iniciativas, diseñadas para reconfigurar las estructuras fundamentales de la vida política, económica y social del país, han generado expectativas y cuestionamientos en distintos sectores.
Respecto a la cartera sanitaria, durante los primeros meses de gestión se ha observado cierta moderación en el diálogo con los distintos sectores, como si apostaran a la ecuación "de menos a más".
Este equipo se ha mostrado ágil para gestionar el control de daños por irregularidades heredadas, ha implementado cambios drásticos en el top management de áreas estratégicas, no ha apurado el nombramiento de todos los cargos políticos vacantes y aún mantiene en suspenso a los distintos actores clave del sector, quienes buscan descifrar cuáles serán los ejes estratégicos de la política pública sanitaria para los próximos cuatro años.
Las legislaciones mencionadas al principio (DNU 70 y Ley de Bases) no definen claramente el rumbo que el gobierno tomará en la política pública sanitaria. En lugar de esbozar un nuevo paradigma, ambas normativas parecen concentrarse en asuntos específicos que, según algunos referentes del sector, modifican o desregulan ciertos resortes, pero sin una visión integral que implemente un modelo novedoso o superador. Si bien estas regulaciones introducen modificaciones puntuales, como la ampliación de competencias judiciales en salud mental o la desregulación de ciertos aspectos del sistema de seguridad social, los seguros de salud privados y condiciones para el médico prescriptor, no parecería brindar respuestas precisas a los problemas estructurales del sistema de salud argentino. Más bien, parecen aproximarse a asuntos específicos sin articular un nuevo paradigma que resuelva las deficiencias históricas del sistema.
En el caso del proyecto de ley "Bases", en materia de salud pública se limitaba a introducir ciertas modificaciones en la ley de salud mental, ampliando ciertas competencias de la justicia en materia de recursos terapéuticos excepcionales. Pero durante el mes de febrero se decidió retirar el capítulo de salud bajo el argumento de que podría ser tratado aparte durante el período ordinario de funcionamiento legislativo. Luego, y debido a la falta de acuerdos y respaldos, la Ley Bases fue retirada por completo por orden del Poder Ejecutivo, se espera que pronto vuelva a ingresar algún proyecto de similares características, aunque quizás con una estrategia distinta en torno a su contenido.
En cuanto al DNU 70/2023, uno de los puntos más controvertidos fue la desregulación de los monopolios de las obras sociales sindicales y la promoción de la libertad de elección del seguro de salud. Si bien esto podría fomentar la competencia y la libertad de elección para los beneficiarios, también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema de seguridad social para absorber a aquellos que se queden fuera del sistema privado, así como el acceso a tratamientos innovadores para patologías graves.
En relación con la prescripción de medicamentos por su nombre genérico, originó una fuerte oposición de diversas entidades médicas, asociaciones de pacientes, cámaras sectoriales y líderes de opinión en el ámbito de la salud. Esta reacción provocó la primera contramarcha del gobierno sobre sus medidas, que en respuesta, emitió el Decreto 63, corrigiendo su enfoque al permitir que los médicos prescriptores indiquen una marca comercial en las recetas, como se establece en su artículo 1°. Una reacción similar ocurrió respecto de la transferencia de ciertas competencias desde los médicos hacia los farmacéuticos, generando preocupación entre los profesionales de la salud, quienes ven amenazada su autonomía en la toma de decisiones terapéuticas.
- El DNU 70 también regula sobre la dispensa de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y otorga a las droguerías, encargadas de distribuir los remedios en dichos establecimientos, la autorización para vender directamente al público. Sin embargo, también se produjeron contramarchas con respecto a estos temas.
- El Decreto 63 restringió la venta fuera de las farmacias únicamente a los antiácidos y analgésicos, mientras que la autorización para las droguerías se limitó estrictamente a recetas que incluyeran drogas oncológicas o para tratamientos especiales designados por la autoridad de aplicación, excluyendo el resto de las especialidades medicinales.
A pesar de haber detallado las medidas contenidas en el DNU 70/2023, es importante reconocer que todas estas iniciativas están sujetas al futuro incierto del decreto en el Congreso. Recientemente, el Senado lo rechazó, y persisten incertidumbres sobre el resultado en la Cámara de Diputados.
Por último, uno de los sucesos más recientes que captó la atención de la opinión pública fue la intervención y relocalización de un área clave, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que fue transferida desde el ministerio de Capital Humano hacia la cartera de Salud, debido a irregularidades detectadas por la Unidad de Auditoría Interna en la compra de medicamentos, particularmente de insumos médicos costosos, tales como fármacos para tratamientos oncológicos para pacientes en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Al parecer, los medicamentos de alto costo se seleccionaban a partir de presupuestos informales y los pacientes a menudo experimentaban retrasos significativos en su entrega.
Según fuentes del Gobierno, se está implementando un nuevo sistema de adquisición de medicamentos para garantizar la transparencia y eficiencia, y desde Salud aseguran que se están resolviendo las cuestiones administrativas sin afectar a los beneficiarios.
Y para finalizar, ¿cuál ha sido el impacto en el sistema de salud en consecuencia del ajuste fiscal llevado adelante por el Gobierno?
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó el gasto por organismos públicos tomando el Presupuesto 2023, sumando la inflación e indicando qué valor tendría esa partida si se hubiera mantenido constante, arrojó que la reducción de recursos destinados para el funcionamiento del Ministerio de Salud ha sido del -40%, para la Superintendencia de Servicios de Salud del -59%, y para hospitales nacionales, como el Hospital Posadas, cercana al -51%. La seguridad social también sobresale como uno de las áreas con recortes significativos, en el caso de la ANSES, el recorte llega al 38% respecto al año 2023.
En conclusión, la gestión inicial de Milei ha despertado expectativas sobre la dirección futura de la política de salud pública en Argentina.
Aunque se han implementado medidas para promover la competencia, como la libertad de elección de cobertura, aún resta observar cómo se resolverán las tensiones entre algunos conceptos vertebrales de La Libertad Avanza tales como la libertad, la autonomía, la competencia de mercado y los efectos de la oferta y la demanda con aspectos sensibles de cualquier política pública de salud, entre ellos la seguridad del paciente, la relación médico-paciente, la calidad asistencial, el acceso, entre otras.
Es crucial encontrar un equilibrio que garantice la eficacia y equidad del sistema de salud argentino, especialmente en un contexto de ajuste fiscal que ha impactado significativamente en los recursos destinados a este sector.
La columna forma parte del informe "Los primeros 100 días del presidente Milei: un análisis de su gestión en salud" de LLYC.
