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Las provincias y los municipios están con sus cuentas en rojo. No todas, claro. Pero la mayoría atraviesan problemas para cubrir sus gastos y las soluciones prometen sumar más dolores de cabeza en el futuro.
¿Por qué? Simple: muchas de las herramientas que se utilizan chocan con los mandatos constitucionales. Sean tasas municipales que exceden su razón de ser o impuestos que terminan convirtiéndose en verdaderas aduanas internas, todo vale para salir del paso.
Sin embargo, en el largo plazo, esa solución que se presenta como "mágica" terminará chocando con la Justicia, que muy posiblemente termine poniendo punto final a las intenciones de los gobiernos (y, en definitiva, potenciando el problema original).
Es lo que probablemente suceda con la modificación que estableció la provincia de Jujuy que fija el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las mercaderías que pasen por su territorio.
Una aduana interior
Si bien la norma que introdujo estos cambios establece algunas excepciones, lo cierto es que imponer el cobro de un gravamen en estas circunstancias es muy similar a establecer una suerte de aduana interior.
Esta situación es una afrenta a la Constitución Nacional, que define con mucha claridad que debe existir una libre circulación de bienes en el territorio nacional e imposibilita a los gobiernos provinciales a fijar aranceles.
Lo curioso es que este caso es muy similar al de la provincia de Misiones, cuyo gobierno también decidió establecer un impuesto sobre el tránsito de mercaderías y que muy pronto será resuelto por la Corte Suprema.
En el caso misionero, la Justicia aceptó una medida cautelar que prohibió la aplicación de este gravamen a las operaciones de la empresa Loma Negra y es muy probable que la resolución final sea por el lado del contribuyente.
Tribunales, el "as" de los contribuyentes
No es la primera vez que algún tribunal tiene que decidir sobre algún tipo de tributo. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tiene un largo listado de atropellos impositivos.
Tantos, que podemos encontrar tres requisitos que deben tener las tasas para ser consideradas como tales. En efecto, a lo largo de múltiples sentencias, el máximo tribunal fijó que debe existir una contraprestación real o eventual.
También que debe poder individualizarse el contribuyente y, por último, que el monto a cobrar debe ser razonable respecto del servicio que se presta (o sea que no deberían ser ni irrisorios ni desproporcionados).
Pese a la claridad que se emana de los fallos, en los últimos meses surgieron casos en los que un municipio presentó una propuesta o puso en marcha una tasa que choca claramente con estos preceptos.
Los más resonantes son los de Azul, Bolívar y Rosario, cuyos consejos deliberantes aprobaron medidas tributarias que van más allá de las potestades consagradas en la Constitución.
El último intento conocido fue el de Pehuajó, que intentaba imponer una tasa fitosanitaria rechazada por el campo. El conflicto no escaló, gracias a la decisión del intendente de dar marcha atrás al polémico tributo.
Una reforma impositiva
No existe una solución mágica ante esta situación. Sin embargo, uno de los caminos que posiblemente ayuden a ordenar un poco las cosas sea el de implementar una reforma impositiva integral.
Hablamos de un cambio que incluya a todos los niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) y que permita fijar reglas claras sostenibles en el tiempo, ya que de nada serviría modificar normas cada vez que hay un cambio de cuadros políticos en el poder.
Hay, al menos, cuatro pilares que deberían respetarse: eliminar impuestos malos, mejorar los buenos, establecer límites claros para los distintos actores y controlar el gasto para evitar déficits reiterados.
El año pasado, Brasil llevó adelante una reforma integral, que le permitió aggiornar un sistema impositivo que estaba obsoleto al mundo económico actual y ya está dando algunos buenos indicios (en enero, por caso, mejoró su recaudación).
El paso que dio el país vecino demuestra que siempre se está a tiempo para avanzar en una modificación integral, que respete los principios de equidad, eficiencia y equilibrio presupuestario.
