"Inviten a la gente de Twitter a la próxima reunión", pidió el por entonces senador Miguel Pichetto a los secretarios de las comisiones de Comunicaciones y Asuntos Penales, que estaban tratando el proyecto de ley que creaba el delito de usurpación de identidad digital.
El legislador estaba preocupado porque en varias oportunidades se habían creado cuentas falsas con su nombre en Twitter. No obstante, la citación no pudo concretarse, ya que la empresa no tenía oficinas comerciales en el país. Tiempo después, tras largas gestiones, se logró convocar al responsable para América Latina de Twitter, que residía en México.
El juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, tuvo menos paciencia. La negativa de Elon Musk, titular de X, de designar un representante legal en Brasil y el incumplimiento de las órdenes de moderación de contenidos motivó una sanción a la empresa.
Así las cosas, el primer interrogante es acerca de la razonabilidad de la exigencia a una compañía de tener una sede física en el país en el cual opera. La segunda cuestión es más compleja. No se trata de aspectos formales de derecho societario. La acusación a la empresa, entre otras, es de formar parte de una asociación criminal que incita a diversos delitos, tales como el intento de tomar por asalto las instituciones democráticas al comienzo del mandato del presidente Lula.
Como consecuencia de ello, la Justicia brasileña dispuso el bloqueo de X en todo el país. Para materializar tal determinación se exigió a diversas empresas tecnológicas adoptar medidas para impedir el acceso a esa red social.
Además, se prohibió a los usuarios utilizar medios tecnológicos alternativos para eludir el bloqueo y acceder a X.
El incumplimiento de la orden judicial podría generar multas de US$ 10.000 diarios. La inaudita extensión y severidad de la medida la torna injustificable.
La cuestión política está en el centro de la escena. El presidente Lula, después de que Elon Musk se negara a cumplir órdenes del tribunal, afirmó que "cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga inversiones en Brasil está subordinado a la Constitución y a las leyes brasileñas". Por su parte, el ex mandatario Jair Bolsonaro ironizó: "Bienvenidos a Corea del Norte".
Los sectores de la derecha brasileña acusan al Tribunal de querer silenciar las voces conservadoras. Un caso opuesto tuvo lugar días atrás en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país objetó las leyes de los estados de Texas y Florida que cuestionaban la moderación de contenidos que realizaban las principales plataformas. La intención declarada de los redactores de esas normas era evitar que las redes, por entonces ligadas ideológicamente a los demócratas, eliminaran las voces de los republicanos.
El fallo del Máximo Tribunal estadounidense afirmó que esas normas vulneran la Primera Enmienda incorporada a la Constitución de ese país, que asegura la libertad de expresión, interpretando que esa garantía protege la discreción editorial de las plataformas de publicar o no determinada información. Para sustentar su postura los jueces aplicaron a estas redes las reglas tradicionales del derecho de la comunicación.
Entre ellas, el viejo fallo Miami Herald vs. Pat Tornillo, en el cual el candidato a legislador por el Estado de la Florida solicitó al periódico su derecho de réplica para refutar acusaciones en su contra. Por entonces, la Corte no hizo lugar a esa solicitud, afirmando que la publicación compulsiva de una información es una forma de censura. Citando ese precedente, el máximo tribunal ratificó días pasados que, al igual que un medio de comunicación tradicional, las plataformas no están obligadas a publicar puntos de vista políticos contrarios a su voluntad.
Sobre el particular es interesante la visión disidente del Juez Alito que afirmó que el voto de la mayoría "asume irreflexivamente la verdad de la afirmación sin fundamento de Netchoice de que las plataformas de redes sociales que hoy en día utilizan algoritmos secretos para revisar y moderar una cantidad casi inimaginable de datos son tan expresivas como los editores de periódicos que marcaban textos mecanografiados con lápiz azul hace cincuenta años".
Tal vez aquí resida el quid de la cuestión. Probablemente sea necesario repensar los criterios tradicionales de las teorías de la libertad de expresión que guiaron el debate público democrático en las últimas décadas y adaptarlos a la era de las plataformas digitales.
