La semana pasada, el presidente Javier Milei presentó un decreto titulado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina", donde propuso una serie de medidas para desregular la vida económica de nuestro país. Aunque hubiera sido deseable lograr esos acuerdos en el Congreso, es válido el recurso que utilizó dada la urgencia derivada de la terrible situación económica y social heredada de años y años de un kirchnerismo estatista que duplicó el tamaño del Estado ahogando la iniciativa privada y a los individuos.
Como era previsible, esta decisión generó resistencia en algunos sectores minoritarios de la sociedad, pero a pesar del desacuerdo y la manifestación, es fundamental abordar estas diferencias respetando la voluntad popular y evitando la violencia, para nunca volver a repetir los violentos episodios de 2017 protagonizados por el kirchnerismo y la izquierda en las puertas de nuestro Congreso Nacional.
Este decreto materializa las propuestas presentadas por La Libertad Avanza y sus candidatos durante la campaña, alineándose con el contenido respaldado por el 56% de los argentinos con su voto. La complejidad del caso radica en que, al ser un decreto extenso con más de 300 artículos, no permite votaciones fraccionadas en Argentina; es una cuestión de todo o nada.
Luego de un extenso análisis, es apropiado decir que la gran mayoría de las medidas impulsadas son necesarias para que la Argentina salga del pozo en el que estamos. También es cierto que podemos no compartir el total de las medidas, pero el saldo es ampliamente positivo porque rompe los cepos y cadenas que han frenado el crecimiento de nuestro país.
Desde el Pro, siempre abogamos por el cambio para romper con el círculo vicioso de la pobreza y la decadencia. Por eso es necesario que el Gobierno cuente con el respaldo necesario para este DNU, que incorpora muchas de nuestras propuestas de campaña, como la reforma laboral, la declaración de la educación como servicio esencial, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de restricciones al sector aéreo, o la reducción del gasto político. El debate sobre un supuesto autoritarismo y falta de emergencia parecen desvinculados de la realidad, especialmente, al considerar los porcentajes de pobreza e inflación y los antecedentes de los 16 años de gobiernos kirchneristas que impusieron más de 500 DNU, muchos de ellos, atacando al Congreso y a la Justicia.
La legalidad de esta medida no está bajo nuestro control sino que hay un sistema establecido en nuestra Constitución Nacional para determinar la constitucionalidad del mismo. Como sociedad, nos enfrentamos a dos opciones nítidas: la primera implica la liberalización de la economía, la ruptura de los cepos y cadenas, y la asunción del desafío de competir y crecer; la segunda, consiste en mantener los actuales parches como la regulación de precios, los cepos, el crecimiento de la burocracia, una mentira que beneficia a unos pocos y sume a cada vez más argentinos en la pobreza. Es necesario un esfuerzo y voluntad considerable de todos, especialmente por parte de la política, para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los argentinos y cambie el rumbo de una nación que tiene todo para volver a ser grande. Solo depende de nosotros.
