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Coparticipación

Un posible incumplimiento que suma ruido a la economía y complica a Massa

A corto plazo, el gran perjudicado será el programa del ministro de Economía, Sergio Massa

Un posible incumplimiento que suma ruido a la economía y complica a Massa
25-12-2022
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Luego de la decisión del presidente Alberto Fernández junto a 14 gobernadores de no acatar el fallo de la Corte Suprema que obliga a elevar del 2,32% al 2,95% la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, distintas entidades empresarias manifestaron su repudio. ¿El desacato impactará sobre la economía?

En un comunicado, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su rechazo al señalar que respetar la división de poderes es una "dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional. Ambas, son pilares fundamentales y condiciones necesarias para desplegar la iniciativa privada, la libertad de emprender, la inversión y la generación de empleo".

"La división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar", agregaron.

Por su parte, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) afirmó: "La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina manifiesta su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, implicando un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional".

En la misma línea se manifestaron la Asociación Argentina Empresaria (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) resaltó la importancia de respetar la división de poderes ya que "es el pilar del equilibrio institucional, que permite generar certeza y seguridad en la comunidad" y advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener eludir el fallo de la máxima autoridad judicial del país.

"La relativización de decisiones judiciales podría perjudicar la confianza de posibles inversores, en tiempos de necesidad de inversiones e incertidumbre macroeconómica y geopolítica", afirmó.

En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional y señaló que esta "dañaría severamente a la República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno".  

De esta manera, la CAC hizo un firme llamado "en pos del pleno respeto de la Constitución Nacional y de las instituciones de la República, en el convencimiento de que solo bajo su imperio podremos ser esa Nación con desarrollo económico y social a la que los argentinos aspiramos y en la que los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados".  

Asimismo, el Foro de Convergencia Empresarial emitió un comunicado al respecto e invitó "a la prudencia y a respetar la investidura de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y remarcó que "resulta imprescindible respetar la división de poderes".

Esta declaración responde a los dichos de Fernández, quién dijo que la Corte "tiene un problema de funcionamiento muy serio".

"Nuestro país necesita consolidar un sistema institucional sólido, sustentado en los principios básicos consagrados en nuestra Constitución Nacional", consideró la entidad y enfatizó en que el respeto a la división de poderes podrá asegurar "un poder judicial independiente y eficaz a fin de fortalecer el estado de derecho".

En ese sentido, el Foro cree que, "desde el punto de vista del empresariado tal circunstancia brindará la confianza necesaria" con el objetivo expreso de "generar más inversiones a los efectos de crear nuevas oportunidades de empleo".

El impacto económico

En este contexto, Econviews se refirió al impacto que tiene sobre la Ciudad de Buenos Aires el aumento de la coparticipación: "El fallo es muy importante para la ciudad, pero es relativamente poca plata para el Gobierno Nacional: son alrededor de 0,2% del PIB que debe reasignar en partidas si quiere seguir ayudando a la provincia de Buenos Aires de la manera que lo venía haciendo". 

"En noviembre, la Ciudad habría recibido unos $17.000 millones adicionales de origen nacional. De manera que la primera reflexión es que todo este barullo es mucho menos por cuestiones económicas y mucho más por cuestiones políticas", consideró la consultora.

"El abierto desafío del Presidente (con el apoyo de buena parte de su partido y varios gobernadores) a la Corte Suprema plantea un problema institucional de difícil solución que creemos que le puede llevar al Estado Nacional a perder mucho más que $17.000 millones mensuales (US$ 100 millones al oficial o US$ 50 millones a precios de mercado) si esto escala", advirtió.

"Hay una dimensión de largo plazo gravísima que tiene que ver con la capacidad de atraer inversiones en un país en donde el Gobierno puede desobedecer a la Justicia, si el fallo es contrario a sus intereses. Si estamos estancados hace 10 años y sólo atraemos 17% del PIB anual de inversiones, a duras penas reponiendo el stock de capital que se deprecia, un shock a las instituciones sólo puede hacer empeorar la situación", explicó Econviews. 

"Si hay alguna idea de que los argentinos traigan una pequeña porción de lo que atesoran en el exterior, este tipo de actitudes son un pelotazo en contra y serán la excusa perfecta para los pesimistas estructurales", señaló refiriéndose a la Ley de Blanqueo que envió el Gobierno al Congreso.

A corto plazo, el gran perjudicado será el programa del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Comprensiblemente en esta situación el rally de los bonos llegó a su fin. Es cierto que el clima global no acompaña, pero las caídas de la apertura del viernes son consistentes con un shock institucional más que con un fenómeno mundial. Los bonos de ley local son más vulnerables a este contexto", indicó Econviews.

"Las acciones tienen un poco más de suerte en parte porque los bancos serán beneficiarios de la baja de Ingresos Brutos en la Ciudad por partida doble. Dejarán de cobrarle a sus clientes el impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito y más importante aún es que obtendrán más rentabilidad por la caída de Ingresos Brutos en las operaciones con activos financieros del Banco Central, a menos que este baje las tasas", concluyó la consultora.

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