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La AFIP hizo más de 350 pedidos de datos fiscales a Uruguay en 10 años de vigencia del tratado de intercambio

Desde 2013, AFIP canalizó un total de 358 solicitudes a la DGI oriental: la información fue denegada en al menos 138 casos

En 2013, entre la espada y la pared, Uruguay aceptó negociar un convenio de intercambio de información con Argentina
En 2013, entre la espada y la pared, Uruguay aceptó negociar un convenio de intercambio de información con Argentina
02 marzo de 2023

Entre la espada y la pared —por el riesgo de recibir sanciones económicas si no colaboraba en el combate a la evasión fiscal internacional y el temor a que hubiera una fuga de capitales argentinos—, Uruguay aceptó negociar un convenio de intercambio de información con Argentina. 

El texto se firmó el 23 de abril de 2012, y tras su ratificación por parte de ambos Congresos, entró en vigor el 7 de febrero de 2013. Se cumplen 10 años de eso.

Por la obvia razón de que las inversiones argentinas en Uruguay —en propiedades inmobiliarias, campos, depósitos y otros activos— superan a las uruguayas radicadas en la Argentina debido a razones de escala e incentivos, el uso del tratado ha sido desigual. 

Desde 2013 y hasta fin de enero pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) canalizó un total de 358 solicitudes a la Dirección General Impositiva (DGI) oriental. La información fue denegada en al menos 138 casos. 

Por su lado, la oficina recaudadora uruguaya cursó solo siete solicitudes a la AFIP, la más reciente el último enero. 

Esas estadísticas sobre el uso de este acuerdo para prestarse "asistencia mutua" intercambiando información que resulte "previsiblemente relevante para la administración y aplicación" de los impuestos de cada país fueron entregadas por la DGI al amparo de una ley de transparencia gubernamental vigente en Uruguay.

Si bien el anuncio de la negociación del convenio y su firma generaron en su momento inquietud entre los argentinos con intereses económicos en Uruguay, el temor se fue disipando una vez que quedó claro que la AFIP no abusaría de los pedidos de información. La serie de la DGI muestra que recibió 39 en 2013, 27 en 2014, 79 al año siguiente, 94 en 2016 y 22 en 2017. Luego, la cantidad bajó a menos de 20 anuales. 

En años más recientes, otra vez con el kirchnerismo en el poder y con un número creciente de argentinos que tramitaron su residencia fiscal en Uruguay -atraídos por flexibilizaciones en los requisitos aprobadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou-, repuntó la cantidad de solicitudes de datos desde la AFIP a la DGI: fueron 29 en 2021 y 23 en 2022. En enero de 2023 hubo una.

La mayor parte de los casos indagados por la AFIP para los que buscó colaboración con datos de Uruguay involucraron a personas físicas. 

Danilo Astori: "Error mayúsculo"

Uruguay firmó a regañadientes el convenio con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2009, Danilo Astori, el ministro de Economía uruguayo sostenía que negociarlo "sería un error mayúsculo desde el punto de vista de la presencia de capitales argentinos, sobre todo en zonas como Punta del Este, que experimentarían una corrida importante". 

Pero la postura cambió al intensificarse la presión desde países agrupados en el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hicieron campaña contra la opacidad fiscal que daba, por ejemplo, el secreto bancario uruguayo. A comienzo de la década de 2010 cerca del 20% de los depósitos en la plaza financiera oriental pertenecían a no residentes argentinos. 

De esa forma, Uruguay amplió su red de acuerdos, que hasta entonces solo tenía con Alemania y Hungría. 

El ex ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, con Pepe Mujica
El ex ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, con Pepe Mujica

Actualmente superan la treintena, sumando los que buscan evitar la doble tributación y los que tienen el propósito de intercambiar datos que ayuden a las administraciones tributarias de los firmantes a investigar casos específicos de evasión y fraude fiscal. Los últimos que entraron en vigor fueron los suscritos en 2021 con Colombia y Japón.

El más activo es el negociado con la Argentina: desde 2013 hasta el cierre de enero pasado dos de cada tres de todos los pedidos recibidos por la DGI uruguaya (358 en 533) al amparo de estos convenios  tuvieron como origen el organismo que hoy encabeza Carlos Castagneto.   

***

Uruguay tuvo récord de reportes sospechosos de lavado de activos en 2022

El número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presentados en Uruguay durante el año pasado aumentó a 843, desde los 816 de 2021, y fue un máximo histórico. 

La amplia mayoría (776) fueron informes sobre indicios de transacciones para el blanqueo de activos surgidos de bancos, asesores de inversión, casas cambiarias y otras entidades financieras, mientras que 67 correspondieron al sector no financiero, según estadísticas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la oficina de prevención y combate al blanqueo que actúa en la órbita del Banco Central del Uruguay. 

El relativamente bajo número de ROS en particular de operadores inmobiliarios y escribanos es una preocupación para las autoridades uruguayas, porque entienden que son escasos dado el alto riesgo que presenta el mercado de propiedades para este tipo de delitos.  Los ROS son un insumo para la investigación de los casos de presunto lavado de activos o financiamiento del terrorismo que, un conjunto de agentes, están obligados a enviar a la UIAF. 

Esos informes deben tener un análisis con suficiente profundidad como para confirmar los elementos inusuales o sospechosos de las transacciones económicas en cuestión; también se requiere que contengan datos detallados sobre la operación y la persona o empresa involucrada.  Uruguay tiene desde 2017 una "ley integral contra el lavado de activos" que actualizó normas previas.  

El año pasado el país empezó una nueva "evaluación nacional de riesgos" que es liderada por la llamada "Secretaría Antilavado". Esa tarea continuará en 2023 y culminará con la elaboración de un documento con conclusiones y actualizaciones a la Estrategia Nacional orientadas a mitigar los riesgos frente a estos delitos.

 

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