Un nuevo ataque del Gobierno contra la Justicia se suma a la larga lista de intentos desde 2003, intensificada desde el inicio de su gestión actual, en diciembre de 2019. A la reforma de la Justicia Federal, anunciada en plena pandemia, se sumaron los intentos de manipular mediante reformas el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura y hasta la propia Corte Suprema propiciando un aumento en su número de miembros. Ni hablar de los permanentes ataques discursivos contra jueces y fiscales por parte del Presidente, la vicepresidente, legisladores, funcionarios y gobernadores oficialistas.
Pero lejos de frustrarse luego de fracasar una y otra vez, vuelven con una tenacidad admirable a intentar ahora el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Parece que quieren reeditar el show mediático que nos ofrecieron en 2020 cuando desplegaron la misma estrategia contra el Procurador Eduardo Casal. Esa película terminó muy mal para el kirchnerismo: todos los argumentos y testigos que llevaron ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal para sostener el relato se fueron cayendo uno a uno hasta que la verdad resultó evidente a los ojos de la sociedad: el Dr. Casal se desempeña en su gestión interina de manera irreprochable y si quieren removerlo tendrán que hacerlo por la vía del consenso, no a través de un juicio político fabricado.
No conformes con atacar las instituciones -amparados en la legitimidad de las mayorías que da una ley del Congreso-, buscan también sacarse de encima el problema que tienen en el Consejo de la Magistratura a través de un decreto de necesidad y urgencia. Un despropósito que no tiene sentido y que sólo se explica por la necesidad desesperada que tienen de tomar algún tipo de iniciativa para intentar mantener el poder.
Ahora bien, ¿por qué este ensañamiento contra la Justicia? A simple vista la respuesta parece fácil: para evitar que Cristina Fernández de Kirchner evite ser condenada junto con sus funcionarios por los hechos de corrupción de los que se los acusa. Pero también hay otro motivo: tratan de desviar la atención pública hacia este tema -que cae muy bien en el electorado del Frente de Todos- para tratar de dejar en segundo plano la pésima situación económica en la que estamos sumergidos los argentinos.
Mientras tanto, los problemas siguen surgiendo y los hechos que vimos todos en Brasil a principio de mes son una enorme señal de alerta que debería hacernos dar cuenta de que ni la democracia ni el respeto a las instituciones están garantizados, y que generar divisiones y bandos fanatizados para tapar fracasos gubernamentales trae consecuencias reales. Se puede intentar tapar la realidad con palabras, pero no solamente no alcanza, sino que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Son tiempos demasiado complicados. El país tiene problemas de verdad, que se hacen carne en la gente todos los días y que reciben la desidia de un gobierno que siempre estuvo más preocupado por asegurar su propia impunidad que por cumplir el mandato que les fue encomendado. El problema más grande que tienen es que ya todos nos dimos cuenta, y no lo vamos a permitir.
