Los vínculos entre la macroeconomía y el sector energético en la Argentina han sido extremadamente complejos desde, al menos, los últimos 35 años. Dichos vínculos se refieren especialmente a temas como el impacto en el sector externo de la economía, en el déficit fiscal y en el nivel de tarifas de gas y electricidad compatibles con los ingresos de la población.
Detrás de estos problemas se halla el hecho de que las fuerzas del mercado por sí mismas han mostrado no poder resolver la expansión de la oferta energética (inversiones) bajo una racionalidad conforme a las necesidades de la Argentina.
Por su parte, el Estado no ha logrado consensuar criterios razonables para fijar tarifas o diseñar una política de subsidios tanto a la oferta como a la demanda de energía con miras a resolver un problema estructural grave a mediano largo plazo.
Por caso, después de 2015 -cuando ya la etapa de prueba piloto de la explotación de los recursos no convencionales comenzaba a progresar gracias a YPF- no hubo iniciativas serias para resolver simultáneamente el abastecimiento interno de gas natural a través de una estrategia exportadora. Esto es: lograr un nivel de producción excedente y creciente y, a su vez, ampliar la capacidad de transporte interno y con miras a la exportación principalmente vía gas natural licuado (GNL).
Sin duda, de haberlo hecho, hoy nuestra macroeconomía hubiera sido robusta y con ello, regenerado un círculo virtuoso de inversiones en beneficio de la sociedad.
En todos estos aspectos, el sector clave ha sido el upstream. En particular, en el caso del gas natural, que ha jugado y juega un papel determinante en la formación del costo de generación de electricidad, pero también en el nivel de tarifas de gas natural.
Aunque Argentina posee uno de los mayores recursos no convencionales en la formación de Vaca Muerta, a la fecha no ha logrado evitar tener una posición neta importadora en materia de gas natural.
El análisis de los datos de producción de petróleo y gas natural por parte de YPF y del resto de los operadores revela que la relación precios del crudo respecto de los precios medios del gas natural en diversos mercados a nivel internacional ha marcado el sesgo de explotación de cantidades de petróleo y de gas con bastante independencia de la relación de reservas y potenciales de ambos hidrocarburos por parte de los distintos operadores.
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Como resultado de estas decisiones de los operadores, la oferta de gas natural no creció acorde a la demanda, lo que fue facilitado también por la ausencia de una política precisa respecto a la ampliación de la capacidad de transporte troncal hasta la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en 2023.
De hecho, tras la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, los precios del gas natural respecto a los del petróleo fueron favorables a este último y le costaron a la Argentina tener que pagar un elevado precio de importaciónafectando dos de las variables más críticas de la macroeconomía: la escasez de divisas y el déficit fiscal.
Tanto YPF como los operadores privados demoraron sus decisiones respecto a la forma de aprovechar una creciente demanda de GNL a nivel global y prefirieron escoger una estrategia de monetización del petróleo crudo, en vez de afrontar una política de largo plazo para optimizar la explotación de ambos recursos en el mediano plazo.
Se debe considerar que esta situación de desabastecimiento de gas natural a fin de cubrir los picos invernales ha sido, como ya se ha dicho, uno de las principales componentes de los subsidios energéticos que representaron, en 2022 y 2023, 2,2% y 1,7% del PIB.
La ausencia de una política de incrementar la producción de gas se ha reflejado así en importaciones diarias voluminosas de GNL a precios de importaciónsuperiores a los internos. Es decir, un precio que de haber sido obtenido por exportaciones no solo hubiera evitado buena parte de los subsidios y sobrecostos del despacho eléctricosino aportado divisas.
Con claridad, ello podría haber sido logrado entre 2016 y 2023, si la gigantesca deuda externa contraída entre 2016 y 2019 se hubiese volcado, aunque sea en una mínima proporción,hacia la creación de nuevos activos estratégicos del sector energético.
Así en lo que va de 2024, los subsidios energéticos totales aún representaban (a mayo) unos US$ 2.600 millones, a pesar de los ajustes en el precio sancionado por Cammesa (datos de ASAP).
En tanto que una macroeconomía inestable puede verse como el trasfondo de las razones por las cuales las inversiones del sector energético han sido en extremo bajas y cautelosas, lo inverso también es cierto. Ello, pues de haber existido una política energética clara con objetivos estratégicos precisos de cara a las ventanas de oportunidad para exportar petróleo y gas natural, el propio sector hubiera contribuido a generar una razonable certidumbre en medio de una transición energética incierta a nivel global y, de cuyos resultados, ambas ventanas podrían bien cerrarse o permanecer después de 2030-2040.
La reciente decisión de generar una alianza internacional a fin de exportar GNL en 2027 es un camino válido, pero es probable que no aporte las divisas que el país continuará requiriendo, en especial, porque al inscribirse en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las reglas para girar divisas harán difícil su captura precisamente a partir de dicho año. Sería interesante conocer qué otros proyectos de inversión realmente se llevarán a cabo a fin de crear condiciones de estabilidad macroeconómica y cuándo ocurrirá ello.
Es que, en el presente, la apreciación de la moneda se halla en un nivel preocupante. La situación de una pobreza que amenaza en escalar otros 10 puntos por encima a la preexistente -y convertirse en un nuevo escalón estructural- está a la vista. A su vez se enfrenta una depresión salarial de tal magnitud que impide la recuperación del nivel de consumo y por lo tanto de la actividad industrial que hoy opera en promedio con un 56,6% de utilización de su capacidad media. Todas ellas son amenazas palpables y no se vislumbra que la recuperación pueda provenir de un incremento de exportaciones que compense las variables a la baja del PIB que se han mencionado.
En este contexto, lo que aún resta por "corregir" de tarifas ya está parcialmente anunciado con los valores iniciales de junio, que establecen precios tanto para el gas, como para la energía eléctrica a nivel mayorista.
La gran pregunta es si con estos valores dolarizados a un tipo de cambio que puede ir pegando saltos devaluatorios conforme a una espiralizacióntradicional devaluación-inflación, el programa será viable. Y si lo es, a qué costo para la sociedad que ya ha pagado "el mayor ajuste de la historia de la humanidad".
Tal vez la clave no se halle en una confianza ciega en las fuerzas del mercado, u otras así de abstractas, sino en la búsqueda de una estrategia para la Argentina que sea viable para su gente y sus empresas.
