Por Andrea Osorio Economista de la Fundación Capital
La moderada desaceleración de la inflación en junio dejó gusto a poco. En efecto, a pesar de la calma cambiaria y el congelamiento de algunas tarifas de servicios públicos, la mejora en el ritmo de aumento de los precios aún implica una inflación anualizada del 38%.
La desaceleración del último mes no parece sostenible, con sólo la mitad de los rubros del IPC moderándose en junio respecto a mayo. Asimismo, entre ellos se encuentran ciertos productos con comportamiento estacional (como prendas de vestir y los vinculados a la educación, que no suelen exhibir fuertes aumentos en los meses de junio) y algunos con precios regulados, como los servicios públicos para la vivienda (a excepción del gas) y el transporte público. En este sentido, para que la desinflación se profundice, será necesario un descenso más generalizado.
Particularmente llamativa resulta la dinámica de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan casi un cuarto de la canasta de consumo de las familias, y hace tres meses se encuentran estancados con subas en torno al 2,5% mensual. En este caso, que los precios mayoristas de estos productos se hayan desacelerado es sin dudas una buena noticia, pudiendo indicar menor presión hacia delante, aunque aún se encuentran en niveles cercanos al 2%.
Con julio ya casi finalizado, estimamos que el dato del mes convalidaría una nueva desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, en línea con un tipo de cambio todavía anestesiado. Sin embargo, la inflación núcleo se mantendrá por encima del nivel general, con dificultades para quebrar la barrera del 2,5% mensual.
Hacia delante, la desinflación artificial que venimos observando podría revertirse rápidamente ante episodios de tensión cambiaria que no pueden descartarse en un contexto electoral. En el mismo sentido, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos representa sólo un alivio transitorio. De hecho, algo similar se implementó en 2017, también un año electoral, y recordemos que cuando se concretaron todos los aumentos tras las legislativas la inflación anotó el registro más alto del año, no retornando a los valores previos en los meses siguientes.
Asimismo, se han aprobado incrementos en otros servicios regulados, como la telefonía móvil (en torno al 10% entre agosto y octubre) y prepagas (6% en agosto y en septiembre), con fuerte incidencia en el gasto de los hogares, que continuarán presionando la inflación de los próximos meses.
En términos interanuales la inflación comenzará a desacelerarse, al compararse con los peores meses del año pasado, pasando del 55,8% actual hasta el 40,8% en diciembre. Sin embargo, con significativos desafíos hacia delante, difícilmente se alcancen cifras mensuales similares a las de principios del 2018 (1,8% mensual en enero) en lo que resta del año. Asimismo, no descartamos cierta aceleración en diciembre o los primeros meses del 2020, en cuanto concluya el congelamiento de tarifas. Aun más, el principal riesgo en materia de inflación sigue siendo sin dudas la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio.
