Por Pablo Varela
La polémica por la liberación de presos tomó volumen. Es por eso que ayer, el presidente Alberto Fernández recogió el guante y salió a responder en un hilo de tuits, la ola de críticas que en los últimos días lanzaron desde la oposición, e incluso integrantes de la propia coalición de Gobierno, como Sergio Massa.
“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, se defendió el jefe de Estado.
Fernández agregó que “organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”.
Ante las crecientes críticas, el Gobierno se vio forzado a diseñar una estrategia. Al unísono con Fernandez, Axel Kicillof hizo lo propio: “Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para 'liberar masivamente presos'. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”, sostuvo el mandatario en redes.
Fuentes de la Casa Rosada sostuvieron ante El Economista que “el Gobierno no pidió nada” ante el Poder Judicial, y que la liberación de detenidos “no es una iniciativa” del Poder Ejecutivo, sino una facultad de la Justicia.
Ayer, en Casa de Gobierno, circulaba un documento interno en donde se señala todos los países que han tomado medidas respectos de los detenidos en sus servicios penitenciarios, a raíz de la pandemia. El objetivo del trabajo era la circulación interna entre funcionarios.
En el paper se señala que países como Canadá, Francia, Reino Unido, Italia o Estados Unidos han tenido que tomar decisiones tendientes despoblar sus sistemas carcelarios, en pos de evitar la propagación del virus.
“Francia, que enero fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la so
brepoblación de cárceles, redujo desde marzo en más de 6.200 el número de detenidos”, sostiene el texto que ayer circulaba en manos de funcionarios y al que tuvo acceso este diario.
Además, se señala motines en diversos países del mundo con muertos, e incluso la fuga de “al menos 1350 presos” que escaparon de “tres cárceles del Estado de San Pablo”. En las últimas semanas, se registraron motines en cárceles bonaerenses y de CABA. Pero mientras el ejecutivo buscaba refutar las críticas y tildaba de “campaña maliciosa” los cuestionamientos, el martes por la noche Massa recibió a miembros del Observatorio de Víctimas en Diputados, en un gesto de diferenciación tras sostener que los jueces que liberen presos, son plausibles de “juicio político”. En el entorno del titular de la Cámara Baja relativizaron la polémica y sostuvieron que en toda coalición contiene “pluralidad de voces”.
En el Gobierno admiten que el gesto del líder del Frente Renovador no cayó bien, aunque todos buscan evitar un nuevo frente de conflicto en medio de la crisis sanitara.
