Luego de dieciocho meses de deterioro macroeconómico y sin expectativas de reversión en el corto plazo, las limitaciones financieras y fiscales que enfrenta el Gobierno influyen negativamente en el desempeño del sector privado no financiero evaluado por Fix, subsidiaria de Fitch Ratings.
En este escenario, sostuvo, “la persistencia de un deterioro en el ambiente de negocios y la elevada volatilidad existente podrían continuar debilitando el desempeño económico y financiero de las empresas que operan en Argentina”.
El portafolio de calificaciones corporativas en escala nacional de Fix continúa dominado por emisores en “Grado de Inversión” o más ('BBB-(arg)', 89% del total de calificaciones). Sin embargo, la cantidad de calificaciones en 'BB(arg)' o inferiores ascendió a 10,8% en la actualidad contra 5,4% a fines de 2017.
Las principales variables macroeconómicas y expectativas de mercado son neutrales a negativas en el mediano plazo, con “una economía que está en recesión desde el segundo trimestre de 2018 al mismo tiempo que el nivel de deuda corporativa había alcanzado máximos que existían”.
“La administración que asuma a fines de 2019 se enfrentará al desafío de resolver el déficit primario del sector público con elevados niveles de endeudamiento público y privado. Estos puntos sumados a las elevadas tasas de interés e inflación limitan la recuperación económica y el desapalancamiento financiero”, afirmó.
Por otra parte, “durante 2018 y 2019 el acceso al crédito ha estado restringido, con una caída en el nivel real de financiamiento del orden de 9,2%, equivalente a $ 373.596 millones, entre préstamos al sector privado no financiero y las emisiones en el mercado de capitales local”.
Respecto a la regulación cambiaria, sostuvo que la normativa vigente “exige autorizaciones previas para el acceso al mercado cambiario pero no restringe los pagos de compromisos existentes en moneda extranjera”. Estas regulaciones “podrían convertirse en un obstáculo adicional para el acceso a financiamiento en dólares”, como mostró “el caso reciente de IRSA, que resalta ciertos inconvenientes de transferibilidad inherentes a la normativa reciente en cuanto a pagos en moneda extranjera con ley argentina”.
En este escenario, Fix menciona como principales riesgos para las empresas los siguientes:
Liquidez: “Es el aspecto más crítico a enfrentar por los emisores argentinos para operar ante el brusco cierre de los mercados de crédito. Considerando los emisores calificados, los saldos de caja a junio 2019 eran equivalentes al 60,4% de su deuda corriente.
Refinanciación: Continúa siendo alto, con una concentración promedio de deuda financiera corriente en torno al 60%-65% de la deuda total del portafolio. Los vencimientos de ON en pesos y dólares para el próximo año y medio ascienden a $ 7.813 millones y US$ 2.261 millones, equivalentes a 1,22 años de las emisiones locales de los últimos doce meses a agosto.
Regulaciones: Las empresas con mayor riesgo regulatorio están concentradas en torno a la categoría 'A(arg)', dentro de la cual se ubican los generadores de electricidad. “En escenarios de sensibilización con una pesificación temporal de los ingresos, Capex y Central Puerto serían las de mayor exposición relativa”, sostuvo.
