Este lunes se vivió historia pura en Estados Unidos cuando, en Nueva York, comenzó el primer juicio penal en contra de un ex presidente.
En Manhattan, Donald Trump fue acusado, por el fiscal de distrito Alvin Bragg, de falsificar registros para encubrir un pago de US$ 130.000 en la campaña presidencial de 2016 para comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels, sobre un encuentro sexual que supuestamente tuvieron en 2006.
En este primer día de juicio, el juez Juan Merchán les dijo a casi 100 posibles miembros del jurado que debían dejar de lado cualquier prejuicio o actitud personal sobre el acusado o el caso, incluida la "orientación política".
Por ello, al menos 50 fueron despedidos después de decir que no podían ser imparciales al juzgar a Trump.
El ex abogado y mediador de Trump, Michael Cohen, dijo que realizó los pagos para comprar el silencio de Daniels antes de las elecciones de 2016, en las que Trump derrotó a la Hillary Clinton.
Sin embargo, Trump ha negado cualquier relación de este tipo con Daniels y se ha declarado inocente.
Ahora, los abogados de ambas partes buscarán reunir a 12 jurados y seis suplentes para escuchar lo que podría ser el único caso penal que enfrenta Trump antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Sin embargo, la tarea no será fácil: elegir un jurado entre un grupo de personas de Manhattan, distrito fuertemente demócrata, podría llevar varios días, seguidos de declaraciones iniciales y testimonios de un desfile de testigos, incluidos Cohen y Daniels.
Un veredicto de culpabilidad no excluiría a Trump de la carrea presidencial, pero la mitad de los votantes independientes y uno de cada cuatro republicanos dicen que no votarían por él si fuera declarado culpable.
Los fiscales también le pidieron al juez que multara a Trump con US$ 1.000 por cada una de las tres publicaciones en las redes sociales de este mes contra Cohen y Daniels.
"El acusado ha atacado a los testigos del caso, en el pasado ha atacado a los grandes jurados del caso", dijo el fiscal Christopher Conroy. Merchan fijó el 23 de abril para considerar las multas propuestas.
Según la orden de silencio de Merchan, Trump tiene prohibido hacer declaraciones públicas sobre los testigos, sobre su posible testimonio y sobre los fiscales, el personal del tribunal y sus familiares, si las declaraciones tienen como objetivo interferir con el caso.
