Por Pablo Varela
La reforma judicial que impulsa el Gobierno y que tiene como principales ideólogos al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se encuentra por el momento en standby, por discusiones internas. Así lo explicaron, ante El Economista desde la Casa Rosada, funcionarios a cargo de la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso.
En principio, la reforma que pretendía acotar el margen de maniobra de la justicia y jueces federales, para otorgarle mayor participación en el proceso a la justicia ordinaria y a los fiscales, también se ve objetada por “los expertos que designó Cristina” Kirchner, quien el jueves viajará hacia Cuba.
Según pudo reconstruir este diario, los puntos en los que aún no hay acuerdo son el nivel de “importancia que se le otorgaría a la Justicia ordinaria”, la responsabilidad de los fiscales en el proceso de investigación y el diseño del Consejo de la Magistratura. En el órgano que sigue el desempeño de los magistrados, el Poder Ejecutivo designó a Gerónimo Ustarroz, hombre de la localidad de Mercedes y de estrecho vínculo con el ministro del Interior, Wado de Pedro.
Por ahora, el Gobierno se enfoca en la renegociación de la deuda, mientras espera que el Senado apruebe la ley que le otorga la potestad al Poder Ejecutivo para renegociar los pasivos externos bajo legislación extranjera. Es por eso que Alberto Fernández multiplica encuentros con líderes europeos, en busca de apoyo dentro del board del Fondo Monetario. “Ahora las energías están puestas en la deuda”, razonó una voz de la Casa Rosada.
En el oficialismo se muestran optimistas y creen que finalmente la reforma judicial será tratada aunque dejan sujetos los tiempos a la negociación de la deuda externa, por lo que el proyecto podría ingresar al Congreso recién a partir de marzo. “Béliz y Losardo son los que escriben, pero al proyecto lo tiene que ver Alberto”, resumen. El Presidente dará el visto bueno final sobre el proyecto en el que además, él mismo es un entendido en tanto profesor de derecho penal.
Con el período de sesiones extraordinarias extendido hasta el 29 de febrero, voces legislativas del Frente de Todos deslizan que es probable que haya nuevas sesiones antes del discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa, aunque nadie lo da por confirmado.
En principio, en el Gobierno barajan la posibilidad de que el Presidente anuncie el 1º de marzo la conformación de la comisión que analizará la redacción de una nueva fórmula previsional, que reúna a expertos y aseguran que todavía no está el nombre del que podría encabezarla, aunque hay algunos que hablan de León Arslanian.
Otro de los temas en carpeta del oficialismo es el de la creación del Consejo Económico y Social, algo que fue propuesto durante la campaña y que todavía no ha sido puesto en discusión. El nombre del exministro Roberto Lavagna sigue siendo el que más suena, aunque aún falta tiempo para las definiciones.
