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Un blanqueo de problemas

01-06-2016
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Continuando con el plan de ordenar la situación macroeconómica, el Gobierno intenta avanzar en una antigua deuda con la clase pasiva por la mala liquidación de las jubilaciones. Además de pagar las sentencias judiciales y actualizar haberes, el plan también incluye la Pensión Universal a la Vejez. Es una medida necesaria y que le dará mayor impulso a la demanda interna, pero no deja de ser arriesgada en términos de equilibrio fiscal debido al creciente déficit operativo de la Anses. Si bien un resultado exitoso del blanqueo de capitales puede traer cierto alivio, todo indica que más temprano que tarde deberá utilizarse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Concretamente, buscando recuperar la iniciativa luego de una dura primera etapa, el Gobierno se prepara para saldar una vieja deuda con los jubilados que reclaman por la mala liquidación de sus haberes entre 2002 y 2006, situación que afecta a casi 2,5 millones debeneficiarios (recordemos que en ese período sólo se ajustó la jubilación mínima).

En primer lugar, la Ley de Reparación Histórica apunta a pagar a 70.000 jubilados que ya cuentan con sentencia firme, a otros 380.000 que iniciaron el juicio pero aún no tienen sentencia firme se le pagaría pero sólo se le reconocerá el retroactivo de cuatro años en tanto que a los 1,8 millones de jubilados que, teniendo las condiciones de reclamar, no iniciaron el litigio se le ofrecerá incrementar sus haberes actuales entre 35% y 45%. Finalmente, se crea una Pensión Universal a la Vejez (PUV) de manera que 780.000 personas con edad de jubilarse que no cumplieron con los años de aportes correspondientes accedan a una pensión que será el 80% de la jubilación mínima.

Si bien con este paquete de medidas el Gobierno salda un reclamo histórico y apunta a reactivar el consumo en el corto plazo, el costo no es para subestimar y obliga al Gobierno a tener un plan financiero sustentable pues el monto de los juicios a pagar es en torno a $75.000 M en tanto que la actualización de haberes y la PUV implican un gasto adicional de $90.000 M por año. A esto se suma que, con el fallo de la Corte en cuanto a la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, los ingresos de la Anses también se verán comprometidos, empeorando la delicada situación fiscal que atraviesa.

Respecto a esto último, en los últimos tres años el ejercicio fiscal de la Anses presentó un fuerte deterioro. Las moratorias para que más personas accedan a las jubilaciones sin los aportes correspondientes no fueron correspondidos con un alza en los ingresos. De hecho, mientras que los ingresos genuinos de la Anses crecieron a ritmo de 32% anual, el gasto lo hizo al 37% anual, impulsado por el fuerte dinamismo que registró el año pasado con un alza de 42% anual. El resultado de esta política fue que el resultado operativo pasó de estar equilibrado en 2011 a un déficit de casi $60.000 M el año pasado. Esta tendencia se mantuvo en los primeros cuatro meses del año, en el que registró un déficit de $22.000 M, casi cuatro veces mayor al del mismo período del año pasado por lo que, si se mantiene esta tendencia, podría terminar el año con un rojo de más de $100.000 M.

Con este panorama, está claro que el financiamiento del sistema previsional será cada vez más difícil. Si bien el Gobierno piensa que con el blanqueo de activos pueda generar cierto alivio transitorio, en el fondo yace un sistema previsional que tiende a ser cada vez más deficitario en el que más temprano que tarde se deberá utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

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