El martes pasado se desarrolló en el Congreso una reunión informativa sobre los proyectos que buscan regular la inteligencia artificial. Los proyectos son muchos y ambiciosos, lo cual resulta sorprendente al tratarse de un tema muy complejo y sobre el cual hay pocas certezas. Temo entonces que la ansiedad por regular le gane a la conveniencia de la regulación, por eso creo que mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas es fundamental.
La inteligencia artificial está de moda. La llegada de ChatGPT a nuestras vidas nos permitió experimentar en primera persona, y de manera muy sencilla, de qué se trata este mundo futurístico que ya nos toca la puerta. Hoy tenemos IA hasta en nuestros grupos de WhatsApp, pero ¿eso quiere decir que sabemos qué es, cómo funciona y cómo debemos regularla?
No, y los proyectos de ley que circulan llegan a conclusiones que en la Unión Europea, por ejemplo, tardaron años de estudio y debate.
Mientras decidimos qué hacer acá, observar la experiencia internacional es importante. En Estados Unidos el surgimiento de ChatGPT también despertó el interés del legislativo: de 2017 hasta hoy, de los 298 proyectos presentados vinculados a la IA, más del 60% se presentó después de su lanzamiento en noviembre de 2022.
Sin embargo, ninguno avanzó y aún no tienen una regulación federal sobre la IA. El caso europeo es particularmente interesante, a pesar de que no entró en vigencia la totalidad de la normativa sancionada en marzo de este año, el Viejo Continente ya está sufriendo las consecuencias. Empresas tecnológicas, como Meta, deciden excluir a estos países de sus últimas innovaciones producto de la excesiva regulación. Los efectos ya son tangibles y deben alertarnos.
Como ya adelantamos, esto se trata de un fenómeno global. Sin embargo, los argentinos tenemos un afán regulatorio particular, nos gusta intentar controlar lo incontrolable y/o lo que funciona mejor sin control. La última gran regulación que pasó por el Congreso fue la ley de alquileres, una ley que intentó regular un mercado conocido, el inmobiliario. A pesar de que sabíamos de qué se trataba, el resultado fue catastrófico.
Querer regular algo aún desconocido, no sólo por nosotros, sino por el mundo en general, puede ser un problema peor.
El riesgo de hacerlo mal es muy alto. Las mismas tecnologías de visión por IA que permiten identificar tumores, también pueden clasificar imágenes y generar discriminaciones. Encorsetarnos en un marco demasiado exigente puede significar la pérdida de inversiones, desarrollo, innovación e, incluso, una exclusión del resto del mundo.
¿Necesitamos una ley? No estamos seguros. Se dice que el Poder Judicial trabaja sobre el pasado, el Ejecutivo sobre el presente y el Legislativo sobre el futuro. Hay, en el presente, demasiadas preguntas sin respuesta como para regular el futuro. No hay consenso entre quienes más saben sobre si es mejor una regulación integral o sectorial (según el ámbito de aplicación) de la IA; si los proveedores y desarrolladores tienen las mismas responsabilidades y, por lo tanto, obligaciones; si la regulación debe ser en todas las etapas de ciclo vital de la IA o simplemente en los resultados.
Pero además, sumado a los interrogantes, están los mitos.
Muchos especialistas afirman que actualmente cualquier problema tecnológico es catalogado como un "problema de IA" cuando, muchas veces, se trata simplemente de una problemática de software. El desconocimiento y la complejidad son aún demasiado elevados como para reducir estas conversaciones a discusiones sobre proyectos de ley.
Hay otras alternativas que podrían dar respuesta a los desafíos que presenta la IA y lograr resultados beneficiosos que no comprometan la innovación y al mismo tiempo resguarden a los usuarios. Una de ellas es el establecimiento de compromisos voluntarios, como los redactados por la Casa Blanca a los cuales adhirieron las principales empresas tecnológicas.
También el diálogo entre los distintos actores y países resulta fundamental para lograr la coordinación necesaria que esta temática requiere. La enumeración de lineamientos y principios permite enmarcar la problemática sin limitar la innovación.
En paralelo, algo que puede ser útil es la incorporación de nuestro país a acuerdos digitales que se están firmando. En particular, el Acuerdo de Asociación de la Economía Digital (DEPA) entre Singapur, Chile y Nueva Zelanda, al que se acaba de sumar Corea del Sur, puede ser una buena opción.
A diferencia de los acuerdos comerciales tradicionales, los digitales se basan en la promoción de reformas en las normativas nacionales y el fomento de la colaboración internacional, abordando temáticas como la seguridad en línea, la inteligencia artificial, las identidades digitales, la ciberseguridad, la protección del consumidor y la inclusión digital.
Los legisladores no somos expertos en IA, por eso debe primar la humildad en el Congreso. Sancionar una ley con tantos interrogantes abiertos es arriesgado y, afortunadamente, no es la única opción que nos queda: tenemos la oportunidad de adoptar estrategias más flexibles que nos permitan participar del debate que se está dando en todo el mundo. Es posible lograr mejores respuestas sin autoboicotearnos. El primer paso, para eso, es no apresurarse.
