Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se reunieron este martes en un plenario para dictaminar el proyecto de ley conocido como "ficha limpia", el cual reglamenta la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos para que no puedan ser candidatos en elecciones.
El debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, para limitar el derecho al sufragio pasivo, se desarrolló en el Salón Delia Parodi en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
El proyecto de ley que tiene como autora a Silvia Lospennato (PRO) recibió la mayor cantidad de firmas y resultó el dictamen de mayoría, ya que cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, de la mayor parte de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
La iniciativa propone impedir que haya candidatos a cargos electivos que tengan una condena. A pesar de que el proyecto tuvo apoyo de distintos bloques continúan vigentes las divergencias entre las distintas instancias de proceso judicial o especificidad de delito que se establecerán parámetro de exclusión electoral.
Esas diferencias se expresaron en los apoyos con disidencias en el dictamen y repercutirán en el debate en el recinto, en donde se remarcarán la necesidad de reforzar los procedimientos de control del Poder Judicial.
Dictámenes de minoría
Unión por la Patria, con Mónica Litza como autora del proyecto, firmó un dictamen que impone una condena firme emitida por la Corte Suprema como condición para impedir la participación electoral.
El tercer dictamen de minoría es el impulsado por el radical formoseño Fernando Carbajal, que es similar al de Lospennato (doble conforme) pero abarca una mayor cantidad de delitos dolosos. Y por último Vanina Biasi del Frente de Izquierda firmó otro despacho de minoría.
Según la letra de los distintos proyectos, la inhabilitación temporal de quienes estén impedidos de ser candidatos se mantiene hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.
La normativa actual solamente prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen "auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal".
