Las elecciones nacionales de 2021 constituyeron un enorme desafío. Realizadas en un contexto de pandemia inédito a nivel mundial, fueron el resultado de un gran esfuerzo de coordinación y construcción de consensos con todos los sectores. Desde el Ministerio del Interior trabajamos codo a codo con gobernadores y gobernadoras, legisladores y legisladoras, representantes de todas las fuerzas políticas, la Justicia Electoral Nacional y organizaciones de la sociedad civil durante casi dos años.
Como fruto de ese trabajo, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional dos proyectos de ley para atenuar los efectos de la pandemia sobre el sistema de partidos y el derecho a elegir de la ciudadanía.
- El primero permitió mantener con vida a las agrupaciones políticas que en un contexto de aislamiento no podían realizar las actividades que la ley les exige para mantener la personería jurídica, garantizando a su vez la oferta electoral.
- El segundo modificó el calendario electoral para poder votar en un clima más amable lo que, sumado a los protocolos sanitarios consensuados con los 24 distritos, con todas las fuerzas políticas, con la Justicia Electoral Nacional y con el Ministerio de Salud de la Nación, tuvo como resultado que los casos no aumentaran como consecuencia de los dos actos electorales.
El recuento provisional tuvo por primera vez un pliego abierto a consultas, que permitió realizar observaciones que redundaron en una mayor transparencia. En esa instancia, se recibieron sugerencias de partidos políticos, empresas, la Cámara Nacional Electoral y organizaciones civiles, que se transformaron en sendas mejoras al pliego original. El servicio se adjudicó por un monto 31% más bajo, en dólares corrientes, respecto de la empresa que resultó ganadora en 2017, últimas elecciones de medio término. Bueno, bonito y barato.
El recuento provisional batió récords: en las elecciones de noviembre, se dio inicio a la difusión de resultados a las 21 horas con el 80% de los votos escrutados, lo cual habla no solamente de la alta performance del sistema sino también de la transparencia y la falta de especulación política. Esa noche, el oficialismo perdió en 13 distritos.
Ese racconto dista de ser un ejercicio narcisista de autoafirmación. Los funcionarios y funcionarias que organizamos la elección bajo la conducción de Eduardo "Wado" de Pedro no hicimos más que cumplir con nuestro deber, que es para lo que nos paga la ciudadanía con sus impuestos. Sí es importante contextualizar el debate por la Boleta Unica Papel (BUP).
Este punto de partida resulta a todas luces contradictorio con la perentoriedad con la que se ha planteado el debate por parte de la oposición, que pretende instalarla imperiosa necesidad de modificar el instrumento de votación para resolver problemas que el sistema electoral no tiene.
Durante todo el proceso electoral de 2021, las autoridades responsables de la organización de los comicios estuvimos en permanente contacto con los apoderados y apoderadas de todas las fuerzas políticas que compitieron a lo largo y ancho del país. En ningún momento nos manifestaron la falta de boletas ni la existencia de voto en cadena.
Lamentablemente, las personas que expusieron en el plenario de comisiones de Diputados tampoco aportaron estadísticas para dimensionar el problema. En su lugar, se citó abundantemente la Acordada 100/2015 de la CNE, que llama a reflexionar sobre el sistema de boleta única. Es dable recordar que la Acordada no constituye un mandato para el Poder Legislativo, sino que apenas sugiere que se analice una posible modificación del instrumento de votación.
En cambio, el mismo Tribunal ha sido contundente en otras oportunidades, requiriendo una respuesta legislativa concreta a otros aspectos del sistema electoral, como en el caso de la elección de parlamentarios y parlamentarias del Mercosur suspendida ilegalmente por el gobierno anterior.
Además, en 2020 exhortó al Congreso a actualizar el número de representantes de la Cámara baja según la cantidad de habitantes en cada provincia del país que estableció el censo de 2010, estableciendo que ello "no es una medida opcional para el legislador, sino que resulta un mandato concreto de hacer". Sin embargo, estos fallos no han merecido la misma atención.
Durante las dos jornadas de exposiciones en el plenario de comisiones, se desmenuzaron otros de los argumentos esgrimidos por la oposición a favor de la BUP. Allí, quedó claro que este instrumento de votación no solamente no soluciona el supuesto "problema" de la lista sábana, sino que lo agrava. En los 4 distritos más populosos del país no figurará la totalidad de candidatos y candidatas en competencia.
Esto significa que más del 61% del electorado no podrá ver la oferta electoral completa en el instrumento con el que ejerce su derecho al voto.
La BUP tampoco es más barata que el sistema actual. En las últimas elecciones de Santa Fe, contando las PASO y las generales, el Estado provincial gastó $169,30 por elector para imprimir la boleta, mientras que el Estado nacional liquidó $119,70 en concepto de aporte por boleta por cada elector, es decir, la BUP costó 40% más. Ello sin contar los mayores gastos de logística que irrogaría, cartelería y capacitación de votantes y autoridades de mesa, etc.
¿Qué queda luego de pasar el arel? Allí donde se acaban los argumentos arrecia la "grieta". Resultan elocuentes las manifestaciones de una diputada, quien fundó la necesidad de sancionar la BUP en la supuesta morigeración del clientelismo político que lograría su implantación.
En ese punto, se refirió a la existencia de dos categorías de fiscales partidarios: los genuinos, quienes deciden entregar un día de su vida para cuidar la elección, de un lado; y quienes no ejercen su función con libertad y son obligados y obligadas a cumplir con esa función -a cambio de un bolsón de comida o un plan. De un lado, la democracia, las instituciones y la república; del otro, la barbarie. Una película que ya vimos demasiadas veces en la historia argentina. Spoiler: termina mal.
Nuestro sistema electoral funciona muy bien, y a la vez es perfectible. Toda propuesta de reforma debería tener origen en problemas concretos y partir de un diagnóstico basado en datos y estadísticas.
Por ahora, no se ha presentado en el debate evidencia empírica contundente que demuestre que la implantación de la BUP mejore el sistema de votación a nivel nacional. Sin embargo, hay indicios de que podría llegar a empeorarlo. Intentar arreglar lo que no está roto no parece una buena idea.
